En un duro varapalo jurídico e institucional para la política de orden público y reconciliación del Gobierno Nacional, la Sección Primera del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 244 de 2023, el acto administrativo mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez, bajo la figura de gestor de paz.
El fallo cautelar, adoptado al estudiar las demandas de nulidad presentadas contra dicha resolución, deja sin piso jurídico —de manera temporal mientras se profiere un fallo de fondo— el rol que venía desempeñando el exjefe paramilitar en la articulación de procesos de desmovilización y desarme de estructuras ilegales en el país.
Te puede interesar: Alerta máxima de seguridad: Inteligencia revela plan del ELN liderado por alias ‘Pablito’ para sabotear la posesión presidencial
Una facultad sin límites: El eje central del pronunciamiento judicial
La decisión del alto tribunal administrativo responde a la solicitud de medida cautelar elevada por el demandante Samuel Alejandro Ortiz, quien argumentó que el Ejecutivo incurrió en vicios de legalidad, falsa motivación y abuso de la discrecionalidad al emitir la norma.
Tras un riguroso examen del expediente, los magistrados determinaron que, si bien la ley faculta a la Jefatura de Estado para nombrar gestores de paz, esa potestad no es ilimitada ni puede ejercerse al margen del ordenamiento normativo.
En el análisis de la Resolución 244 de 2023, la Sección Primera evidenció que el documento oficial carecía de delimitaciones mínimas fundamentales:
- Sin límite temporal: No se especificó la duración o vigencia de la designación.
- Sin límite territorial: Se omitieron las zonas geográficas específicas donde el gestor podía actuar.
- Sin precisión funcional: Las tareas asignadas se limitaron a fórmulas vagas como «aportar su conocimiento y experiencia», lo cual fue calificado por los jueces como una motivación «general e insuficiente».
«El ejercicio de una potestad discrecional por parte de la Administración no implica arbitrariedad», enfatizó el alto tribunal en la providencia, recordando que las prerrogativas del Ejecutivo deben ser proporcionales y estar sujetas al control estricto de la ley.
Proporcionalidad y derechos de las víctimas
Uno de los puntos de mayor calado doctrinal expuestos por el Consejo de Estado radicó en la afectación a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Para la corporación, la concesión de beneficios de libertad a un máximo exresponsable de crímenes de lesa humanidad debe mantener una estricta contraprestación. El tribunal advirtió que no resulta proporcional en estricto sentido otorgar un beneficio de alcance ilimitado sin exigir una contribución real, verificable y contundente con el esclarecimiento de la verdad y el compromiso efectivo de reparación integral a los afectados por la violencia paramilitar.
También puedes leer: Alerta en el Cauca: Hombres armados secuestran al director de la agrupación ‘Los Bacanes del Sur’ en la vía Popayán-El Tambo
Antecedentes: De la prisión en EE. UU. a las sombras de las masacres
El nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz se produjo originalmente el 23 de julio de 2023 por orden directa del presidente Gustavo Petro. El exjefe de las AUC aceptó la designación el 16 de agosto de ese mismo año mediante una conferencia de prensa ofrecida desde una cárcel en Estados Unidos, donde cumplía una condena por narcotráfico desde su extradición en 2008 bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez.
Posteriormente, el 27 de febrero de 2024, Mancuso aterrizó deportado en Bogotá para formalizar sus compromisos con la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre el excomandante del bloque Catatumbo pesan expedientes judiciales por más de 300 homicidios y su presunta responsabilidad en masacres emblemáticas de la historia del conflicto armado colombiano —como las de Mapiripán, El Salado y La Gabarra—, que dejaron un saldo superior a los 150 campesinos ejecutados.
Con el fallo cautelar en firme, el Ministerio del Interior y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberán acatar la suspensión del acto administrativo mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo profiere la sentencia definitiva sobre la validez del nombramiento.
Consejo de Estado suspende nombramiento de Mancuso como gestor de paz: hay fallas en la resolución #HoyEnBlu #VozPopuli pic.twitter.com/ivGxme33RC
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 4, 2026
