El Ministerio Público de Colombia ha puesto bajo la lupa judicial los cimientos de la política de «Paz Total» del saliente gobierno de Gustavo Petro. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra varios de los más altos exfuncionarios del sector de seguridad y paz, tras las graves denuncias sobre presuntas gabelas y pactos secretos que se habrían ofrecido al Clan del Golfo, la estructura criminal y de narcotráfico más poderosa del país.
El ente de control disciplinario sigue la pista y busca establecer la responsabilidad de una cúpula institucional estratégica: el excomisionado de Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosania.
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El testimonio clave del general (r) Henry Sanabria y las llamadas de Laura Sarabia
Dentro del arsenal probatorio que busca recopilar el Ministerio Público, se ordenó citar a declarar formalmente al general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. Sanabria encendió el debate nacional al asegurar públicamente que, durante el periodo en que estuvo al frente de la institución armada, recibió múltiples presiones telefónicas.
De acuerdo con el testimonio del oficial en retiro, las llamadas provenían directamente de la entonces jefe de gabinete de la Casa de Nariño, Laura Sarabia. En estas comunicaciones, presuntamente se cuestionaban y reprochaban los procedimientos y operativos policiales legítimos contra grupos armados ilegales, bajo el argumento de que dichas acciones de la Fuerza Pública «interferían o entorpecían» los acercamientos de la «Paz Total«.
Como parte del blindaje institucional de la investigación, la Procuraduría notificó un requerimiento perentorio al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y a la DNI para que hagan entrega inmediata de toda la documentación, actas de reuniones, bitácoras de viaje y registros de actuaciones con delegados del Clan del Golfo.
Los audios de la polémica: Frenar bombardeos y remover la cúpula militar
Las pesquisas disciplinarias tienen su origen en la revelación de una serie de comprometedores audios divulgados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. En los registros fonográficos se escucha al entonces comisionado Danilo Rueda sostener un encuentro secreto en septiembre de 2022 con un cabecilla de la organización criminal, identificado como alias «Jerónimo», donde pactaban lo que Rueda denominó «jugar a los congelados«.
Las grabaciones exponen ofrecimientos de alto impacto para la seguridad nacional a cambio de que el grupo —que cuenta con más de 9.000 miembros armados— aceptara iniciar diálogos con el Estado:
- Frenar bombardeos: Paralización de las incursiones y ataques aéreos de precisión contra los campamentos del grupo criminal.
- Desescalamiento operativo: Reducción sustancial de las operaciones de asalto de las Fuerzas Militares.
- Repliegue de inteligencia: Retirar capacidades técnicas y de contrainteligencia en los enclaves de narcotráfico bajo control de la organización.
- Remoción de mandos: La presunta salida y descabezamiento de altos oficiales del Ejército y la Policía Nacional que resultaran «incómodos» para el avance de las negociaciones.
La defensa de Iván Velásquez desde El Vaticano
Frente al sismo político provocado por los audios, el exministro de Defensa, Iván Velásquez —quien actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante El Vaticano— emitió un enérgico pronunciamiento a través de sus plataformas digitales para desligarse de los presuntos acuerdos de Rueda.
Velásquez defendió la rigurosidad con la que se rediseñó la línea de mando al inicio del gobierno de Petro, aclarando que la salida de los altos oficiales obedeció a criterios estrictamente técnicos e institucionales, y no a exigencias de estructuras criminales.
“La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones. El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo”, afirmó Velásquez.
El exministro y hoy diplomático fue enfático en señalar que nunca tuvo conocimiento de lo que se hablaba en las mesas de votación clandestinas: «Las negociaciones o acuerdos a que hubiere llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo, como se escucha en las grabaciones, no fueron conocidas por mí ni antes ni después de producidas y por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones que adopté con el señor presidente de la República».
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Danilo Rueda denuncia estigmatización y defiende la legalidad de su gestión
Por su parte, el excomisionado Danilo Rueda rompió el silencio a través de un comunicado de prensa en el que cuestionó el informe de la unidad investigativa, asegurando que se vulneró su derecho a la réplica y al contraste de fuentes, lo que ha desencadenado una ola de hostigamientos en su contra.
“Ante la furia desatada en redes a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión, se me ha estigmatizado y se me ha amenazado. Ante la imposibilidad de dar a conocer el contexto correspondiente, me permito realizar las precisiones”, argumentó el exfuncionario.
Rueda, quien lideró la cartera de paz entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, defendió la legalidad de sus aproximaciones con las bandas criminales, asegurando que cada uno de sus diálogos en el territorio nacional se desarrolló en estricto cumplimiento del marco jurídico colombiano: «Todas mis actuaciones se desarrollaron conforme a la Constitución, la ley y el derecho internacional», concluyó. La Procuraduría determinará ahora si esos acercamientos cruzaron la delgada línea entre la búsqueda de la paz y el beneficio ilícito a la criminalidad organizada.
