JUDICIAL

Hasta la vereda San Miguel del Tigre, del municipio de Yondó (Antioquia) llegaron tropas del Ejército y efectivos de la Policía Nacional para dar captura a seis integrantes del frente Édgar Amílkar Grimaldo Barón, del Eln, presuntos responsables proselitismo armado, intimidación y extorsión a comunidades y comerciantes en el área general de Yondó, municipios del sur de Bolívar y Barrancabermeja (Santander).

La operación, adelantada con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, hizo parte de una ofensiva lanzada por la Fuerza Pública contra el Eln en Antioquia, La Guajira y la región del Catatumbo.

“No descansaremos hasta garantizar la seguridad de cada colombiano, como base esencial para el círculo virtuoso de la vida, la paz y el progreso que merece nuestro pueblo. Felicitaciones a nuestro @COL_EJERCITO por este golpe contra quienes se identifican con el cartel del Eln que desplazó a 56.000 campesinos, confinó a otros 23.000 y asesinó a más de 100 personas este año en el Catatumbo”, escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La operación en Yondó se ejecutó luego de un trabajo de inteligencia. En poder de las seis personas capturadas las autoridades hallaron armas de fuego, municiones de diferente calibre, proveedores, una pistola traumática y celulares.

Asimismo, en el corregimiento La Duda, municipio de Distracción (La Guajira), tropas del Ejército incautaron un cargamento de cocaína perteneciente al Eln, avaluado en 15.500 millones de pesos, el cual era transportado en una camioneta.

Según información de inteligencia, el cargamento Salió desde la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y tenía como destino países de Centroamérica. 

Golpe al Eln en el Catatumbo

La otra operación contra el Eln tuvo lugar en medio de combates registrados en la región del Catatumbo, particularmente en la vereda Santa Clara, en el municipio de Ocaña.  

Una operación conjunta del Ejército, La Fuerza Aérea y la Policía permitió la captura de dos integrantes del frente Camilo Torres del Eln y otros dos fueron neutralizados.

“En desarrollo de la acción militar, uno de los capturados que se encontraba herido fue atendido por los enfermeros de combate, resaltando así nuestra convicción de mantener el respeto por la vida y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario y los derechos humanos”, informó el Ejército.

En el trabajo de registro y de actos urgentes adelantado por el CTI se logró la incautación de armas de fuego, proveedores, municiones, granadas, celulares y tres vehículos, además de elementos con los que se evidencian las acciones de este grupo contra la población civil y la Fuerza Pública.

Luego de valorar las pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado condenó a 41 años de prisión a Fabio Andrés Garcés Olier, alias Pica o Picapiedra, como responsable de la retención ilegal, tortura y posterior desaparición de dos hombres el 7 de enero de 2023, en Quibdó (Chocó).

Un fiscal Gaula de la Seccional Chocó estableció que las víctimas viajaron por vía terrestre de Cali a Quibdó para atender una supuesta oferta laboral en una mina. Al llegar al lugar acordado con los posibles empleadores fueron abordadas por tres personas que se presentaron como integrantes de la organización delincuencial ‘Los Caparros’ y se las llevaron en contra de su voluntad.

Posteriormente, fueron sometidas a tratos crueles y denigrantes, intimidadas con armas de fuego, golpeadas y sus cuerpos desaparecidos sin que hasta la fecha hayan sido localizados. No obstante, los agresores llamaron a los familiares y exigieron 60 millones de pesos por una liberación que no llegaría.

En el curso de la investigación se estableció que alias Picapiedra, quien se encontraba recluido en la cárcel de Popayán (Cauca) para el momento de los hechos, coordinó y realizó las llamadas extorsivas a la familia. En su momento, luego de ser notificado de que era vinculado penalmente a este caso, aceptó los delitos de secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura, todas las conductas agravadas.

De esta manera, recibió sentencia anticipada y permanecerá privado de en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar (Cesar).

La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete personas capturadas en flagrancia, durante diligencias de registro y allanamiento cumplidas en los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Santuario (Risaralda). 

Se trata de casos independientes en los cuales fiscales de la Seccional Risaralda imputaron a los ahora investigados, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos.

Uno de los casos ocurrió en Santa Rosa de Cabal donde el pasado 7 de abril se adelantaron dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Santa Helena. Fiscales de la Seccional Risaralda presentaron allí a Alejandro Montes Cardona, Guillermo de Jesús Cardona Yepes y Claudia Lorena Cardona Cardona, a quienes un juez de control de garantías les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario. En esas diligencias fueron incautadas diferentes cantidades de bazuco y marihuana, un revólver con munición y un vehículo.

El segundo hecho sucedió en el barrio La Alejandra de Dosquebradas, el 6 de abril anterior. En el sitio se incautaron bazuco, marihuana, dinero en efectivo y una gramera. Daniel Mauricio Quinchía Villegas, fue judicializado ante un juez de control de garantías quien le impuso medida privativa de la libertad en su domicilio.

Finalmente, por hechos ocurridos el 3 de abril en el barrio Marco Fidel Suárez del municipio de Santuario, fueron judicializados Darienson Andrés Henao Correa, alias Dare; Iván Eduardo Díaz Pantoja, alias Caleño, y Nixon Stiven Raigoza Morales, alias Nixon. En la diligencia de allanamiento fueron encontradas dos armas de fuego, estupefacientes, una gramera y dosificadoras.

Díaz Pantoja fue privado de la libertad en centro carcelario mientras que Henao Correa y Raigoza Morales continúan vinculados al proceso, en libertad.

El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de Albert Giovanny Avilés Celis, tutor y supuesto líder espiritual de una fundación, que habría abusado sexualmente de, al menos, cuatro menores de edad, en Jamundí (Valle del Cauca).

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Cali le imputó los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, ambos agravados. El procesado no aceptó cargos y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Los elementos materiales probatorios y evidencia física dan cuenta de que el hoy imputado, de 47 años, al parecer, agredió a cuatro menores de edad entre los 9 y 17 años, en varias oportunidades.

El presunto agresor sexual, en su calidad de tutor de la fundación que atiende niñas en situación de vulnerabilidad, entre 2011 y 2019, habría aprovechado su posición de poder, custodia y cuidado sobre las víctimas, con quienes mantenía contacto directo y frecuente, en diferentes espacios del lugar.

Asimismo, se estableció que las niñas y adolescentes, habrían sido objeto de castigos físicos, manipulación afectiva y ofrecimientos de premios para evitar que denunciaran lo sucedido.

Personal de la Sijín de la Policía Nacional, materializó la orden de captura contra el hombre, el pasado 3 de abril, en una vía pública de Jamundí.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, que habría agredido  sexualmente a su cuñada, una menor de edad, de 12 años, en Dosquebradas (Risaralda).

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Risaralda imputó al hombre, de 26 años, el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el pasado 5 de abril, el hombre, aprovechando la confianza de la familia, llegó a la casa de la víctima y la envió a la calle a comprar algunas cosas. Cuando la niña regresó, el presunto agresor, al parecer, la obligó a ingresar a una habitación y la amenazó con un arma cortopunzante para someterla a todo tipo de vejámenes y agresiones sexuales.

El procesado fue capturado en flagrancia por funcionarios de Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Yulieth Andrea Hernández Bedoya, de 25 años, su presunta responsabilidad en los delitos de proxenetismo con menor de 18 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad Especial de Niños Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Antioquia, el 15 de agosto de 2023, al parecer, la procesada indujo a una menor de edad de 13 años, para que sostuviera relaciones sexuales con un hombre adulto a cambio de dinero o de un celular.

Los hechos se registraron en Apartadó (Antioquia) y presuntamente Hernández Bedoya también habría participado en la agresión sexual a la menor de edad.

La mujer fue capturada el pasado 6 de abril en el mismo municipio, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía de Infancia y Adolescencia.

La procesada en el desarrollo de las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputados y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Luego de valorar las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento condenó a 39 años y 4 meses de prisión a José Leonardo Quevedo Turizo por causarle la muerte a un médico panameño integrante de la población LGBTIQ+, en hechos ocurridos entre el 26 y 27 de octubre de 2022, en la localidad de Chapinero de Bogotá.

En este caso se acreditó que llegó a la residencia de la víctima, la atacó en varias oportunidades con arma cortopunzante. Momentos después generó un incendio para desaparecer la evidencia y huyó del lugar con varios objetos de valor.

Quevedo Turizo también fue declarado responsable de arrebatarle las pertenencias y objetos de valor a un estudiante universitario que igualmente fue encontrado sin vida y con signos de asfixia en su apartamento de la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá, el 11 de mayo de 2023.

Por estos dos eventos delictivos, fue condenado por los delitos de homicidio agravado; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto calificado y agravado.

José Leonardo Quevedo Turizo deberá cumplir la sentencia en establecimiento carcelario. Actualmente, está vinculado por otros dos crímenes de integrantes de la comunidad LGBTIQ+.