JUDICIAL

La Policía de Bogotá detuvo a un hombre y una mujer por el delito de lesiones personales en hechos que se presentaron en el barrio Chapinero Central, cuando la zona de atención adelantaba labores de patrullaje.   

De manera inmediata, los uniformados se trasladaron al lugar de los hechos, observaron a un grupo de personas en medio de una riña y a dos de estas con objetos contundentes en la mano.  

“Luego de controlar esta situación, se acercó un joven manifestando a las autoridades que estas dos personas los agredieron con armas contundentes. Por esta razón, se hizo la detención de los responsables y se trasladaron a los heridos al centro asistencial más cercano para recibir atención médica”, aseguró el teniente coronel Ricardo Cháves. oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron dos acciones operativas en contra de esta organización delincuencial, responsables de homicidios a conductores informales en la localidad de Ciudad Bolívar. Con esto se permitió la detención en flagrancia de tres personas y una por orden judicial.

“Tras nueve meses siguiéndole la pista, se recopiló por nuestros investigadores material probatorio a través de labores de campo, vigilancias, análisis de información, entrevistas, declaraciones juramentadas y fuente humana, evidenciando el actuar criminal de estos delincuentes. Su modo de delinquir consistía en ubicar a transportadores informales del Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, para, posteriormente, hacer exigencias económicas a cambio de no atentar contra su vida”, aseguró el teniente coronel Carlos Cárdenas, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, también se pudo establecer que estas personas cobraban a sus víctimas 50 mil pesos semanales y se les atribuye al menos tres homicidios a transportadores informales en esta localidad.

Dentro de los detenidos se encuentra alias ‘El Coste’, presunto sicario de esta organización delincuencial y era el encargado de cometer los homicidios a estos conductores. Presenta una orden judicial vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. Por los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2025, donde asesinó a un conductor e hirió a una pasajera cuando cubría la ruta Mochuelo – Quintas del sur.

En estas dos diligencias de allanamiento y registro, estas personas al notar la presencia de las autoridades los reciben a disparos, pero gracias a la pericia de los uniformados se logró reducir a estas personas, asimismo, incautar más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de Tusi, dos armas traumáticas, cuatro celulares, dos computadores, grameras y elementos de dosificación. Asimismo, se afectó la renta criminal de este grupo delincuencial en más de 200 millones de pesos mensuales.

A una de estas personas le fueron tipificados los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. De igual manera, a los demás integrantes por tráfico de estupefacientes y porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a dos de sus integrantes.

En lo corrido del año 2025, se ha logrado la detención de 164 personas por extorsión, asimismo, una reducción del 20 % con 314 casos menos en comparativo al año 2024.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘El Combo de Señales’, que se dedica a la comisión de hurtos violentos en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Una fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de inmuebles. Sólo uno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que los hoy procesados, presuntamente, identificaban a transeúntes, locales comerciales y residencias, para cometer los asaltos. Al parecer, amenazaban a las víctimas con armas de fuego y cortopunzantes, para apoderarse de los elementos de valor.

Dichos hurtos eran cometidos en los barrios 20 de Julio, San Isidro, Country Sur, Guacamayas y Malvinas, ubicados en las localidades ya mencionadas.

Uno de los eventos en los que estarían vinculados, ocurrió el 13 de agosto de 2024, cuando dos de estos hombres ingresaron a un Casino, uno de ellos se hizo pasar como cliente, para distraer a una de las empleadas y luego, al parecer, intimidarla y apropiarse del dinero de la caja registradora.

Además, en la investigación se conoció que, estas personas estarían involucradas en el tráfico local de estupefacientes como bazuco, marihuana, cocaína y 2CB. Dichas sustancias las mantenían en una vivienda ubicada en el barrio Country Sur.

La Policía de Bogotá hizo efectivas las órdenes de captura contra Manuel Fernando Castañeda Jiménez, Jeferson Alexander Bilbao Pineda, José Alexander Vega Riaño, Juan Esteban Vera Rodríguez y Juan Agustín Vera Arce; en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a todos los procesados.

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura fueron halladas seis botellas de licor adulterado en un establecimiento nocturno en el sector Marco Fidel Suarez, de la localidad de Rafael Uribe.  

En medio de las inspecciones, los uniformados junto a peritos encontraron seis botellas adulteradas de diferentes marcas en uno de los bares de la zona. Los expertos confirmaron que las estampillas eran falsas, las tapas habían sido modificadas y los sellos de seguridad no cumplían con las características de originalidad exigidas, lo que representaba un riesgo directo para la salud de los consumidores.   

Sin embargo, la persona que estaba atendiendo el establecimiento aseguró que no tenía conocimiento sobre el licor debido a que el propietario del sitio tenía todo en el inventario. Por esta razón, el establecimiento fue suspendido de manera inmediata y no podrá ejercer su actividad económica por 10 días.  

La ciudadanía debe conocer que este tipo de bebidas, pueden generar intoxicaciones severas, daño neurológico, ceguera y hasta la muerte. Por ello, hicieron un llamado a los ciudadanos a revisar cuidadosamente los sellos de autenticidad y denunciar cualquier punto de venta sospechoso.  

En la megatoma también fueron suspendidos otros dos establecimientos por no contar con la documentación en regla y uno más fue clausurado por motivos sanitarios, ya que en su interior fueron halladas plagas que ponían en riesgo la salubridad del lugar.  
Mientras se realizaban las inspecciones en los establecimientos, los uniformados adelantaron registros a más de 180 personas y hallaron 40 gramos de marihuana en medio de las requisas.   

También se impusieron 12 comparendos a vehículos mal estacionados que estaban afectando la circulación en el sector. 

Un total de 13 computadores portátiles que estaban listos para ser vendidos en locales de compraventa fueron incautados en la localidad de La Candelaria, luego de que un operativo de la Secretaría de Seguridad y la Sijin evidenciara que no tenían documentos que acreditaran su procedencia. 

Al momento de la intervención, tanto personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), como de la Policía de Bogotá, solicitaron los documentos necesarios que demostraran la legalidad de los dispositivos, pero no fue posible su verificación, por lo que estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para completar el respectivo procedimiento. 

“Estos controles son fundamentales para cortar la cadena criminal del hurto en la ciudad. Un computador o un celular robado no llega solo a una vitrina: detrás hay delitos que afectan la seguridad de los bogotanos. Vamos a seguir cerrando estos espacios de comercialización ilegal”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad. 

Durante la intervención, que se realizó en siete establecimientos del barrio Santa Bárbara, las autoridades revisaron facturas y certificados de propiedad de computadores y celulares, hallando inconsistencias en varios de los equipos, que quedaron bajo custodia para las investigaciones correspondientes. 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) recordó que comprar artículos en casas de empeño o comercios de segunda sin verificar su procedencia puede llevar a incurrir en el delito de receptación, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión, incluso si el comprador no participó en el hurto. 

Estos operativos se desarrollan dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), en su estrategia de control urbano, con la que se busca debilitar los focos de venta de artículos robados en la capital.