GENERALES

Al parecer habrían recibido un poco más de tres mil millones de pesos que no utilizaron en el desarrollo del proyecto.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los representantes legales de las empresas que integraron el consorcio GIVIS Huilas Ltda, por una presunta apropiación de recursos públicos destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural en los municipios de Tarqui y Suaza, en Huila.

Los afectados por los cargos son Diana Paola Cedeño Chicaiza, Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña, representantes legales de la Fundación para el Desarrollo de Colombia, Fundecol, la Cooperativa Creer en lo Nuestro y el consorcio GIVIS Huilas, respectivamente.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Huila los investiga porque al parecer habrían recibido, bajo la modalidad de gerencia integral, un poco más de tres mil millones de pesos, recursos que aparentemente no fueron utilizados en el desarrollo del proyecto, que incluía la construcción de 267 viviendas y el mejoramiento en saneamiento básico de otras 22.

El órgano de control indicó que los dineros, consignados en la cuenta corriente de una corporación financiera para que fueran administrados por el consorcio, aparentemente fueron girados a personas ​jurídicas y naturales diferentes al contratista y la empresa interventora.

Los investigados aparentemente “permitieron que los recursos entregados para el desarrollo del objeto no se ejecutaran en debida forma, puesto que se apropiaron de los mismos a través de maniobras fraudulentas, tales como permitir que a miembros de una misma familia se les giraran y cobraran los dineros públicos destinados a las soluciones de vivienda», sostuvo la Procuraduría en el pliego de cargos.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña fueron afectados por dos cargos disciplinarios.

El Ministerio Público realiza constante seguimiento a las problemáticas en materia ambiental que se presentan en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades nacionales y territoriales la implementación de acciones para la conservación y protección de las playas y litoral rocoso de la Isla de San Andrés y del tejido coralino en esta jurisdicción, afectada por la erosión costera a lo largo del litoral, que con ocasión del paso de los huracanes ETA, IOTA y JULIA se ha incrementado.

En carta enviada a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Director de Coralina, el ente de control pidió priorizar acciones de recuperación del área litoral, y a su vez, a que se estudie una posible solución de reubicación de las viviendas que se encuentran en zona de riesgo.

Por lo anterior, solicitó a las mencionadas entidades, remitan al Ministerio Público las acciones previstas en el corto, mediano y largo plazo para restaurar los daños ocasionados por el paso de los tres huracanes y el plan de acción para evitar que los próximos eventos climáticos afecten de manera irreversible estas áreas estratégicas.

En la comunicación enviada, la Procuraduría también alertó sobre la inminente llegada de la enfermedad “Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD, por sus siglas en inglés), a los arrecifes coralinos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que afecta la pérdida del tejido coralino y daña drásticamente los ecosistemas marino-costeros, solicitando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los avances que a la fecha se han tenido del Programa de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y Golfo (AGRRA por sus siglas en inglés) y sobre los futuros Planes de Acción Institucionales de las autoridades ambientales.

El ente de control también enfatizó en la necesidad de realizar un trabajo articulado entre las autoridades para la protección y conservación de los ecosistemas del archipiélago, que a nivel nacional e internacional es reconocido por su declaratoria de la UNESCO, como Reserva de Biósfera Seaflower, con la que Colombia se comprometió como país a diseñar e implementar estrategias de desarrollo sostenible para la efectiva conservación de la biodiversidad.

Continúa la buena labor de la Contraloría General de la República de la república de Colombia, ya que profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía indexada de $222.030 millones, en forma solidaria y título de culpa grave, en contra de la ex secretaria de Hacienda de Boyacá, Elina Ulloa Sáenz, la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia “S.O.S.” y la exjefe de la Oficina Asesora de la Secretaría Departamental de Educación, Eddye Yarik Reyes.

Esto debido a irregularidades en la celebración y ejecución del contrato 1061 de 2016, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el contratista mencionado, cuyo objeto era la prestación de servicios educativos para adultos y jóvenes en extraedad (educación por ciclos).

El contrato referido se financió con recursos del Sistema General de Participaciones y la CGR verificó que en su ejecución se pagó un mayor valor en exceso por un total de $104.645 millones, de los cuales $103.454 millones son por concepto de reconocimiento a estudiantes diferentes a lo contratado y $1.200 millones por faltantes de la canasta educativa.

Dicho daño patrimonial se elevó a $222.030 millones, al ser indexado:

A este proceso de responsabilidad fiscal habían sido vinculados inicialmente el exgobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya y su secretario de Educación, Jorge Ferney Cubides, y en la imputación se ordenó el archivo correspondiente y se levantaron las medidas cautelares que se les había impuesto.

Responsables Fiscales:

El fallo con responsabilidad fiscal de la CGR, por un total de $222.030.099, cobija a:

• Elina Ulloa Saenz, en su condición de secretaria de Hacienda del Departamento de Boyacá.

• Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia ‘S.O.S’., en calidad de contratista ejecutor del Contrato No. 1061 de 2016.

• Eddye Yarik Reues Grisales, en su condición de jefe Oficina Asesora de la Secretaría de Educación del Departamento y Supervisora del Contrato No. 1061 de 2016.

Como Tercero Civilmente Responsable se declaró a la compañía de seguros La Previsora S.A.

A nuestra sala de redacción llega esta denuncia de los moradores del barrio Ciudadela 2000 en Soplaviento, en el departamento de Bolívar.

Denuncia la comunidad del sector más conocido como «Las Casitas», en el municipio de Soplaviento, donde se ha evidenciado un basurero a cielos abiertos, representando por si solo, un foco de contaminación que pone en riesgo la salud de la comunidad de este sector.

Cabe destacar que se trata de un barrio, conformado en su gran mayoría por menores de edad y adultos mayores, quienes se ven en riesgo de contraer enfermedades y brotes epidémicos debido a los malos olores y putrefacción que se registra en este basurero.

Es de recordar que esta situación se registra se encuentra justo en las entradas a esta municipalidad del departamento de Bolívar, dando un mal aspecto y olvido de una administración municipal.

El llamado a la alcaldía para tomar cartas en el asunto y además de hacer retiro, limpieza y disposición final de los deshechos, ejercer control en dicho sector para evitar nuevamente se repitan situaciones que afecten la salud y medio ambiente.