El expresidente César Gaviria denunció que el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza con una estrategia de expropiaciones indirectas en zonas del país.
El director del Partido Liberal inició su comunicado recordando la promesa que hizo Petro en mayo de 2018, en vísperas de la primera vuelta presidencial: “Yo no estoy hablando ni de expropiar ni de quitar las tierras, porque no puedo, no quiero, no lo deseo”.
Para el exmandatario, fueron “promesas que repitió posteriormente una y otra vez en la campaña de 2022, la cual finalmente lo llevaría a ganar la Presidencia de la República, entre otras cosas porque, con esa clase de pronunciamientos, logró espantar miedos y fantasmas que lo rodeaban de tiempo atrás, relacionados concretamente con atribuirse poder y dominio con distintos objetivos, en tierras privadas en diferentes lugares del país”.
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En la misma línea, Gaviria aseguró que, desde que el presidente Petro asumió su gobierno, no se ha expropiado de la forma estricta en la que lo define la Constitución, pero para el director del partido, desde el gobierno se encontró una forma de incumplir la promesa.
“Sí es cierto que encontró una forma de incumplir su promesa de no expropiación, mediante resoluciones y decretos exprés, carentes de ejercicios participativos rigurosos, incluyentes e integrales, donde reglamenta los usos del suelo de diferentes áreas y en varios municipios del país, saltándose cualquier participación de los entes territoriales, en quienes reside la función legal, mediante la declaración de ciertas figuras que desbordan cualquier atribución constitucional y legal”, dijo.
Para Gaviria, los anuncios de esas figuras han creado incertidumbre en algunas zonas del país y han paralizado cualquier posibilidad de inversión en los predios.
“A diferencia de una expropiación directa (donde el Estado toma explícitamente la propiedad a través de un acto legal, como una ley de expropiación), la expropiación indirecta se produce a través de una serie de acciones o regulaciones que Gustavo Petro está ejecutando y que, en su conjunto, hacen que la propiedad sea económicamente no rentable, o incluso que el propietario pierda el control y el valor sustancial de la misma, y los proyectos, obras o actividades que pretendía ejecutar en los mismos se hagan inviables”, aseguró.
Y agregó: “Es así como Gustavo Petro, una vez comenzó su ejercicio en la Presidencia de la República, y ante su absoluta incapacidad de gerenciar el país de conformidad con sus atribuciones legales y de lograr de manera correcta ejercicios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con los entes territoriales (concejos municipales y municipios), para que los usos del suelo obedecieran a la unidad nacional, garantizando la autonomía regional, el fomento de la sostenibilidad y la descentralización del uso del suelo de manera armónica y complementaria, con la participación requerida, optó por acudir a figuras antidemocráticas para definir y reglamentar los usos del suelo”.
El expresidente César Gaviria también expuso algunas figuras con las que estaría implementando el Gobierno:
ZPPAS: territorios y zonas que se delimitan para estudios previos y referencias para destinar únicamente para la producción de alimentos.
APPAS: territorios y áreas destinadas exclusivamente a la protección para la producción de alimentos.
Las ZPPAS y APPAS se adoptaron como instrumentos en el plan de desarrollo del gobierno Petro, tendientes a delimitar áreas para producción agropecuaria a fin de garantizar la producción de alimentos, derechos que por supuesto son fundamentales. El gran problema reside en que la aplicación exprés, inconsulta y sin estudios económicos de estas figuras, están generando total incertidumbre y conflictos con sectores productivos previamente establecidos, como también con propietarios de los suelos que están sufriendo una desvalorización inmediata de los mismos, incurriendo sin duda alguna en expropiación indirecta.
Actividades económicas como la minería, la agroindustria (extensiva), ganadería, silvicultura, actividades forestales, infraestructura, construcciones, etc., están siendo afectadas de manera significativa e irreversible. La delimitación de estas áreas por el Ministerio de Agricultura encabezado por la ministra de las entrañas del partido comunista y de la UP, Martha Carvajalino, no ha sido el resultado de consenso como lo pidió la Corte
Constitucional, por lo que, a los gobiernos locales, al ser desoídos, no les ha quedado más remedio que ir instaurando todo tipo de controversias jurídicas y judiciales al respecto, toda vez que se verían obligados a revisar y modificar normativas y proyectos urbanísticos, extractivos, de desarrollo, infraestructura, viales, agroindustriales (extensivos) previamente aprobados, generando total incertidumbre sobre la continuidad de inversiones y planes de desarrollo existentes.
El gobierno ha declarado áreas ZPPA en aproximadamente 400 mil hectáreas en más de 40 municipios entre los departamentos de Antioquia, Tolima y Cundinamarca, así como también se han declarado como APPAS más de siete municipios en el Departamento de la Guajira. Y ya se anuncian para otras zonas del país, como la Sabana de Bogotá, en ni más ni menos que en alrededor de 50 mil hectáreas en municipios de la región de Sabana Centro y en el suroeste antioqueño, donde se ha anunciado la implementación de las APPAS en 22 municipios y que afectaría cerca de 250.000 hectáreas del suroeste del mencionado departamento; adicionalmente continúa por parte del gobierno nacional el proceso de identificación de estas áreas en alrededor de 100 municipios en departamentos como Córdoba, Antioquia, Sabana Centro de Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta.
Desbordando toda limitación constitucional y legal, mediante una reglamentación (sin competencia) del artículo 47 del Decreto ley 2811 de 1974 (código de recursos naturales), el gobierno nacional viene declarando áreas de reservas temporales en amplias zonas del país, imposibilitando de manera sobreviniente actividades como la exploración y explotación minera, actividades extractivas en general, agroindustria, infraestructura, silviculturales, ganadería etc., desconociendo, como lo cité anteriormente, que la norma que reglamenta cómo se debe declarar un área protegida en estricto sentido en Colombia está en el decreto 2372 de 2010, de conformidad con la Constitución Nacional Bajo esta figura, ya ha declarado 9 municipios del suroeste antioqueño y en áreas de 37.000 hectáreas, comprendida entre los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada. Adicionalmente, una amplia área del departamento de Santander donde se incluyen los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona, incluida la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander.
Llama poderosamente la atención que sobre el municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, donde se encuentra el depósito de cobre más grande del país, mineral considerado esencial para la transición energética y cuyo proyecto ha sido declarado por el mismo estado colombiano como proyecto PIN (proyecto estratégico para la Nación) por ser fundamental para su sostenibilidad financiera y actualmente en etapa de exploración por una multinacional minera inglesa (país con el cual se tienen tratados de inversión comercial), el gobierno Petro ha ordenado implementar todas las figuras de expropiación indirecta juntas, léase ZPPAS, APPAS y reservas temporales de recursos naturales renovables. Proyecto minero en el cual según fuentes no oficiales se podría haber invertido desde el año 2014 varias decenas de millones de dólares, con la gravedad que estas declaraciones de las figuras mencionadas se hacen años después de la celebración del contrato minero respectivo y además saltándose de manera flagrante la Constitución y la Ley. El proyecto referido junto con los otros 12 proyectos de cobre que se encuentran actualmente en exploración en Colombia podría hacer del país una potencia mundial de este mineral y convertirse en parte fundamental de la recuperación económica (vía regalías e impuestos), sin embargo, están también bajo la amenaza de las expropiaciones indirectas de Gustavo Petro.
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Cabe recordar que, en cambio, Chile, país que paradójicamente también es gobernado por un presidente socialista, Gabriel Boric Font, ha respaldado de manera irrestricta la producción minera de cobre de su país, que representa según datos del Consejo Minero de Chile del 2024, entre el 9 y el 12 % del PIB, constituyéndose un motor fundamental de su crecimiento económico. Por último y en un dato no menor, es fundamental destacar Colombia es uno de los países de América del sur que son atravesados por la Cordillera de los Andes, que es considerada la zona más rica en minerales metálicos de todo el planeta; por lo que, según el Banco Mundial, Colombia podría estar dentro de los países con condiciones favorecidas para proveer de cobre al mundo entero.
Mediante una figura desconocida, sin sustento legal ni constitucional y sacada de la manga, el gobierno nacional está prácticamente declarando “áreas protegidas” exprés en el Distrito Capital de Bogotá y en 39 municipios de la Sabana, sin cumplir los requisitos que la Constitución y la Ley exigen para la declaración de estas figuras, tal como lo hemos venido citando en el presente documento. En este caso concreto, cabe aclarar que, si bien el tribunal de Cundinamarca en buena hora, ordenó la suspensión de estos denominados “lineamientos ambientales”, hasta tanto no se surtieron una serie de procedimientos, la orden del presidente Gustavo Petro de manera clara y expresa (como se vio en el respectivo consejo de ministros) y al mejor estilo del “exprópiese” de Hugo Chávez en Venezuela, es expedirse con o sin concertación. “Va porque va”, dijo el actual mandatario.
Por último, cabe recalcar que adicional a las anteriores figuras de ordenamiento territorial unilaterales, se están expidiendo normas como autoridades ambientales indígenas, poder de veto a proyectos, obras y actividades por parte de autoridades indígenas, que han convertido esto en la práctica en un simple negocio ajeno a las necesidades de las tierras indígenas, y simples estrategias extorsivas para que llevan limitar la ejecución de proyectos, obras y actividades. Estos territorios TECAM, ATEAS, etc., etc., suman aún más incertidumbre sobre todo tipo de restricciones que puedan tener predios de propiedad privada en Colombia.
Con la aplicación entonces de estas figuras el gobierno nacional desde cómodas oficinas en Bogotá destruye gran parte de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional para los usos del suelo en todo el territorio nacional y en el momento que lo desee podrá ordenar esas figuras en cualquier otro lugar de nuestra geografía, acabando con el estado descentralizado y socavando el poder de municipios, distritos, departamentos, concejos municipales y asambleas departamentales. Por lo que hacemos un llamado a alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales a defender con ahínco, coherencia y dentro del marco legal y constitucional sus territorios; igual llamado a todos los propietarios de predios en las áreas mencionadas.
