En un movimiento de alto impacto judicial y político, la Fiscalía General de la Nación ordenó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La determinación del ente acusador se formalizó 24 horas después de que el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitara oficialmente profundizar las pesquisas a raíz de las explosivas declaraciones públicas entregadas por María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político.
La decisión fue notificada mediante una comunicación oficial suscrita por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, y dirigida al despacho del ministro Cancino. El documento precisa que la remisión del expediente hacia la alta corte busca verificar posibles responsabilidades de aforados constitucionales salpicados en los nuevos testimonios sobre la preparación, logística y financiación del crimen.
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El foco sobre el excongresista ‘Marcos Calarcá’ y la pista del fuero
La actuación de la Fiscalía responde directamente a la petición formulada por el Ministerio de Justicia para contrastar las revelaciones hechas por Tarazona en medios de comunicación, rastrear la cadena de mando e indagar la eventual participación de Luis Alberto Albán, conocido en su época de militancia insurgente como alias ‘Marcos Calarcá’.
Dado que Albán se desempeñó como representante a la Cámara por el Partido Comunes (colectividad surgida en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc) durante el periodo legislativo 2022-2026, el Gobierno solicitó enviar la información al máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria para que determine si le corresponde asumir la competencia por fuero constitucional.
En su respuesta institucional, la delegada Deicy Jaramillo agradeció el respaldo gubernamental al trabajo investigativo realizado hasta la fecha y coincidió con el jefe de la cartera de Justicia en un punto premisa:
«La investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe no se agota en la judicialización de sus autores materiales», ratificó la alta funcionaria en el escrito.
La Fiscalía precisó que trabaja de forma acelerada en la verificación técnica del material probatorio aportado por la representación legal de las víctimas. Este análisis incluye la autenticación de fuentes, la trazabilidad de comunicaciones digitales y la corroboración del origen de los datos para ofrecer respuestas con la reserva legal necesaria.
Las explosivas declaraciones de María Claudia Tarazona: «La orden salió del Congreso»
El detonante de este nuevo capítulo judicial se remonta al pasado 14 de octubre de 2026, cuando María Claudia Tarazona concedió una entrevista en exclusiva a Noticias Caracol. En el espacio periodístico, la viuda del líder del Centro Democrático sostuvo de manera categórica que el dinero para financiar el atentado «salió de Venezuela» y que la orden ejecutiva para asesinarlo «salió del propio Congreso de la República».
Tarazona cuestionó además la hipótesis inicial de los investigadores, la cual atribuye la autoría intelectual del magnicidio a la Segunda Marquetalia, facción disidente comandada por alias ‘Iván Márquez’:
«Decir que fue la Segunda Marquetalia es un enunciado muy gaseoso, no nos dice absolutamente nada. Es muy grave pensar que había información previa al atentado, pero estamos esperando que se corrobore la información que llegó a nosotros», aseveró Tarazona durante la entrevista.
Según relató la viuda, meses antes del ataque recibió mensajes anónimos en su dispositivo móvil en los que se le alertaba sobre un plan sistemático para atentar contra la vida de Miguel Uribe y otros precandidatos de su colectividad. La información, que ya reposa en cadena de custodia dentro del expediente, sugería la triangulación de recursos desde territorio venezolano y complicidades dentro del Capitolio Nacional. Asimismo, Tarazona ha insistido en investigar una eventual infiltración o falla deliberada en el esquema de seguridad asignado al congresista.
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«La investigación nunca se ha detenido»: Grupo de Tareas Especiales
Frente a los cuestionamientos, la Fiscalía General de la Nación recordó que desde el 19 de junio de 2025 se encuentra activo un Grupo de Tareas Especiales dedicado de manera exclusiva a esclarecer el magnicidio.
Este equipo de elite es coordinado por el jefe de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá y está integrado por cuatro fiscales especializados, apoyados permanentemente por peritos y analistas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Sijín y la Dijín de la Policía Nacional.
El ente investigador enfatizó que las labores de campo se han fortalecido con expertos en ciberseguridad y finanzas forenses para evacuar cada una de las líneas de hipótesis planteadas tanto por la familia del senador como por el Ministerio de Justicia, reiterando que la causa judicial se mantiene en constante movimiento.
La Fiscalía (@FiscaliaCol), compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ), para que se investiguen las presuntas responsabilidades de congresistas que podrían estar relacionados con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/aM0YI1KmSu
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 21, 2026
