Un ambiente de marcada zozobra e incertidumbre institucional embarga al gremio periodístico en el Caribe colombiano. Diversos medios regionales, comunicadores independientes y redes de veeduría de prensa han encendido las alarmas tras denunciar un presunto patrón sistemático de presiones, señalamientos intimidatorios y descalificaciones públicas ejercidas por la gobernadora del departamento del Magdalena, María Margarita Guerra, contra profesionales de la información que adelantan labores de fiscalización a su gestión.
De acuerdo con testimonios consolidados por reporteros y directivos de medios en la región, la jefa del ejecutivo departamental habría asumido una postura punitiva y hostil frente al escrutinio público, deslegitimando la labor informativa y encasillando las investigaciones sobre el uso de los recursos del erario como «ataques sistemáticos» destinados a socavar su imagen política.
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El detonante: Investigaciones al PAE y desacreditación a la prensa
El punto de mayor fricción entre la administración departamental y los medios locales se agudizó tras la publicación de una serie de informes periodísticos enfocados en la ejecución y cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios municipios del Magdalena, una de las carteras sociales de mayor sensibilidad en el territorio.
Tras la difusión de las irregularidades y quejas comunitarias en torno a las entregas de los suministros alimentarios, la gobernadora Guerra y voceros de su entidad salieron públicamente a descalificar las investigaciones, tildándolas de «falsedades» e insinuando la existencia de intereses oscuros para desacreditar la gestión del Palacio Tairona.
Paralelamente, filtraciones de conversaciones en plataformas de mensajería instantánea han puesto al descubierto episodios de alta tensión, en los que la mandataria habría respondido con tono altivo e intransigente ante los requerimientos de la prensa.
«La fiscalización a la contratación estatal y a los programas sociales es un mandato constitucional de la prensa. Confundir el cuestionamiento riguroso con un ‘ataque personal’ no solo desvía el debate de fondo sobre la transparencia, sino que evidencia un sesgo autoritario que pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en las regiones», advirtieron voceros de las asociaciones de comunicadores del Caribe.
Opacidad y desacato a las solicitudes de información pública
A la atmósfera de confrontación verbal se suma la presunta vulneración sistemática del derecho fundamental al acceso a la información. Desde Barranquilla, la dirección de un medio de comunicación regional radicó un derecho de petición formal exigiendo a la gobernadora Guerra presentar pruebas concretas sobre sus acusaciones públicas contra la prensa, a la que acusó de sostener una campaña de «difamación«.
A pesar de que los plazos perentorios consagrados en la ley colombiana para la respuesta a peticiones de información pública se encuentran ampliamente vencidos, la Gobernación del Magdalena ha guardado silencio absoluto, entorpeciendo el debido proceso y configurando una flagrante falta de transparencia en la administración.
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Silencio en la Gobernación y llamado urgente a la FLIP
Pese a la gravedad de las denuncias formuladas por las redes de reporteros y el clima de hostilidad denunciado en la costa atlántica, la postura de la Casa de Gobierno en Santa Marta sigue siendo la apatía. Ni la Oficina de Comunicaciones ni el despacho de la gobernadora María Margarita Guerra han emitido pronunciamiento o comunicado oficial para desmentir las acusaciones, responder por el desacato a los requerimientos legales o garantizar el libre ejercicio del periodismo.
Ante este panorama de vulnerabilidad, los comunicadores y directivos de la región emitieron un llamado de auxilio a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan de manera preventiva. Exigen que se establezcan garantías de seguridad para el ejercicio del periodismo investigativo en el Magdalena y se detenga la estigmatización institucional contra quienes ejercen el deber constitucional de informar.
