En un gesto de articulación entre los poderes públicos, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, adelantó este jueves 3 de septiembre de 2026 una cumbre oficial en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde se reunió a partir de las 9:00 a. m. con los magistrados de la Sala Plena de la corporación.

El encuentro, ratificado por el alto tribunal a través de sus canales oficiales en la red social X, se centró en la evaluación de la alta litigiosidad que colapsa los despachos del país, el impulso a la Jurisdicción Agraria, la revisión del procedimiento penal y el fortalecimiento financiero de la Rama Judicial.

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Garantía de independencia y respeto a la autonomía de los jueces

Al término de la reunión de trabajo, el jefe de Estado emitió una declaración institucional en sus redes sociales, asegurando que su administración mantendrá un respeto irrestricto por las decisiones de los despachos judiciales, de cualquier jerarquía, como pilar esencial del Estado de Derecho y la separación de poderes.

De La Espriella definió a la Corte Suprema de Justicia como una institución «fuerte e independiente», subrayando que el equilibrio entre las ramas del poder público es la máxima garantía para la seguridad jurídica de la nación.

“Las decisiones de los jueces serán respetadas. La autonomía de esta rama será protegida. Entendemos la independencia judicial como un límite al ejercicio de la autoridad política, una barrera que preserva las libertades y los derechos de la ciudadanía frente a los gobiernos”, aseveró el mandatario nacional.

Frente común contra la congestión judicial y la alta litigiosidad

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis, calificó la jornada como un avance significativo hacia la construcción de un diálogo armónico entre las instituciones del Estado.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Justicia, el alto magistrado explicó que la prioridad compartida será diseñar mecanismos de contingencia para resolver la sobrecarga de expedientes que entorpece los tiempos de respuesta para los ciudadanos.

“La justicia está dispuesta a construir una relación armónica con el Estado. El presidente nos expresó su total respaldo, reconociendo que la autonomía y el ejercicio de la labor judicial requieren recursos. Se ha comprometido con nosotros para fortalecer el presupuesto de la rama”, destacó el magistrado Lenis.

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Proyectos clave: Jurisdicción Agraria y reformas al Código Penal

En el frente legislativo, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema trazaron una agenda de prioridades normativas que serán radicadas y tramitadas en el Congreso de la República:

  • Puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria: Avanzar en la reglamentación y los nombramientos para poner en funcionamiento los juzgados y tribunales especializados en la resolución de conflictos del campo.
  • Modificaciones al Procedimiento Penal: Ajustes normativos orientados a agilizar los juicios, reducir la impunidad y descongestionar el sistema penal acusatorio.
  • Concurso Notarial: Definición de los plazos para la pronta apertura de la convocatoria pública de méritos para el sector notarial.

El acuerdo compromete al Ejecutivo a garantizar las partidas presupuestales necesarias dentro del presupuesto general de la Nación, asegurando que la expansión de la infraestructura judicial se traduzca en una justicia más pronta, eficiente y cercana a los ciudadanos.