Un nuevo episodio de tensión política se registró en el marco de la contienda electoral colombiana. Vilma Rocío Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, realizó manifestaciones públicas de respaldo a la aspiración presidencial de Iván Cepeda, lo que generó un rechazo inmediato por parte del mismo candidato del Pacto Histórico y de diversos sectores que vigilan la transparencia de los comicios.

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Las declaraciones de la discordia

Durante una entrevista con el periodista Wendell Theodore, de Metropole Radio y Televisión, la funcionaria diplomática destacó el perfil del senador como sucesor del actual gobierno:

Colombia ha cambiado (…). La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda«.

Reacción de Iván Cepeda

Ante la gravedad de los hechos, el senador Cepeda utilizó sus redes sociales para tomar distancia de la funcionaria y defender la neutralidad de los servidores públicos. El candidato subrayó que su trayectoria política se rige por principios que prohíben el proselitismo por parte de funcionarios del Estado:

  • Rechazo al proselitismo: Afirmó que ningún servidor público debe intervenir en actividades electorales, especialmente en las de su campaña.
  • Solicitud de investigación: Instó a las autoridades competentes a iniciar un proceso disciplinario para determinar si la embajadora incurrió en conductas prohibidas.

Perfil de Vilma Rocío Velásquez

Velásquez Uribe fue nombrada embajadora a mediados de 2025, tras desempeñarse como cónsul en Puerto Príncipe. Su trayectoria incluye:

  • Formación: Magíster en Bellas Artes Aplicadas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
  • Activismo: Defensora de derechos humanos vinculada a organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
  • Exilio: Se refugió en Suecia en 1991 tras la desaparición de su compañero sentimental, exmiembro del M-19.

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Este incidente pone de relieve una debilidad normativa en el sistema colombiano. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), aunque existe un mandato constitucional desde 2004 para prohibir la participación de servidores públicos en política, el Congreso aún no ha tramitado una ley estatutaria que defina con claridad los alcances y las sanciones específicas para estas conductas.