La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la salida definitiva del general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco de la justicia transicional. El tribunal concluyó que el exjefe de seguridad presidencial incumplió de manera grave y persistente su compromiso de aportar verdad plena sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado, perdiendo así todos los beneficios y tratamientos especiales.
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Los motivos de la expulsión de Santoyo
La JEP subrayó que esta medida no fue una reacción automática, sino el resultado de un proceso marcado por múltiples advertencias y oportunidades de ajuste que el compareciente desatendió.
- Incumplimiento del régimen de condicionalidad: El tribunal determinó que Santoyo mantuvo una conducta incompatible con los requisitos mínimos del sistema.
- Información ineficaz: La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) calificó como inútiles los datos suministrados por el exoficial para localizar a las víctimas.
- Relativización de actos: El auto señala una persistente falta de reconocimiento de su responsabilidad y una verdad judicial mínima.
- Incompatibilidad con condenas externas: La JEP resaltó que su permanencia era inviable debido a su condena previa en Estados Unidos por conspirar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hecho transversal a sus procesos en el país.
Los casos que lo vinculaban
Mauricio Santoyo se había acogido a la JEP en relación con dos expedientes críticos ocurridos en octubre de 2000, cuando dirigía el Gaula en Medellín:
- Víctimas: La desaparición de Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos vinculados a Asfaddes.
- Interceptaciones ilegales: La Fiscalía General de la Nación vinculó al exgeneral como autor de estos crímenes tras identificar el rastreo ilegal de más de 2,020 líneas telefónicas mediante órdenes falsas firmadas por miembros del Gaula Urbano de Medellín.
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Antecedentes judiciales
Antes de su ingreso a la JEP en 2021, Santoyo cumplió una condena de siete años en Estados Unidos tras declararse culpable de apoyar recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Fue deportado a Colombia en 2019, momento en el que se reactivaron los procesos por desaparición forzada que ahora regresarán a la justicia ordinaria tras su expulsión del sistema de paz.
Con esta decisión, la JEP busca proteger la naturaleza restaurativa de la justicia y asegurar que el acceso a beneficios legales esté condicionado estrictamente al respeto por los derechos de las víctimas a conocer la verdad.
