En una fuerte reacción a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro cuestionó con dureza este lunes 11 de mayo de 2026 la decisión del Consejo de Estado de frenar el traslado de 5 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. El mandatario calificó la medida judicial como un acto inconstitucional que atenta contra los derechos de la clase trabajadora.

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Choque de poderes y legitimidad

Para el jefe de Estado, la decisión del alto tribunal no solo carece de legitimidad, sino que representa un retroceso frente a las garantías establecidas en la Carta Magna de 1991.

«Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano«, aseveró Petro en su cuenta de X.

El presidente insistió en que el «pueblo trabajador» es quien debe tener la última palabra sobre el poder en Colombia, y no solo sobre el Ejecutivo, sugiriendo que la justicia está bloqueando una reforma esencial para asegurar el derecho a la jubilación.

El llamado a la Corte Constitucional

Ante la suspensión del traslado de recursos, que es una pieza clave de la estrategia financiera del Gobierno para fortalecer el sistema público de pensiones, Petro puso sus expectativas en el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional.

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  • Petición de fondo: El mandatario instó a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre la materia para «dignificar la justicia colombiana».
  • Contexto de la disputa: El traslado de los 5 billones de pesos ha sido uno de los puntos más polémicos de la implementación de la reforma pensional, enfrentando constantes reparos legales por parte de sectores de oposición y fondos privados (AFPs).

Esta nueva confrontación entre la Casa de Nariño y las altas cortes profundiza el clima de tensión institucional en el país, mientras se espera que la Corte Constitucional determine si la suspensión del Consejo de Estado se mantiene o si el Gobierno puede proceder con el millonario movimiento de fondos hacia la administradora estatal.