El Parlamento israelí (Knéset) ha iniciado este lunes 30 de marzo de 2026 el debate crucial sobre un proyecto de ley que busca reimplantar la pena de muerte en el sistema judicial del país. La medida, dirigida específicamente a condenados por «delitos nacionalistas» contra ciudadanos israelíes, representa la culminación de una ofensiva legislativa de la ultraderecha y una victoria política estratégica para el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.
La propuesta legislativa establece que, una vez aprobada, las ejecuciones mediante la horca deberán ejecutarse en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia, sin posibilidad de clemencia. Esta rigidez ha encendido las alarmas en la comunidad internacional y entre organizaciones de derechos humanos, quienes prevén una batalla legal inmediata ante la Corte Suprema de Israel.
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El factor Ben-Gvir: «Eliminar a nuestros enemigos»
El líder del partido Poder Judío y pieza clave en la coalición de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, se presentó en el parlamento con una soga en la solapa, un gesto cargado de simbolismo sobre el método de ejecución propuesto.
«Con la ayuda de Dios, implementaremos plenamente esta ley y eliminaremos a nuestros enemigos«, afirmó Ben-Gvir.
Para el ministro, esta legislación es la «más importante» de los últimos años, diseñada para actuar como un disuasivo contra el terrorismo. Sin embargo, analistas políticos señalan que la ley profundiza la fractura social y política en la región, especialmente en un contexto de alta volatilidad en los territorios palestinos.
Críticas por discriminación y violación del derecho internacional
El proyecto de ley no solo ha enfrentado el rechazo de la Autoridad Palestina, sino también de juristas israelíes y organismos como las Naciones Unidas. El eje de la crítica reside en el carácter selectivo de la norma.
Puntos clave de la controversia legal:
- Asimetría judicial: Expertos como Amichai Cohen, del Instituto para la Democracia de Israel, advierten que la ley está redactada para aplicarse solo a delitos que busquen «socavar la existencia de Israel», lo que en la práctica excluye a ciudadanos judíos de ser procesados bajo este marco.
- Soberanía en Cisjordania: El debate plantea un dilema sobre la jurisdicción de la Knéset en territorios ocupados que no son soberanía formal de Israel, contraviniendo convenciones internacionales.
- Ausencia de clemencia: Al prohibir el indulto, la ley choca frontalmente con los estándares mínimos de derechos humanos que Israel ha defendido históricamente en foros globales.
Israel no ha aplicado la pena capital desde 1962, cuando el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann fue ejecutado. Romper este precedente de más de seis décadas sitúa al país en una posición diplomática delicada.
Impacto en la seguridad y futuras negociaciones de rehenes
La oposición en la Knéset ha manifestado su preocupación por las repercusiones prácticas de la ley en la seguridad nacional. Históricamente, el Shin Bet (agencia de inteligencia interior) se ha opuesto a la pena de muerte, argumentando que las ejecuciones podrían convertir a los condenados en mártires e incentivar ataques de represalia.
Asimismo, existe el temor de que esta medida bloquee cualquier posibilidad de intercambio de prisioneros en el futuro. Tras el ataque del 7 de octubre de 2023, Israel logró la liberación de unos 250 rehenes a cambio de la excarcelación de miles de palestinos. La aplicación de la pena máxima cerraría esta vía diplomática de negociación.
Cabe destacar que esta ley no se aplicará de forma retroactiva a los detenidos por los ataques de octubre, quienes están sujetos a un proceso legislativo independiente.
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Presión de las potencias europeas
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto instando al Ejecutivo de Netanyahu a desistir del plan.
«Nos preocupa especialmente el carácter discriminatorio de facto del proyecto de ley. Su aprobación corre el riesgo de socavar el compromiso de Israel con los principios democráticos«, reza la declaración enviada desde Berlín.
Para las potencias europeas, que mantienen una postura de abolición universal de la pena de muerte, este movimiento aleja a Israel de los valores compartidos con Occidente y complica la cooperación en materia de justicia y seguridad.
