Este miércoles 3 de diciembre fueron entregadas a una comisión humanitaria 28 personas que permanecían secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde enero, cuando comenzó la ola de violencia en la región del Catatumbo.
La operación fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, que integró la comisión junto con la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia. Según el organismo, entre los liberados se encuentran 17 hombres y 11 mujeres, incluyendo cinco menores de edad.
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“La liberación contó con la participación de sus familias y dirigentes comunales. Los liberados manifestaron encontrarse en buen estado de salud, salvo uno de ellos, que presenta dolencias por una herida en su cuerpo”, indicó la Defensoría a través de un comunicado.
Las identidades de las víctimas no han sido reveladas. Se conoce que estaban en poder del Frente Nororiental de Guerra del ELN, que opera en esa zona fronteriza con Venezuela.
Esta liberación se suma a otra realizado el sábado 29 de noviembre, cuando nueve hombres y dos mujeres fueron igualmente entregados a una misión humanitaria. En total, 39 personas han recuperado la libertad en los últimos días tras permanecer retenidas por el grupo armado.
La comisión encargada de recibir a los 11 liberados estuvo conformada también por representantes de la Iglesia Católica, la Oficina de Naciones Unidas (ONU) y la Defensoría del Pueblo. “Ninguna de las personas reportó problemas de salud al momento de la verificación, que se realizó durante la acción desarrollada en el departamento”, informó la Defensoría en su momento.
Desde la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, actualmente suspendidos, se calificó el hecho como un avance positivo y se reiteró el llamado a liberar a quienes aún permanecen secuestrados.
“Esperamos que ahora sean liberadas las demás personas secuestradas como el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subteniente Franki Esley Hoyos Murcia, de la Policía Nacional; Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, y el soldado profesional Daniel Bustos Ramírez”, señala el comunicado oficial.
Ese mismo 29 de noviembre, la Comisión de Verificación Humanitaria emitió un llamado urgente ante la crisis que persiste en el Catatumbo debido a los enfrentamientos entre el Eln, el frente 33 de la disidencia Estado Mayor Central de alias “Iván Mordisco” y la fuerza pública. Este conflicto, activo desde comienzos de enero de 2025, ha impactado de manera directa a comunidades de municipios como Tibú y El Tarra.
Entre sus principales peticiones, la Comisión insistió en la necesidad de una respuesta rápida y coordinada que garantice la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, protegiendo la vida, la dignidad y la permanencia de la población en sus territorios.
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Tras una visita de tres días a zonas como Campo Seis, Bertrania y Versalles, en Tibú, y Filogringo, en El Tarra, los verificadores constataron un deterioro acelerado de la situación armada. Por ello, urgieron al Estado a desplegar una estrategia institucional inmediata que permita responder a la advertencia de un posible aumento de las confrontaciones durante diciembre.
Acompañamos la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN y que fueron entregadas a la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la @MisionONUCol.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 3, 2025
En la liberación de estas personas (17… pic.twitter.com/OKxu7pGAxR