La Ley 2293 promulgó oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, titulado «Colombia, potencia mundial de la vida». Sin embargo, la sanción del documento no contó con grandes celebraciones en el Palacio de Nariño. La razón: el propio jefe de Estado tildó la hoja de ruta técnica de «neoliberal«, desatando una fuerte marejada interna contra el entonces director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el reconocido académico Jorge Iván González. Muestra de la distancia entre la visión macroeconómica y las exigencias del Ejecutivo, González presentó su renuncia ocho meses después de una frustrante reunión de trabajo, abriendo paso a una sucesión en la entidad que incluyó al sindicalista Alexander López y culminó con la gestión de Natalia Irene Molina.
Este choque presupuestal y conceptual no fue un hecho aislado, sino el presagio de la mayor constante durante el cuatrienio presidencial: la extrema inestabilidad en el equipo ministerial.
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65 ministros en cuatro años: Una rotación récord en la historia reciente
Las estadísticas del periodo gubernamental saliente arrojan una cifra inédita en la administración pública colombiana: 65 ministros pasaron por las diferentes carteras ejecutivas (sin contabilizar los encargos temporales), lo que representó en promedio el relevo de un jefe de cartera cada 22 días. Este indicador superó con holgura la media histórica de los ejecutivos precedentes, la cual no excedía los 52 nombramientos por cuatrienio.
Al momento de la promulgación del Plan de Desarrollo, ya habían salido del equipo ministerial nueve jefes de carteras clave designados en agosto de 2022:
- José Antonio Ocampo (Hacienda)
- Cecilia López (Agricultura)
- Alejandro Gaviria (Educación)
- Alfonso Prada (Interior)
- Carolina Corcho (Salud)
- Sandra Urrutia (TIC)
- Patricia Ariza (Cultura)
- María Isabel Urrutia (Deporte)
- Arturo Luna (Ciencia y Tecnología)
Apenas dos meses más tarde se sumaron las bajas de Guillermo Reyes (Transporte) e Irene Vélez (Minas y Energía). Con esto, más de la mitad del gabinete original no tuvo la oportunidad de ejecutar las metas trazadas para sus respectivos sectores, consolidando una narrativa oficial que recurrentemente responsabilizó a la alta burocracia por los rezagos en la gestión pública.
El convulso paso por el Ministerio del Interior: Gobernar el Congreso a contrarreloj
La conducción política del país vivió un permanente estado de agitación. Tras la salida de Alfonso Prada en abril de 2023 —luego de una reestructuración de gabinete orientada a garantizar el trámite de las reformas sociales—, asumió la cartera el exsenador Luis Fernando Velasco.
La gestión de Velasco enfrentó serios contratiempos tras los adversos resultados oficiales en las elecciones regionales de octubre de 2023, la fractura de la coalición parlamentaria y el estallido de investigaciones por el presunto uso irregular de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y acuerdos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En junio de 2024, el mandatario anunció la salida de Velasco a través de la red X.
Posteriormente ingresó Juan Fernando Cristo, con la encomienda de reconstruir los puentes legislativos. No obstante, en febrero de 2025, tras un tenso Consejo de Ministros en el que se ventilaron discrepancias internas, la presentación de renuncias protocolarias derivó en la salida de Cristo, trámite ejecutado por el entonces ministro delegatorio Guillermo Alfonso Jaramillo.
El 1 de marzo de 2025, la cartera del Interior fue encomendada a Armando Benedetti, figura central del equipo de campaña de 2022 y exembajador en Venezuela, cuya gestión estuvo rodeada de intensas controversias mediáticas y complejos frentes de investigación judicial.
Justica y Defensa: Reformas en el papel y deterioro del orden público
La cartera de Justicia y del Derecho se convirtió en el epicentro de la mayor volatilidad institucional al registrar seis titulares en el cuatrienio: Néstor Osuna (22 meses), Ángela María Buitrago (10 meses), Eduardo Montealegre (4 meses), Andrés Idárraga (4 meses), Jorge Cuervo (4 meses) y la abogada Cielo Rusinque en el tramo final del mandato. Diversos analistas atribuyeron las prontas salidas a desavenencias con las directrices de la Casa de Nariño, mientras la prometida reforma estructural a la justicia no logró materializarse en el Legislativo.
Por su parte, el sector Defensa estuvo comandado inicialmente por el abogado experto en derechos humanos Iván Velásquez (hasta febrero de 2025), quien fue sustituido por el general retirado Pedro Sánchez.
Ambas gestiones enfrentaron severas críticas de gremios y sectores de la oposición debido al deterioro paulatino de la seguridad en regiones estratégicas como el Catatumbo, el Pacífico colombiano y el departamento del Chocó. Aunque la Fuerza Pública reportó importantes incautaciones de estupefacientes, informes independientes advirtieron sobre un aumento histórico en el área de cultivos de coca (superando las 310.000 hectáreas), un incremento en el pie de fuerza de organizaciones armadas ilegales (pasando de 15.000 a más de 27.000 integrantes), un saldo superior a 360 uniformados asesinados y cerca de 1.500 menores reclutados por grupos al margen de la ley.
Cancillería: De la diplomacia tradicional a las tensiones por redes sociales
El sector de las Relaciones Exteriores también experimentó severos sacudones institucionales. El primer canciller, Álvaro Leyva Durán, fue suspendido y posteriormente sancionado a diez años por la Procuraduría General de la Nación debido a irregularidades en la licitación del contrato de expedición de pasaportes.
Su sucesor, Luis Gilberto Murillo, ocupó el cargo durante ocho meses en medio de crecientes tensiones diplomáticas internacionales, incluyendo las fricciones generadas con la administración del presidente estadounidense Donald Trump por el manejo de vuelos de deportados. Tras la renuncia de Murillo a finales de febrero de 2025, la secretaría fue asumida temporalmente por Laura Sarabia (antes de su traslado a la embajada en Londres) y finalmente por Rosa Villavicencio.
Diversos analistas y diplomáticos de carrera cuestionaron el manejo del servicio exterior, señalando un exceso de manejo mediático e ideologizado a través de redes sociales en detrimento de los canales diplomáticos tradicionales en las relaciones con socios clave como Estados Unidos, Israel, Ecuador y Argentina.
Economía y Hacienda: El giro de la tecnocracia a la ortodoxia del gasto
El manejo macroeconómico sufrió un viraje radical tras la pronta ruptura con la tecnocracia tradicional. La salida de José Antonio Ocampo de la cartera de Hacienda en abril de 2023 —luego de haber promovido una reforma tributaria que finalmente recaudó cerca de $20 billones de pesos frente a las metas iniciales de $75 billones— abrió paso a la llegada de Ricardo Bonilla.
Bonilla promovió un incremento sustancial en el gasto público; sin embargo, su gestión se vio opacada por la caída en el recaudo fiscal, el frenazo en el crecimiento del PIB y graves cuestionamientos legales que derivaron en su salida antes de la Navidad de 2024. Su reemplazo, el académico Diego Guevara, renunció a los 45 días tras proponer un plan de recorte del gasto para contener el déficit. Finalmente, la cartera fue asumida por Germán Ávila, exgerente cooperativo, quien mantuvo una postura de fuerte enfrentamiento con la junta directiva del Banco de la República sobre las tasas de interés y el manejo de la deuda pública.
Un panorama de distanciamiento similar se vivió en Agricultura tras la partida de Cecilia López, sustituida sucesivamente por Jhenifer Mojica y Martha Carvajalino. A pesar de las bonanzas internacionales de precios en productos como el café y el banano, el sector primario registró variaciones negativas en la producción nacional en el tramo final del periodo, acompañadas de constantes dudas en el sector privado sobre la seguridad jurídica y los avances reales en la entrega de tierras.
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Salud, Trabajo y la crisis en los sectores sociales
La reforma al sistema de salud se convirtió en la batalla política más desgastante del Gobierno. Tras el retiro de Carolina Corcho, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo lideró un modelo de intervención directa sobre las Empresas Promotoras de Salud (EPS). El proceso dejó una severa crisis de cartera en el sector, con deudas del sistema superiores a los $23 billones de pesos, desabastecimiento de medicamentos de alto costo y un acentuado deterioro en la atención a los usuarios.
En la cartera de Trabajo, la dirigenta sindical Gloria Inés Ramírez impulsó una reforma laboral de corte proteccionista. Tras su salida en febrero de 2025, fue reemplazada por Antonio Sanguino, quien promovió la fijación del «salario vital», generando un intenso debate con los gremios económicos por el impacto del costo laboral en la formalización y la inflación.
| Sector | Primer Titular (2022) | Último Titular (2026) | Principales dinámicas del sector |
| Interior | Alfonso Prada | Armando Benedetti | Ruptura de coaliciones, caso UNGRD y desgaste legislativo. |
| Hacienda | José Antonio Ocampo | Germán Ávila | Transición de la tecnocracia al aumento del gasto y déficit fiscal. |
| Justicia | Néstor Osuna | Cielo Rusinque | Alta rotación (6 ministros) y parálisis en la reforma judicial. |
| Salud | Carolina Corcho | Guillermo A. Jaramillo | Intervención estatal de EPS y crisis financiera del sistema. |
| Minas y Energía | Irene Vélez | Edwin Palma | Suspensión de contratos de exploración y escasez de gas. |
La narrativa energética y el viraje en los hidrocarburos
El sector energético fue uno de los frentes de mayor controversia doctrinaria. Desde la cumbre de la OCDE en Davos en 2023, la exministra Irene Vélez y su sucesor Andrés Camacho ratificaron la suspensión de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, carbón y gas.
Esta política convirtió a Colombia en el único país petrolero de la región en congelar las adiciones exploratorias entre 2023 y 2025. Los efectos del modelo se hicieron evidentes en los balances financieros de Ecopetrol, que reportó utilidades en mínimos históricos, y en la necesidad de importar cerca del 40 % del gas para consumo interno, con el consecuente impacto al alza en las tarifas domiciliarias.
En febrero de 2025, el exdirigente sindical de la USO, Edwin Palma, asumió la dirección del Ministerio de Minas y Energía, enfrentando el reto de garantizar la sostenibilidad fiscal del sector y el pago de subsidios a los comercializadores en medio de crecientes presiones tarifarias.
Balance final de una gestión fragmentada
El tramo final del cuatrienio evidenció serios rezagos en la ejecución presupuestal de sectores estratégicos como Transporte —donde se sucedieron cuatro ministros y se registró una fuerte parálisis en la contratación de obras 4G y 5G—, Vivienda y el Ministerio de la Igualdad, entidad creada bajo el mandato de la vicepresidenta Francia Márquez cuya liquidación fue ordenada por las cortes a partir de 2027 debido a fallos de configuración jurídica.
La permanente rotación de cuadros directivos y la falta de continuidad en las políticas públicas dejaron como saldo un aparato estatal fragmentado. Al término del mandato el 7 de agosto de 2026, el balance del PND «Colombia, potencia mundial de la vida» refleja las profundas dificultades de la administración saliente para traducir su narrativa ideológica en resultados de gestión técnica y ejecución presupuestal para el país.
