Ante la gravedad de las conflagraciones que arrasan la cobertura vegetal del centro del país, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves 27 de agosto de 2026 la declaratoria oficial de calamidad pública en el departamento del Tolima. La medida busca canalizar recursos extraordinarios de manera expedita para atender una de las crisis ambientales e hidrológicas más severas registradas en la región durante la actual temporada de menos lluvias.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, el Jefe de Estado informó que las operaciones en tierra y aire se mantienen sin pausa. En la zona de desastre se encuentran desplegados más de 205 bomberos, 20 unidades de apoyo terrestre y aeronaves de la Fuerza Pública combatiendo los frentes de fuego en topografías de difícil acceso.

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«El Tolima está enfrentando una de las situaciones más difíciles de toda su historia y la respuesta del gobierno ha sido inmediata, integral y contundente. Hay hombres y mujeres arriesgando sus vidas para combatir las llamas que se llevan todo a su paso», enfatizó De La Espriella.

El desalentador balance: 50.000 hectáreas arrasadas y $134.000 millones en pérdidas

El reporte técnico consolidado por las autoridades de gestión del riesgo dimensiona el impacto socioeconómico y ecológico que deja el fuego en el territorio tolimense. Con corte a la fecha, el saldo preliminar contempla:

  • 50.000 hectáreas consumidas por las llamas en total.
  • 28.000 hectáreas de uso agropecuario completamente destruidas.
  • 2.660 pequeños y medianos productores con afectación directa en sus predios.
  • 23 municipios y 507 veredas dentro de la zona de influencia de las conflagraciones.
  • 163.000 animales en riesgo severo por desabastecimiento de agua y material vegetal para consumo.
  • $134.000 millones de pesos en pérdidas económicas preliminares para el sector agrario.

Plan especial de reconstrucción, subsidios y alivio al campo

Frente al sombrío panorama, el Presidente ratificó que el decreto de calamidad pública permitirá ejecutar un plan especial de recuperación ambiental, productiva y de seguridad diseñado exclusivamente para los municipios afectados.

El paquete de ayudas gubernamentales contempla la entrega prioritaria de subsidios para vivienda rural, la movilización masiva de toneladas de heno y alimento concentrado para proteger al ganado, así como la asignación de insumos para la nutrición y restauración de suelos degradados.

«No vamos solamente a apagar los incendios; vamos a recuperar lo que el fuego destruyó, a levantar nuevamente el campo tolimense y a garantizar que nuestros campesinos vuelvan a producir. No vamos a abandonar al Tolima cuando se apaguen las llamas», aseveró el mandatario.

Denuncia de actos criminales y recompensa de $50 millones

En un tono tajante, Abelardo De La Espriella denunció que las investigaciones de inteligencia señalan que una parte considerable de los focos de incendio no obedecen a causas naturales, sino a acciones deliberadas provocadas por sectores al margen de la ley.

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De acuerdo con el mandatario, existen reportes sobre personas dedicadas a obstaculizar las maniobras de extinción de los bomberos y a encender fuego en sectores estratégicos:

«Tenemos toda la información y los informes técnicos que indican que gran parte de estos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales. Están utilizando el fuego para destruir el campo, golpear a nuestros campesinos, acabar con cultivos y animales y sembrar miedo entre la gente», denunció.

Ante esta situación, el Ejecutivo ordenó la conformación inmediata de un grupo élite interinstitucional integrado por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información veraz que conduzca a la identificación, ubicación y captura de los responsables materiales e intelectuales de provocar las conflagraciones en la región.