En una decisión calificada como histórica por las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó este 25 de marzo, por unanimidad y en tercer debate, el proyecto de ley que busca erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en el territorio nacional.
La iniciativa, que ahora se traslada a la plenaria de la cámara alta para su discusión final, se encuentra a un solo debate de convertirse en ley de la República. El proyecto (identificado como 440 de 2025 en Senado y acumulado con el 018 y 239 de 2024 en Cámara) representa un esfuerzo conjunto de las representantes Jennifer Pedraza, Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, junto con la senadora Angélica Lozano.
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Un enfoque intercultural: Más allá de la sanción
A diferencia de otras propuestas legislativas, este proyecto destaca por su enfoque preventivo y pedagógico en lugar de uno punitivo. La ponencia, liderada por la senadora Clara López, fue construida mediante un proceso de concertación con representantes de la comunidad Emberá, el grupo poblacional donde históricamente se ha documentado esta práctica en Colombia.
El objetivo central es la transformación de estas costumbres a través del diálogo, la educación sexual y la protección integral de la niñez, respetando la autonomía indígena pero priorizando el derecho a la vida y la integridad física.
«Reafirmamos que estas prácticas no hacen parte ni son cultura; por el contrario, han marcado el horror en la vida de niñas y mujeres«, expresó la senadora indígena Aida Quilcué a través de su cuenta en X, celebrando el respaldo mayoritario de la comisión.
Cifras en descenso, pero el riesgo persiste
Colombia ostenta la preocupante distinción de ser el único país de América Latina donde se ha documentado formalmente la práctica de la mutilación genital femenina, afectando principalmente a niñas menores de un año.
Aunque las autoridades de salud reportan una tendencia a la baja en los últimos años, el subregistro y la persistencia del fenómeno mantienen las alarmas encendidas:
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2023: 91 casos reportados.
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2024: 54 casos reportados.
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2025: 39 casos reportados.
Riesgos letales y secuelas de por vida
La mutilación genital no es solo una violación a los derechos humanos, sino una emergencia de salud pública. En el corto plazo, las víctimas enfrentan hemorragias severas, infecciones y dolor extremo que puede derivar en la muerte.
A largo plazo, las secuelas incluyen:
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Complicaciones obstétricas: Riesgos críticos durante el parto tanto para la madre como para el bebé.
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Disfunciones sexuales: Afectaciones permanentes en la salud reproductiva.
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Impacto psicológico: Cuadros de depresión severa, ansiedad y estrés postraumático.
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Carrera contra el reloj legislativo
Pese al optimismo por la aprobación unánime, el proyecto enfrenta un desafío logístico crítico: el vencimiento de términos. La iniciativa tiene un plazo máximo hasta el 20 de junio de 2026 para superar su último debate en la plenaria del Senado y recibir la sanción presidencial. De lo contrario, la propuesta se hundiría y debería iniciar su trámite desde cero en la próxima legislatura.
Juliana Domicó, consejera mayor de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá (CONNPEC), confirmó que las organizaciones indígenas ya están articulando esfuerzos con el Congreso para asegurar que el debate final se agende de manera prioritaria.
