En un giro inesperado que ha encendido las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 23 de abril de 2026 que la Ley de Amnistía «llega a su fin». El anuncio se produce apenas dos meses después de la entrada en vigor de la norma, dejando en la incertidumbre el destino de cientos de detenidos por motivos políticos.
A pesar de que el texto legal sancionado el pasado 19 de febrero no contempla una cláusula de caducidad, la mandataria dio por concluido el proceso sin ofrecer detalles técnicos sobre los mecanismos jurídicos que sustentan esta decisión. Según Rodríguez, los casos que «estaban excluidos expresamente» del beneficio legal serán canalizados a través del Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la recién instalada Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
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Reacción de las ONG: Un «atropello» al Estado de derecho
La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar. Organizaciones no gubernamentales de referencia han calificado la medida como arbitraria e inconstitucional. Los principales argumentos jurídicos presentados por los expertos señalan que el Ejecutivo carece de facultades para derogar o suspender una ley de esta naturaleza.
- Provea: La organización manifestó a través de sus canales oficiales que esta decisión «no contribuye al proceso de convivencia y paz» y constituye una violación directa a los procedimientos legales.
- Acceso a la Justicia: La ONG subrayó que una ley de este rango solo puede ser derogada mediante otra ley dictada por la Asamblea Nacional o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «La intromisión del Ejecutivo viola el principio de separación de poderes», denunciaron.
- Justicia, Encuentro y Perdón: Calificó el anuncio como un «acto de inseguridad jurídica» que vulnera a las víctimas y envía una instrucción de facto a los tribunales para desestimar futuras solicitudes de libertad.
El balance de la amnistía: Cifras en disputa
El cierre del proceso de amnistía ocurre en un contexto de disparidad de datos entre el oficialismo y los defensores de derechos humanos. Mientras el Gobierno celebra el alcance de la medida, las ONG advierten sobre la deuda pendiente en materia de libertades.
Datos del oficialismo
Según el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento:
- 8.616 personas han sido amnistiadas hasta la fecha.
- De ellas, solo 314 personas se encontraban efectivamente encarceladas; el resto gozaba de medidas cautelares.
- Se recibieron más de 12.187 solicitudes válidas de venezolanos dentro y fuera del país.
Datos de las ONG y Organismos Internacionales
Por el contrario, las organizaciones civiles contabilizan que todavía existen 473 presos políticos en los centros de reclusión venezolanos que no se han visto beneficiados por la medida. Además, persiste el reclamo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre la opacidad del proceso, ya que las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados.
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Incertidumbre sobre el futuro de los presos políticos
Para muchos analistas, el fin prematuro de la Ley de Amnistía confirma los temores de que el instrumento fuera utilizado más como una herramienta de «retórica política» que como un mecanismo genuino de reconciliación nacional.
La falta de transparencia y el cese abrupto de la aplicación de la ley dejan en un limbo jurídico a cientos de familias que esperaban la liberación de sus allegados bajo el amparo del ordenamiento aprobado en febrero. Con la creación de la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, el Gobierno parece buscar centralizar nuevamente el control sobre las liberaciones, alejándolas del marco legislativo de amnistía general.
"Esta ley de amnistía llega a su fin".
— PROVEA (@_Provea) April 24, 2026
Tras el anuncio realizado por @delcyrodriguezv sobre el fin de la Ley de Amnistía, recordamos que la derogatoria de una Ley no es competencia del Ejecutivo Nacional.
Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no… pic.twitter.com/IToJ79esiY
