En un movimiento poco habitual por su alcance, la República Islámica de Irán ha roto el silencio sobre el costo humano de las movilizaciones que han sacudido el país en las últimas semanas. A través de la Fundación de Veteranos y Mártires, organismo estatal de alto nivel, el Gobierno emitió un comunicado confirmando que la cifra de fallecidos asciende, al menos, a 3.117 personas.
Este balance representa el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la tragedia, aunque las cifras y las causas de los decesos siguen siendo motivo de una profunda disputa internacional.
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Desglose de las víctimas: La versión de Teherán
El informe presentado por la Fundación intenta categorizar las muertes bajo la narrativa de seguridad nacional del Estado. Según el desglose oficial:
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2.427 personas han sido catalogadas como civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad.
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690 personas han sido identificadas por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, como «terroristas, amotinados y atacantes de bases militares».
Esta distinción es clave para el discurso de Teherán, que busca separar a los ciudadanos que quedaron atrapados en el fuego cruzado de aquellos que, según el Estado, ejercieron violencia directa contra las instituciones.
«Mercenarios e infiltrados»: La narrativa del enemigo externo
La justificación oficial de la República Islámica sostiene que la violencia no es producto del descontento social, sino de una operación de desestabilización orquestada desde el extranjero. El Gobierno acusa directamente a mercenarios apoyados por Estados Unidos e Israel de ser los responsables de la mayoría de las bajas.
De acuerdo con la Fundación de Veteranos y Mártires, el patrón de muertes se divide en dos frentes:
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Transeúntes: Ciudadanos ajenos a las protestas que habrían muerto por disparos en medio del caos.
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Manifestantes atacados por infiltrados: El Estado afirma que «agentes terroristas organizados» se mezclaron entre la multitud para disparar contra los manifestantes y así incriminar a las fuerzas del orden.
El contraste: Denuncias de represión y cifras de DD.HH.
A pesar del balance oficial, la comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos mantienen una postura diametralmente opuesta. Estos organismos denuncian que las cifras gubernamentales podrían estar subestimadas y que la causa principal de los fallecimientos es la brutal represión estatal.
| Fuente | Postura Principal | Causas Señaladas |
| Gobierno de Irán | 3.117 fallecidos | Terrorismo infiltrado y ataques a bases. |
| ONG Internacionales | Cifras superiores | Uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones. |
Organismos fuera de Irán aseguran que los manifestantes han sido blanco de munición real y tácticas de dispersión letales. Para estos activistas, la narrativa de los «infiltrados» es un intento de Teherán por evadir su responsabilidad ante posibles investigaciones por crímenes contra la humanidad.
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Un escenario de incertidumbre
El reconocimiento de más de 3.000 muertes marca un punto de inflexión en la crisis iraní. Mientras el Gobierno intenta consolidar su versión de los hechos mediante el apoyo de la Fundación de Veteranos —encargada tradicionalmente de honrar a los caídos por la revolución—, la presión diplomática sobre Irán aumenta, exigiendo transparencia y el cese de las hostilidades contra la población civil.
La comunidad internacional observa con cautela si este balance oficial es el preludio de una apertura al diálogo o simplemente una estrategia para justificar medidas de seguridad aún más severas en el futuro inmediato.
