En un nuevo episodio que tensiona las relaciones entre la estatal petrolera y el poder judicial, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, no compareció este miércoles 8 de abril a la audiencia virtual programada para la imputación de cargos en su contra. El alto directivo es investigado por su presunta responsabilidad en la violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Tras esperar más de 30 minutos sin éxito, el Juzgado 39 de Control de Garantías de Bogotá declaró fallida la diligencia y devolvió el expediente al Centro de Servicios Judiciales. Ahora, la Fiscalía deberá solicitar una tercera fecha para intentar, una vez más, formalizar los cargos contra quien fuera el gerente de la campaña «Petro Presidente».
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Un historial de dilaciones y vacaciones estratégicas
Esta es la segunda ocasión en que la diligencia fracasa. El pasado 12 de marzo, Roa solicitó un aplazamiento argumentando la necesidad de estudiar el expediente y señalando que un día antes había sido imputado en otro proceso por tráfico de influencias.
Curiosamente, este nuevo desplante judicial ocurre poco después de que la Junta Directiva de Ecopetrol le otorgara a Roa un periodo inusualmente largo de siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada, supuestamente para que «se concentre en su defensa».
Las cifras del escándalo: Excesos por más de $5.300 millones
La investigación penal surge tras una compulsa de copias del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en noviembre de 2025 sancionó administrativamente a la campaña por irregularidades financieras masivas. Los hallazgos del CNE, liderados por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz, son contundentes:
- Primera Vuelta: Se detectó una vulneración de topes por $2.459 millones y omisión de reportes por $2.611 millones.
- Segunda Vuelta: El exceso alcanzó los $583 millones, con gastos no reportados por $1.087 millones.
- Sanción Total: La campaña enfrenta multas superiores a los $5.000 millones, afectando no solo a Roa, sino también a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y a la auditora Mary Lucy Soto.
El otro frente judicial: Tráfico de influencias en Hocol
Además del lío electoral, Roa enfrenta un proceso paralelo por presunta corrupción interna en el Grupo Ecopetrol. La Fiscalía especializada de la Unidad contra la Corrupción lo señala de utilizar su cargo para favorecer intereses particulares entre agosto de 2024 y enero de 2025.
El caso Chuchupa-Ballena
Según la acusación, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol (filial de Ecopetrol), para adjudicar el millonario proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena a la empresa Gaxi ESP SAS, propiedad de Juan Guillermo Mancera.
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«Usted, Ricardo Roa, instruyó indebidamente la adjudicación de este proyecto en reuniones privadas y almuerzos en exclusivos restaurantes de Bogotá«, sostuvo la fiscal delegada durante la audiencia de marzo, donde Roa se declaró inocente.
¿Qué sigue para el presidente de Ecopetrol?
La Fiscalía ha reiterado que las pruebas son «contundentes» y que no permitirá más maniobras dilatorias. Ante la inasistencia de este miércoles, el ente acusador alista una nueva citación bajo advertencia.
Mientras el partido Colombia Humana ya aceptó cargos ante el CNE y se prepara para pagar una multa de mil millones de pesos, la situación jurídica de Ricardo Roa pende de un hilo. El mercado energético y la opinión pública observan con lupa si el máximo directivo de la empresa más importante del país podrá sostenerse en el cargo mientras se prepara para enfrentar un juicio penal que podría cambiar el rumbo político de Colombia.
