La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asestó un duro golpe a las pretensiones defensivas de los expresidentes del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez (expresidente del Senado) y Andrés David Calle Aguas (expresidente de la Cámara de Representantes). El alto tribunal desestimó de manera categórica la solicitud de libertad por presunto vencimiento de términos interpuesta por las defensas de ambos excongresistas, ratificando que deberán continuar privados de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.
La decisión judicial se da en el marco de una de las tramas de corrupción más complejas del erario público reciente: el entramado de desviación de recursos y direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La tesis del vencimiento de términos desestimada por el alto tribunal
Ambos exlegisladores, quienes enfrentan un pliego de cargos por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, argumentaban en su petición que se habían superado los plazos estrictamente establecidos en la ley procesal penal. Según las defensas de Name y Calle, habían transcurrido más de seis meses desde la formalización de la audiencia de acusación sin que se diera inicio formal a la etapa de juicio oral, lo que —a su juicio— configuraba una causal objetiva de libertad.
Sin embargo, tras una revisión exhaustiva del expediente y de los cómputos de los términos procesales, la Sala Penal concluyó que los tiempos del proceso se encuentran actuando estrictamente dentro de los márgenes legales contemplados en la norma.
La magistratura determinó que no existieron dilaciones injustificadas atribuibles al aparato de justicia y que la complejidad de las actuaciones de instrucción justifica la vigencia de la medida de aseguramiento de carácter intramural.
Apertura de nuevas pruebas en el expediente UNGRD
Sumado a la ratificación de la medida privativa de la libertad, la Corte Suprema de Justicia ordenó el decreto y la práctica de nuevas pruebas documentales y testimoniales para terminar de consolidar el marco probatorio en las investigaciones que se adelantan contra los dos expresidentes de la célula legislativa.
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El expediente busca esclarecer si Name y Calle habrían recibido gruesas sumas de dinero en efectivo provenientes del presupuesto de la UNGRD, canalizadas presuntamente a través de altos directivos de la entidad y contratistas, a cambio de impulsar la agenda legislativa y viabilizar proyectos de interés para el Gobierno Nacional en el Capitolio.
Con el respaldo de esta resolución judicial, el proceso contra Iván Name y Andrés Calle se encamina hacia la fase de juicio oral, mientras ambos permanecen bajo custodia bajo el criterio de que su libertad representa un riesgo para la efectividad de la administración de justicia.
