La controversia en torno a las operaciones militares aéreas ordenadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sumó este lunes 31 de agosto de 2026 un nuevo y gravísimo capítulo. Se conoció que un adolescente de 16 años falleció durante el primer bombardeo autorizado por el Jefe de Estado el pasado 10 de agosto, una incursión militar ejecutada en el Catatumbo que en su momento fue presentada por el Ejecutivo como un contundente éxito operacional.

La confirmación del deceso fue entregada a este medio por una fuente de alto nivel del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que concluyó los peritajes forenses sobre los restos trasladados desde la zona de la conflagración en el municipio de El Tarra (Norte de Santander).

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Silencio oficial e impactos en la población civil de El Tarra

El primer bombardeo del cuatrienio tuvo como objetivo táctico una campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el nororiente del país. No obstante, casi 20 días después de la ofensiva, la revelación sobre la muerte del menor contraviene el balance inicial de la Casa de Nariño y pone bajo la lupa los protocolos de inteligencia militar empleados para autorizar los ataques de aviación.

En el momento de las acciones bélicas, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales de la región del Catatumbo ya habían emitido alertas de urgencia tras constatar que tres campesinos resultaron heridos como consecuencia del impacto de las bombas —entre ellos una mujer de 44 años— y que las detonaciones provocaron daños en viviendas rurales y el desplazamiento forzado de decenas de familias hacia el casco urbano de El Tarra.

Mediante un comunicado oficial emitido tras el ataque, la Alcaldía de El Tarra denunció «detonaciones prolongadas» a lo largo de la noche que sembraron el pánico entre los pobladores, haciendo un llamado perentorio a las Fuerzas Militares para garantizar la protección de la vida y los derechos fundamentales de la población no combatiente.

Cuatro menores fallecidos en dos ofensivas aéreas

Con el hallazgo del cuerpo del joven en El Tarra, se eleva a cuatro la cifra de menores de edad muertos en desarrollo de las dos operaciones aéreas que ha ejecutado la administración De La Espriella en sus primeras tres semanas de gestión.

Este dato trasciende apenas horas después de que Medicina Legal y el Ministerio de Defensa confirmaran que en la Operación Amón —adelantada el pasado jueves 27 de agosto en El Retorno (Guaviare) contra las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Calarcá’— fallecieron tres menores de edad (dos jóvenes de 15 años y uno de 16).

Respecto a la incursión en Guaviare, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, sostuvo que el bombardeo se dirigió contra el Bloque ‘Jorge Suárez Briceño‘ liderado por alias ‘Cotiz’, asegurando que los diez fallecidos en el lugar actuaban como «combatientes en función continua de combate».

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La presión sobre los protocolos de inteligencia y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) podría incrementarse en las próximas horas. Fuentes del Instituto de Medicina Legal confirmaron que para este miércoles 2 de septiembre se espera la llegada de diez cuerpos adicionales rescatados en los perímetros de consolidación militar en el sur del país.

Por el momento, los equipos forenses desconocen si en este nuevo grupo de restos trasladados a las sedes de análisis se encuentran más menores de edad víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las organizaciones armadas ilegales.

Tanto la Defensoría del Pueblo como organizaciones de derechos humanos han solicitado al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación explicaciones detalladas sobre la presencia de menores en los objetivos militares fijados por la aviación de la Fuerza Pública.