La Procuraduría abrió una indagación previa por un presunto detrimento patrimonial en la contratación de la firma Amadeus Consultancy Limite, con sede en Reino Unido, para la defensa del presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos junto con su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
En el análisis preliminar, el Ministerio Público estableció que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) suscribió el contrato el 9 de enero de 2026, con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, bajo la modalidad de contratación directa, con la firma internacional por un valor cercano a COP 10.000 millones, con cargo al Presupuesto General de la Nación.
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El ente de control advirtió que el contrato contempla un esquema de pagos muy elevados, concentrados en un corto período de ejecución, “sin que se observe una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo cual genera serios cuestionamientos frente al principio de planeación”.
A esto se suma que el acuerdo no contempla garantías de cumplimiento, pese a involucrar recursos públicos. Con estos elementos, la Procuraduría dispuso la apertura de una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en la celebración del contrato entre el Dapre y Amadeus Consultancy Limited, así como una eventual transgresión de los principios de la contratación pública, al destinar fondos estatales a la defensa de presuntos intereses personales del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la página del Secop II, el contrato con la firma Amadeus Consultancy Limite tiene como fin “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras, así como la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas”.
Por su parte, la indagación de la Procuraduría que busca identificar o individualizar al posible responsable de una falta se originó a partir de una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, en la que se alertó sobre un eventual uso de recursos públicos para atender asuntos de carácter personal del jefe de Estado.
De acuerdo con la congresista, el acompañamiento jurídico que, según el abogado y representante legal, Daniel Kovalik, sería gratis, “terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía, ni el procedimiento de contratación”.
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Miranda pidió que se verifique si la contratación derivó en un detrimento patrimonial, al estar relacionada con controversias personales del presidente y no con fines colectivos. “Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, como peculado o contratación irregular”, afirmó la representante.
