El entramado de corrupción que carcome los cimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo y escandaloso capítulo. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria formal contra el exdirector general de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez, y otros dos ex altos directivos, por presuntas irregularidades en la planeación y adjudicación de un millonario contrato logístico destinado a mitigar los estragos del fenómeno de La Niña en el año 2022.
El expediente, liderado por la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, pone bajo la lupa un negocio jurídico que ascendió a los $5.000 millones de pesos.
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Además de Olmedo López, el pliego de investigación cobija directamente a:
- Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD.
- Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la entidad y entonces ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).
Las sospechas del Ministerio Público: Fallas en planeación y precios
De acuerdo con el auto emitido por el órgano de control disciplinario, existen indicios claros de que el proceso contractual estuvo plagado de anomalías desde su fase precontractual. La Procuraduría busca determinar si la UNGRD omitió los principios básicos de la contratación pública, advirtiendo que «podrían haberse presentado posibles deficiencias en la planeación del contrato».
El foco de los investigadores está puesto en establecer si el análisis de precios unitarios y el estudio de mercado previos fueron suficientes, razonados y verificables bajo la normatividad vigente. Asimismo, la Procuraduría busca verificar la legalidad en la selección del contratista, constatar si cumplía con los requisitos de idoneidad técnica y financiera, y esclarecer si durante la fase de ejecución se garantizó una comprobación material de las obligaciones, un recibo a satisfacción real y la validación correcta de cada uno de los desembolsos realizados.
Un historial delictivo: El millonario desfalco de los carrotanques
Esta nueva investigación se suma al grueso expediente judicial que ya enfrentan los exdirectivos de la UNGRD. El pasado 23 de junio, en una diligencia clave ante la Fiscalía General de la Nación, Olmedo López aceptó formalmente su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir dentro del megacaso de corrupción que estalló a comienzos de 2024.
Aquel escándalo matriz se originó con la polémica adquisición de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a las comunidades vulnerables de la Alta Guajira. Dicho contrato, pactado por $46.800 millones de pesos, arrojó un sobrecosto comprobado por la Fiscalía de $14.163 millones, dinero que terminó desviado hacia las arcas personales de Olmedo López, Sneyder Pinilla y el empresario pastuso Luis Eduardo López, apodado «El Pastuso».
Juicios y condenas: El ventilador que salpica al alto gobierno
El avance de las investigaciones, nutrido por los testimonios de los hoy procesados, ha provocado un terremoto político sin precedentes en el país. El ventilador encendido por los exdirectivos de la UNGRD tiene llamados a juicio penal a figuras de primera línea del entorno del presidente Gustavo Petro, entre quienes destacan:
- Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda) y Luis Fernando Velasco (exministro del Interior).
- Sandra Ortiz (exconsejera presidencial para las regiones).
- Carlos Ramón González (exdirector del DAPRE, actualmente prófugo de la justicia en Nicaragua).
- César Manrique Soacha (exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública).
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Por su parte, Sneyder Pinilla ya comenzó a pagar su deuda con la justicia. El pasado 29 de abril de 2025, el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá lo condenó a una pena privativa de la libertad de cinco años, ocho meses y un día de prisión, tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Como contraprestación para acceder a beneficios carcelarios, Pinilla se convirtió en el testigo estrella del ente acusador, comprometiéndose a entregar pruebas incriminatorias contra al menos 25 personas investigadas, incluyendo a congresistas en ejercicio y altos directivos del actual Gobierno. Con esta nueva acción de la Procuraduría, el cerco fiscal y disciplinario sobre los recursos de la gestión del riesgo en Colombia promete seguir estrechándose.
