Un demoledor informe de la Procuraduría General de la Nación ha ratificado que la muerte del menor Kevin Arley Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero, no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de fallas graves y sistemáticas en la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS. El caso ha encendido las alarmas sobre la viabilidad de la atención para enfermedades de alto costo en el país.
Trazabilidad de una tragedia: El medicamento que nunca llegó
En declaraciones para Blu Radio, la procuradora delegada para la Salud, Mónica Andrea Ulloa, reveló que tras una actuación preventiva se logró reconstruir la ruta de atención del menor. El hallazgo principal apunta a la interrupción injustificada en el tratamiento de su condición crónica.
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“La falta del suministro oportuno del medicamento incidió en el deterioro del estado de salud que pudo generar su fallecimiento”, afirmó Ulloa.
Ante la contundencia de las pruebas, el Ministerio Público ha solicitado la apertura de investigaciones disciplinarias y ha compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para determinar posibles responsabilidades penales, incluyendo el presunto delito de homicidio culposo.
Crisis financiera y ruptura de la red de servicios
El informe de ocho páginas elaborado por el organismo de control identifica un problema estructural: la deuda de la Nueva EPS con sus prestadores. Kevin Acosta era atendido por la IPS Medicarte, pero el contrato finalizó el 31 de diciembre debido a una deuda superior a los 53.000 millones de pesos.
Cronología del colapso asistencial:
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Fin de contrato con Medicarte: La falta de acuerdos de pago obligó al cierre del servicio para pacientes con hemofilia.
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Traslado fallido a Integral Solutions: La nueva entidad asignada reportó que no contaba con la información clínica del paciente ni con la solvencia para adquirir el medicamento vital debido a nuevos retrasos en los pagos.
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Accidente y remisión: El 8 de febrero, tras un accidente en Palestina (Huila), el menor fue remitido a Pitalito, donde se confirmó que la red no tenía capacidad resolutiva ni suministros básicos para tratarlo.
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Fallecimiento en Bogotá: Tras una demora crítica, el menor fue trasladado vía aérea a la capital, donde finalmente perdió la vida.
Alerta Roja: 11 millones de afiliados en riesgo
Más allá de este lamentable suceso, la Procuraduría lanzó una advertencia nacional sobre la estabilidad de la Nueva EPS, la entidad de salud más grande de Colombia. Según el organismo, el deterioro de los indicadores es «grave» y afecta no solo a pacientes con hemofilia, sino a toda la población con patologías de alto costo.
Indicadores de la crisis en el sistema:
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Aumento exponencial de PQR: Las peticiones, quejas y reclamos se han disparado ante la falta de citas y medicamentos.
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Avalancha de tutelas: Los usuarios se ven obligados a judicializar su derecho a la salud para recibir atención básica.
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Inestabilidad de prestadores: El impago de carteras está provocando el cierre masivo de servicios especializados.
“Estamos ante un grave riesgo… hoy no contamos con una red garantizada para que atienda a estos menores o a toda la población con estas enfermedades”, sentenció la procuradora Ulloa.
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Implicaciones Legales y Futuro de la EPS
La Fiscalía deberá establecer ahora si la conducta de los directivos de la Nueva EPS constituye una omisión criminal. Mientras tanto, el ente de control advirtió que, bajo las condiciones actuales, resulta inviable que la Nueva EPS asuma más afiliados, lo que agrava la incertidumbre en el marco de las intervenciones estatales al sistema de salud colombiano.
Este caso se convierte en un símbolo de la fragilidad del modelo actual, donde las deudas administrativas terminan traduciéndose en la pérdida de vidas humanas.
