La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso decisivo en la búsqueda de justicia por uno de los delitos más atroces del conflicto armado colombiano. La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán confirmó que el Macrocaso 07, centrado en el reclutamiento y utilización de niñas y niños en la guerra, ha alcanzado la cifra de 18.677 víctimas acreditadas, marcando el inicio de una fase de «ruta dialógica» entre víctimas y victimarios.
Este avance se produce tras la imputación de antiguos miembros del secretariado de las extintas FARC por crímenes de guerra, cometidos en un universo provisional de hechos que abarca desde 1971 hasta 2016.
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La ruta dialógica: Encuentros cara a cara por la verdad
Tras la imputación formal realizada en 2024, los comparecientes han presentado solicitudes de perdón y reconocimientos de daño. La magistrada Rueda explicó que la actual etapa contempla encuentros directos, una petición que las víctimas mantienen desde 2019.
«Las víctimas han solicitado estos espacios para transmitir sus emociones y esperanzas. Es un procedimiento previsto dentro de nuestro sistema transicional para humanizar la justicia«, señaló Rueda en entrevista con La FM.
Si el proceso continúa por la vía restaurativa, se convocará a una audiencia de reconocimiento. En esta instancia, los exguerrilleros deberán aceptar su responsabilidad individual y el daño causado, bajo la premisa de que estos crímenes de guerra no admiten un perdón judicial automático.
Justicia vs. Impunidad: El debate sobre las sanciones
Frente a los cuestionamientos sobre la ausencia de penas de cárcel tradicionales, la magistrada fue enfática al comparar el trabajo de la JEP con la justicia ordinaria. Antes de la creación de la Jurisdicción, el fenómeno del reclutamiento estaba invisibilizado: solo existían 380 investigaciones y escasas sentencias.
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Investigación robusta: La JEP ha develado patrones macrocriminales inéditos.
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Enfoque de género: El proceso incluye capítulos específicos sobre violencias de género e intrafilas.
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Sanciones construidas: Las penas restaurativas se diseñan en conjunto con las víctimas para asegurar que reparen el daño específico identificado.
¿Qué sucede si no hay aceptación de responsabilidad?
El sistema es claro: una vez la Sala de Reconocimiento determine que existe una aceptación suficiente de los hechos, se emitirá una resolución de conclusiones. No obstante, si un compareciente falla en la verdad o el reconocimiento, se activan los mecanismos para la pérdida de beneficios, lo que podría derivar en juicios adversariales con penas privativas de la libertad de hasta 20 años.
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Sobre el mensaje que esto envía a otros grupos armados activos, Rueda invitó a la reflexión: «Se ha construido una narrativa judicial que atribuye responsabilidad penal individual por políticas de un grupo armado que hoy pide perdón. No partimos de una base de indiferencia«.
Prevención: Un espejo para la niñez actual
El objetivo final del Macrocaso 07, más allá de la sanción, es la no repetición. El conocimiento generado sobre cómo miles de niños fueron arrebatados de sus hogares debe servir, según la magistrada, para analizar la vulnerabilidad actual de la infancia en Colombia y evitar que la historia se repita.
