En un fallo trascendental para la libertad de prensa y los derechos humanos, un juez penal especializado condenó a los máximos cabecillas del Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La sentencia responde a la responsabilidad de la guerrilla en el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación en la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander.
Los hechos, ocurridos entre 2016 y 2017, afectaron tanto a comunicadores colombianos como a reporteros de los Países Bajos que realizaban coberturas informativas en municipios como El Tarra.
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Cúpula del ELN declarada responsable
Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, el despacho judicial halló culpables a los integrantes históricos del COCE por los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todos bajo la modalidad de conductas agravadas.
Entre los condenados figuran los nombres más relevantes de la organización armada:
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Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”.
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Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias “Antonio García”.
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Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”.
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Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”.
Asimismo, el fallo judicial alcanza a mandos regionales del Frente de Guerra Nororiental, identificados como Leinner José Franco Pérez, alias “Marcos” o “Barbas”, y José Yuli Ávila Fierro, alias “Cuyo” o “Jaguar”.
Directrices de violencia contra la prensa
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, reveló que estas retenciones ilegales no fueron hechos aislados de unidades locales, sino el resultado de una directriz sistemática impartida desde la alta comandancia del ELN.
Según el ente acusador, el objetivo de estos ataques terroristas contra la prensa era doble:
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Control Territorial: Consolidar el dominio del grupo armado en el municipio de El Tarra y sus alrededores.
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Censura Informativa: Restringir el trabajo periodístico para evitar que se documentaran las actividades ilícitas y la situación de orden público en la frontera con Venezuela.
«Los actos de violencia e intimidación contra los periodistas y sus equipos de trabajo fueron herramientas de guerra para silenciar la libre expresión en la zona», subrayó la Fiscalía durante el juicio oral.
Impacto internacional y justicia transicional
Este fallo se produce en un momento crítico para el país, donde la seguridad de los comunicadores en zonas de conflicto sigue siendo una preocupación para organismos internacionales como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) y la ONU.
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La condena contra el COCE refuerza el precedente judicial de que los ataques a la prensa son violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que no quedarán impunes, independientemente del rango de quienes ordenen los crímenes.
Hasta el momento, la defensa de los implicados no ha emitido pronunciamientos sobre si apelará la decisión ante las instancias superiores.
