En un giro determinante para la política de seguridad y los procesos de negociación en Colombia, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que el ente investigador procederá con la imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”. El máximo líder de una de las facciones de las disidencias de las FARC, quien funge actualmente como delegado en las mesas de diálogo, es señalado de cometer crímenes de lesa humanidad mientras gozaba de beneficios jurídicos.

La decisión surge tras el análisis de material probatorio que vincula al jefe disidente con actividades delictivas perpetradas con posterioridad a su designación como vocero de paz, lo que representaría una violación directa a los compromisos de la estrategia gubernamental.

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Solicitud formal al Gobierno Nacional

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, la fiscal Camargo reveló que ya se han remitido dos solicitudes formales al presidente Gustavo Petro. Los requerimientos de la Fiscalía son taxativos:

  1. Levantamiento de la resolución que designó a alias ‘Calarcá’ como vocero de paz.
  2. Revocatoria de la suspensión de las órdenes de captura que pesan en contra del cabecilla.

«Esperamos que el presidente rápidamente se pronuncie sobre nuestra solicitud. Queremos que él, de primera mano, conozca qué es lo que se va a hacer«, enfatizó la jefa del ente acusador.

Evidencia electrónica: La clave del proceso

La determinación de la Fiscalía se consolidó tras una reunión de alto nivel sostenida el pasado lunes 6 de abril con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia. Según Camargo, la evidencia reina proviene de dispositivos electrónicos incautados durante un operativo en un retén en Antioquia en 2024.

Estimamos que estas conductas fueron cometidas luego de que él fuera designado vocero representante. Tenemos evidencia en los medios electrónicos incautados que dan cuenta de delitos de lesa humanidad”, precisó la Fiscal General.

Unificación de criterios jurídicos

La Fiscal Camargo explicó que la decisión también busca mantener una línea de conducta coherente dentro de la institución. Al comparar el caso con procesos anteriores, como los del Frente 33, la Fiscalía determinó que no se puede mantener la suspensión de órdenes de captura si existen indicios claros de reincidencia delictiva bajo el amparo de los beneficios de paz.

«Encontramos razonabilidad en el argumento de que la Fiscalía debe actuar de manera similar en casos parecidos. Vamos a buscar muy rápidamente una fecha de audiencia para formalizar esta imputación«, añadió.

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Impacto en la «Paz Total»

Este movimiento judicial supone un desafío técnico y político para la administración de Gustavo Petro. Alias ‘Calarcá’ es una pieza clave en las estructuras disidentes que actualmente adelantan acercamientos con el Estado. Una imputación por delitos de lesa humanidad —que por su naturaleza son imprescriptibles y no sujetos a amnistías— obligaría a replantear la permanencia del insurgente en la mesa de negociación.

Las autoridades judiciales se mantienen a la espera de la respuesta del Ejecutivo para proceder con la captura o la conducción del implicado a las audiencias correspondientes, marcando un precedente sobre los límites de la impunidad en los procesos de diálogo en Colombia.