El Gobierno Nacional enfrenta una de las crisis de credibilidad más agudas en su política de paz urbana. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, calificó este viernes de «penoso» el escándalo provocado por una fiesta privada en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, donde cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá disfrutaron de un concierto vallenato, licores y servicios de catering.
En una contundente entrevista con Blu Radio, el alto funcionario desmarcó al Ejecutivo de cualquier permiso para el evento y anunció medidas drásticas contra los responsables de la custodia del penal.
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Nelson Velásquez en Itagüí: Un festejo bajo la lupa
La polémica estalló tras conocerse videos de una celebración en la que el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez amenizó un festejo destinado a los jefes del crimen organizado que fungen como negociadores en los procesos de paz sociojurídica.
El ministro Cuervo inició su pronunciamiento con una disculpa formal a la ciudadanía:
«Aprovecho la oportunidad para rechazar ese tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar. Es penoso y ofrezco, en nombre del Gobierno y del Ministerio, excusas al país«, afirmó el titular de la cartera.
Fallas de seguridad y sospechas de corrupción en el INPEC
La investigación preliminar sugiere que el ingreso del grupo musical, así como de las bebidas alcohólicas y alimentos prohibidos, se produjo el pasado miércoles, aprovechando el régimen especial de visitas que cobija a 23 negociadores de paz recluidos en el centro penitenciario.
Posible complicidad de la guardia
Cuervo fue enfático al señalar que el ingreso de estos elementos no pudo ocurrir sin ayuda interna. «Para que ingresaran licor y otros elementos prohibidos por el régimen disciplinario, tuvieron que haber pasado cosas… y una de las posibles causas, sin duda, es la corrupción de personal de la guardia del INPEC«, sentenció.
Consecuencias inmediatas: Destituciones y suspensión de mesas de paz
La respuesta del Gobierno ante la vulneración de los protocolos de seguridad en la cárcel de Itagüí ha sido inmediata y se divide en tres frentes:
- Remoción de mandos: El director de la cárcel de Itagüí y el comandante de guardia fueron apartados de sus cargos de forma fulminante.
- Investigación disciplinaria: Siete dragoneantes del INPEC están bajo la lupa de los entes de control para determinar su grado de responsabilidad en el ingreso de los suministros.
- Freno a la «Paz Urbana»: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió realizar un «alto en el camino» y suspender los diálogos con las bandas del Valle de Aburrá hasta que se esclarezcan los hechos.
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«La Oficina del Alto Comisionado decidió suspender estos diálogos hasta tanto se conozca más información«, puntualizó el ministro Cuervo, advirtiendo que este tipo de abusos afectan gravemente la confianza de los colombianos en los procesos de negociación.
Impacto en la opinión pública
Este hecho se suma a la larga lista de cuestionamientos sobre el control estatal en los centros de reclusión. La «parranda vallenata» en Itagüí no solo representa una falla logística, sino un golpe político para la estrategia de Paz Total, al proyectar una imagen de impunidad y privilegios excesivos para quienes, se supone, están en un proceso de tránsito hacia la legalidad.
Se espera que en las próximas horas el INPEC entregue un informe detallado sobre los filtros de seguridad vulnerados y se defina el futuro de los beneficios para los cabecillas implicados en el festejo.
