Un demoledor informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en duda la viabilidad financiera de la reparación a las víctimas del conflicto armado para el próximo año. Según el ente de control, existe un déficit presupuestal del 83,6 % para cumplir con las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una brecha que pone en riesgo los derechos de miles de afectados.
Un vacío financiero de más de 100 mil millones
El análisis técnico de la Contraloría revela que, mientras la JEP estima que se requieren COP 121.858 millones para los componentes restauradores y reparadores de sus fallos en 2026, el presupuesto actualmente disponible apenas alcanza los COP 20.000 millones.
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Este faltante de COP 101.858 millones no incluye las nuevas sentencias que el tribunal de paz proyecta emitir durante el transcurso del año, lo que agrava la incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo de justicia transicional.
Incumplimientos de las antiguas Farc: Dólares falsos y bienes «fantasma»
Uno de los puntos más críticos del informe señala directamente al secretariado de las antiguas Farc por el incumplimiento en la entrega de activos comprometidos tras el Acuerdo de Paz. Entre los hallazgos más sorprendentes destacan:
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Efectivo: De los COP 12.070 millones reportados inicialmente por la exguerrilla, solo se han entregado efectivamente poco más de COP 2.100 millones.
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Divisas: De un compromiso de USD 450.000, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) detectó que USD 1.500 resultaron ser billetes falsos.
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Inmuebles: El rezago es casi total. De 722 bienes inmuebles registrados en el inventario de las Farc, la Contraloría confirmó que solo uno ha sido entregado de manera formal.
Riesgo de responsabilidad para el Estado
La contralora delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, advirtió que estos incumplimientos no solo afectan la percepción de justicia, sino que podrían generar contingencias legales contra el Estado colombiano por no garantizar la reparación integral.
«La diferencia sustancial entre los compromisos adquiridos y los bienes efectivamente entregados genera una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición», señala el documento.
Desafíos para el Presupuesto 2026
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El órgano de control también alertó que diversas entidades nacionales y territoriales encargadas de implementar las órdenes de la JEP no cuentan con las apropiaciones presupuestales necesarias para la próxima vigencia fiscal. Sin estos recursos, las sanciones propias —basadas en trabajos y obras con contenido reparador (TOAR)— quedarían únicamente en el papel.
La Contraloría instó al Gobierno Nacional y a la SAE a agilizar la monetización de activos y garantizar que la reparación a las víctimas deje de ser un saldo pendiente en la agenda de paz del país.
