En un fallo de trascendencia histórica para la justicia transicional y la defensa de los derechos civiles en el continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este lunes 23 de febrero de 2026 la responsabilidad internacional de la República de Colombia por el asesinato de Jesús Ramiro Zapata.
El docente, sindicalista y férreo defensor de los derechos humanos fue ejecutado el 3 de mayo de 2000 en el municipio de Segovia, Antioquia. Según la sentencia leída por el magistrado Rodrigo Mudrovitsch, presidente del tribunal, el Estado no solo falló en proteger su vida, sino que participó activamente en un proceso de estigmatización y persecución que culminó en su muerte.
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Crónica de una persecución anunciada
La Corte IDH determinó que el homicidio de Zapata fue el desenlace de una sistemática campaña de acoso, hostigamiento y criminalización. El activista se había convertido en un objetivo tras denunciar reiteradamente los vínculos entre el Ejército Nacional y estructuras paramilitares en las masacres de Segovia de 1988 y 1996.
Los pilares de la victimización:
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Señalamientos públicos: Fue vinculado falsamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Persecución judicial: Se abrieron cinco investigaciones penales en su contra basadas en informes de inteligencia ilegales.
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Acoso laboral: Fue suspendido de su cargo docente por 90 días sin remuneración antes de ser reincorporado en una zona de alto riesgo.
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Desplazamiento forzado: El riesgo inminente lo obligó a abandonar su territorio para refugiarse en Medellín en 1998.
Un Estado que «omitió y persiguió»
El tribunal internacional fue enfático al señalar que el Estado colombiano estaba plenamente informado de las amenazas contra Zapata. «No tomó ninguna acción para lograr el cese de las mismas ni para determinar a los responsables», subrayó el juez Mudrovitsch.
La sentencia resalta que se vulneraron múltiples derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana, entre ellos:
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Derecho a la vida y la integridad personal.
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Garantías y protección judicial (debido a la falta de diligencia en la investigación posterior al crimen).
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Derecho autónomo a defender los derechos humanos.
Reparaciones: Memoria y justicia contra la impunidad
Tras más de 26 años de impunidad, la Corte IDH ha ordenado una serie de medidas de reparación obligatorias para el Estado colombiano, orientadas a dignificar la memoria de Zapata y esclarecer los hechos:
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Investigación penal: El Estado debe identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales en un plazo razonable.
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Depuración de archivos: Se ordenó la eliminación del nombre de Jesús Ramiro Zapata de cualquier archivo de inteligencia que lo vincule con actividades ilícitas.
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Acto público de perdón: Colombia deberá realizar un reconocimiento internacional de responsabilidad.
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Memoria histórica: Se instalará una placa en la escuela de Santo Domingo Savio (su último lugar de trabajo) y se producirá un documental sobre su legado.
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El impacto del fallo
Esta sentencia sienta un precedente crucial para los líderes sociales en Colombia, un país que sigue liderando las estadísticas de violencia contra defensores de derechos humanos. Al reconocer que la criminalización judicial fue una herramienta para facilitar el asesinato, la Corte IDH envía un mensaje contundente sobre los límites de la inteligencia militar y la protección que el Estado debe garantizar a sus críticos.
La Corte IDH confirmó que supervisará de cerca el cumplimiento de cada punto de la sentencia para asegurar que el caso de Jesús Ramiro Zapata no regrese a las sombras del olvido judicial.
