El proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá enfrenta una de sus crisis más profundas. En una coincidencia temporal que evidencia la desconexión entre las ramas del poder, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció la reactivación de las órdenes de captura contra 16 jefes de estructuras criminales, precisamente en el momento en que la delegación oficial reportaba avances significativos desde la cárcel de Itagüí.
Este movimiento judicial pone en jaque la viabilidad del Espacio de Conversación Sociojurídico, una iniciativa que busca desmantelar las bandas delictivas de Medellín y sus alrededores bajo el marco de la «Paz Total» del gobierno de Gustavo Petro.
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La defensa del proceso: ¿Garantías o beneficios?
La senadora Isabel Zuleta, jefa de la delegación oficial, calificó la medida de la Fiscalía como una muestra de la «persecución judicial y mediática» que enfrenta el proceso. Zuleta defendió la necesidad de suspender las órdenes de captura de 23 cabecillas —de los cuales siete ya cumplieron condena— argumentando que es una herramienta indispensable para proteger los diálogos.
“Parece ilógico que a una persona ya privada de la libertad se le dicte una nueva orden de captura, pero son las realidades atípicas que vive este proceso”, explicó la congresista, subrayando que estas medidas se sustentan en la Ley 2272 de 2022.
Por su parte, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP) respaldó esta postura, señalando que la suspensión de capturas es una estrategia orientada al desescalamiento de las violencias urbanas y no una concesión de impunidad.
La hoja de ruta: Cinco ejes para la transformación de Medellín
Pese a la tormenta judicial, las partes presentaron un comunicado conjunto que define los pilares sobre los cuales se construirá el acuerdo final. Esta hoja de ruta busca trascender la mesa de negociación e involucrar a la ciudadanía plena:
- Desescalamiento de las violencias: Reducción inmediata de delitos de alto impacto.
- Reparación de las víctimas: Un enfoque concreto basado en realidades territoriales.
- Transformación de los territorios: Intervención social en comunas críticas.
- Sustitución de economías ilegales: Alternativas de vida para jóvenes vinculados a bandas.
- Fortalecimiento del Estado Social de Derecho: Presencia institucional permanente.
Polémica política: ¿Proselitismo armado en Antioquia?
El proceso no solo enfrenta obstáculos jurídicos, sino también fuertes cuestionamientos políticos. El exsenador Roy Barreras encendió el debate al sugerir que la liberación o beneficios a jefes de clanes mafiosos en Antioquia podría tener fines electorales, específicamente para favorecer la campaña presidencial de Iván Cepeda.
Ante la pregunta de si estas estructuras buscan impulsar votaciones para el candidato oficialista, Barreras respondió de forma tajante: «No, no solo en Antioquia«, sugiriendo una estrategia de alcance nacional.
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La respuesta de Isabel Zuleta
La senadora Zuleta desestimó las acusaciones y retó a los críticos a presentar evidencias. «Que muestren las pruebas. Nosotros lo que hemos hecho es generar garantías para que no haya coerción sobre la población», afirmó. Zuleta citó informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) para sostener que, en los municipios con procesos de paz, las jornadas electorales han sido las más pacíficas en años.
Un futuro incierto
La reactivación de las capturas por parte de la Fiscalía deja al proceso en un limbo jurídico. Mientras el Gobierno apuesta por la legitimidad social a través de foros y participación comunitaria, el ente acusador recuerda que los compromisos de paz no eximen a los actores armados de sus responsabilidades ante la justicia ordinaria.
El éxito de la paz urbana en Medellín dependerá ahora de la capacidad de la Casa de Nariño para armonizar sus ambiciones de paz con la independencia de la Fiscalía, en un año donde la seguridad y la política electoral parecen ser caras de la misma moneda.
#Primicia | Esta es la resolución 00079 por medio de la cual la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, revocó 16 de las 23 órdenes de captura de los cabecillas de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y en el Valle de Aburrá.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 7, 2026
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