Aunque la jornada electoral de este 8 de marzo transcurrió bajo una aparente normalidad en los principales centros urbanos, la Defensoría del Pueblo emitió un balance crítico sobre la transparencia y seguridad en los territorios. La entidad registró un total de 864 incidentes que ponen de relieve los retos estructurales que aún enfrenta la democracia colombiana.
Entre los hallazgos más graves se encuentran la captura de individuos por delitos electorales, la incautación de sumas millonarias de dinero en efectivo y el reporte de presiones por parte de grupos armados ilegales en departamentos estratégicos.
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Corrupción y delitos electorales: Cifras de la jornada
Uno de los puntos más alarmantes del informe es el golpe a las redes de corrupción electoral. Según la Defensoría, las autoridades lograron la incautación de $3.760 millones de pesos (COP), presuntamente destinados a la compra de votos.
Además del flujo de dinero ilícito, se reportaron las siguientes irregularidades:
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Falsedad y publicidad: Comparendos por realizar propaganda política en puestos de votación y denuncias por toma de fotografías a los cubículos.
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Irregularidades en frontera: En Cúcuta y otras zonas limítrofes con Venezuela, se detectó el fenómeno de «trasteo de votos» y esquemas de movilización irregular de votantes.
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Presiones de grupos armados: En Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare y Norte de Santander, se denunciaron coacciones a la ciudadanía para favorecer candidaturas específicas.
Fallas logísticas y barreras de acceso
El monitoreo reveló que la logística electoral presentó fisuras que afectaron el derecho al sufragio. El incidente más recurrente fue la ausencia de jurados, con 286 quejas formales.
| Tipo de Incidente Logístico | Número de Reportes |
| Puestos con jurados incompletos | 286 |
| Limitaciones para personas con discapacidad | 79 |
| Problemas con el censo electoral | 47 |
| Falta de material en sistema Braille | Persistente |
Asimismo, la ola invernal obligó al traslado de puestos de votación, como ocurrió en San Antero (Córdoba), donde el mal estado de las vías y las protestas ciudadanas impidieron el flujo normal de la jornada.
Alteraciones del orden público y conflicto armado
La Defensoría alertó que el conflicto armado impactó directamente la jornada en zonas rurales, donde se presentaron enfrentamientos directos entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley.
Puntos críticos de violencia:
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Bolívar: En Calamar, se reportó la destrucción de material electoral.
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Antioquia: Hostigamientos armados en Valdivia (vereda La Paulina) y enfrentamientos en Yondó.
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Valle del Cauca: Combates entre el Ejército y disidencias de las FARC en Bajo Calima, Buenaventura.
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Magdalena: En Aracataca, enfrentamientos entre el EGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada afectaron el resguardo indígena Serankua.
«Estos casos muestran que aún enfrentamos un reto importante como sociedad en términos de cultura política. Las prácticas que afectan la transparencia deben investigarse con rigor para no socavar la confianza ciudadana«, destacó la Defensoría en su comunicado oficial.
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Neutralidad en entredicho
El informe también señala irregularidades por parte de algunos jurados y testigos electorales, quienes habrían sugerido el sentido del voto o emitido opiniones políticas inapropiadas, violando el principio de neutralidad que exige la función pública durante los comicios.
Tras el cierre de las urnas, el organismo solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría celeridad en las investigaciones por la compra de votos y las presiones armadas, factores que empañaron la jornada en las regiones más vulnerables del país.
