La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una Alerta Temprana de inminencia para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en el departamento del Huila. La advertencia responde a un peligroso escenario de confrontación armada entre tres facciones disidentes de las antiguas FARC que buscan consolidar un corredor estratégico hacia el centro y sur del país.
El mapa del conflicto: Tres estructuras en pugna
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Según el informe técnico del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la estabilidad de la región se encuentra amenazada por la convergencia de estructuras con intereses contrapuestos:
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Frente Iván Díaz: Perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño (EMBF), estructura que tradicionalmente ha mantenido el control en la zona.
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Compañía Arlex Vargas: Del Bloque Central Isaías Pardo (Estado Mayor Central – EMC), que inició su incursión territorial a principios de 2025.
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Segunda Marquetalia: Facción que busca recuperar el control histórico que las antiguas FARC ejercieron en este enclave estratégico del Huila.
Esta tríada de grupos armados ilegales ha generado un clima de zozobra que, según la Defensoría, podría derivar en combates abiertos, uso de drones con explosivos y la siembra de minas antipersonal, replicando patrones de violencia ya vistos en el departamento del Caquetá.
Incremento de la violencia y control social
El recrudecimiento de la violencia no es una proyección, sino una realidad palpable. En Algeciras, se registraron 29 homicidios durante el 2025, cifra directamente vinculada a las tensiones entre estas facciones.
En lo que va de 2026, la situación ha empeorado:
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Enero: Asesinato del vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Santuario.
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Ataques urbanos: Atentados con artefactos explosivos contra estaciones de servicio y locales comerciales.
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Gobernanza criminal: Imposición de horarios, restricciones a la movilidad y citaciones obligatorias a la población civil.
Sectores productivos bajo asedio
La economía local está sufriendo el impacto directo de la extorsión sistemática. La Defensoría advierte que sectores clave como el transporte, el comercio y la producción arrocera están siendo blanco de cobros ilegales bajo amenazas de muerte. Los grupos armados utilizan estas rentas para financiar su guerra territorial, convirtiendo a los civiles en su principal fuente de recursos.
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Poblaciones en riesgo: Niñez y firmantes de paz
El organismo humanitario hizo especial énfasis en dos grupos vulnerables:
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Menores de edad: Existe un riesgo crítico de reclutamiento forzado, particularmente en las zonas rurales apartadas de los cascos urbanos.
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Firmantes del Acuerdo de Paz: Los excombatientes y sus familias enfrentan un panorama de estigmatización y presión violenta para que se reincorporen a las filas de las nuevas disidencias.
«El uso de la población civil como escudo humano en medio de las confrontaciones es una preocupación latente«, señala el informe defensorial, instando a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional a intervenir de manera integral para evitar una catástrofe humanitaria.
