El impacto del conflicto armado y la disputa territorial entre estructuras al margen de la ley continúan golpeando de manera severa a la población civil en Colombia. De acuerdo con el informe institucional «Dinámicas de movilidad humana forzada en Colombia», presentado este jueves 23 de julio de 2026 por la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año se registraron 15.960 personas víctimas de desplazamiento forzado a lo largo de 83 eventos masivos reportados en distintas regiones del país.

El documento, de 25 páginas de análisis técnico, ofrece un minucioso diagnóstico de la vulneración de derechos humanos en los territorios donde impera la gobernanza criminal. Solo en el mes de junio, la entidad documentó 12 episodios de desplazamiento masivo que desplazaron a 2.742 ciudadanos, mientras que la cifra de personas en situación de confinamiento forzado alcanzó la dramática suma de 64.787 afectados en la primera mitad del año.

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Picos de la crisis: Enero y mayo concentran los mayores desplazamientos

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo establece que enero y mayo fueron los meses más críticos del semestre en materia de expulsión de comunidades, registrando la salida forzada de 3.900 y 2.873 personas, respectivamente.

Sin embargo, la cara más cruda de la confrontación armada se refleja en los niveles de confinamiento. Marzo marcó el pico más severo del semestre con 21.177 personas confinadas, seguido por enero (17.651) y mayo (15.080). En estas zonas, la población civil permanece bajo el control de grupos armados, con restricciones drásticas a la movilidad, al abastecimiento de víveres y al acceso a servicios de salud.

Cuadro comparativo 2025 vs. 2026: Desplazamiento baja, pero el confinamiento se dispara

Al comparar el desempeño del primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, el organismo de control identificó un comportamiento desigual en los indicadores de movilidad humana:

Indicador HumanitarioPrimer Semestre 2025Primer Semestre 2026Variación / Tendencia
Eventos de Desplazamiento54 eventos masivos83 eventos masivosMayor dispersión territorial
Víctimas de Desplazamiento82.538 personas15.960 personasReducción del 80,6 % (impacto Catatumbo en 2025)
Eventos de Confinamiento45 eventos44 eventosFrecuencia similar
Víctimas de Confinamiento50.548 personas64.787 personasAumento del 28,1 %

En el caso del desplazamiento, la marcada disminución de víctimas responde a que las cifras del inicio de 2025 estuvieron atípicamente infladas por la grave emergencia humanitaria ocurrida en la región del Catatumbo (Norte de Santander). No obstante, el confinamiento mostró un deterioro sustancial, concentrándose la mayor afectación en los departamentos de Chocó, Cauca, Antioquia y Norte de Santander.

Focos geográficos y actores armados responsables

En cuanto al comportamiento geográfico del desplazamiento masivo, las mayores emergencias se focalizaron en seis departamentos: Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Cauca y Meta, sumando un total de 1.111 familias desplazadas.

El informe de la Defensoría precisa que las principales causas de expulsión comunitaria responden a accionales violentas como amenazas directas, combates con huella territorial, uso de drones cargados con explosivos, actos terroristas y hostigamientos armados.

«Resulta difícil hacer distinciones operativas entre las estructuras ilegales que provocan desplazamientos y confinamientos, pues todas tienen participación activa en la violación del DIH. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC se mantienen como los actores armados de mayor incidencia en estas dinámicas», cita la investigación.

Impacto disproportionado sobre los pueblos étnicos

La crisis de movilidad humana impacta con especial sevicia a las minorías étnicas del país. Durante los primeros seis meses de 2026, 14 comunidades afrodescendientes y 15 comunidades indígenas sufrieron episodios de desplazamiento forzado.

Esto implica que el 17 % de los eventos de desplazamiento masivo afectaron a poblaciones afrocolombianas y un 18 % a resguardos indígenas. El escenario de confinamiento es aún más grave para la autonomía territorial: el 48 % de los confinamientos registrados en el país afectaron a 27 comunidades étnicas.

Migración irregular cae un 38,2 % por restricciones en el norte del continente

El documento dedica un capítulo analítico al tránsito de migrantes irregulares por el territorio nacional. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la Defensoría contabilizó el paso de 51.938 migrantes irregulares, lo que representa una reducción del 38,2 % frente a las 84.083 personas registradas en el primer semestre de 2025.

Los principales puntos de control fronterizo por donde ingresó y transitó el flujo migratorio fueron:

  1. Ecuador: 49,6 %
  2. Venezuela: 41,6 %
  3. Panamá: 8,2 %

El organismo explicó que este descenso en el flujo transitorio obedece principalmente al severo endurecimiento de las políticas y restricciones migratorias implementadas por los países del norte del continente, de manera coordinada con la administración de los Estados Unidos.

De forma paralela, las autoridades colombianas recibieron 17 vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos (12), Chile (3) y España (2), sumando un total de 1.663 connacionales retornados (1.161 hombres, 456 mujeres y 46 niños, niñas y adolescentes).

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Exhorto urgente al Gobierno Nacional y autoridades regionales

Frente al sombrío panorama documentado, la Defensoría del Pueblo formuló un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los entes territoriales para activar de inmediato las rutas de prevención y protección a favor de la población civil.

Entre las recomendaciones prioritarias destacan:

  • Convocatoria inmediata de Comités de Justicia Transicional en las zonas de mayor conflicto.
  • Garantía e intensificación en la entrega de ayuda humanitaria de emergencia.
  • Despliegue de atención integral en salud física, mental y acompañamiento psicosocial.
  • Medidas reforzadas de protección para la infancia y adolescencia en riesgo de reclutamiento forzado.
  • Fortalecimiento real de la presencia institucional y la oferta social en los territorios golpeados por la violencia.

«La Defensoría del Pueblo continuará haciéndole seguimiento riguroso a la situación de movilidad humana en Colombia, con el propósito de identificar tendencias, documentar riesgos y aportar información técnica para la puesta en marcha de medidas efectivas de prevención, protección y atención», concluye el informe.