POLÍTICA

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por la presunta realización de 95 contratos de prestación de servicios, o de apoyo a la gestión, con los que se habría asegurado la continuidad, antes de salir del cargo, de sus funcionarios hasta el 31 de diciembre de 2023.

El ente disciplinario reprochó que la funcionaria cancelara los contratos de manera bilateral, aduciendo motivos personales de los contratistas, y 24, 48 o 72 horas después firmara nuevos contratos con los mismos particulares e idénticos objetos contractuales, solo ampliando el plazo de ejecución hasta finalizar la presente vigencia.

La Sala de Instrucción Disciplinaria indicó que, al parecer, Urrutia Ocoró, que había renunciado dos días antes, pasó por alto el cumplimiento de los objetivos propios del Ministerio del que fungía como titular y las funciones que eran propias de la entidad, y prefirió beneficiar a terceros.

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Con su supuesta actuación, el Ministerio Público expresó que la exministra desconoció el principio de moralidad al favorecer a terceros y se alejó del cumplimiento del ordenamiento legal, por lo que de manera provisional calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.
Este pliego de cargos se suma al expediente que le abrió la Sala por la presunta omisión de la advertencia hecha por el grupo de contratación de la entidad sobre la existencia de más oferentes y la posibilidad de gestionar un proceso más plural, y utilizar la contratación directa para vincular a la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo).

Por estos hechos, ya fue llamada a juicio por la Fiscalía General para que responda por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Cabe recordar que cuando recién se dio a conocer su forma de llevar a cabo las firmas de los contratos, antes de dejar el ministerio, María Isabel Urrutia expresó su inconformismo al respecto.

En su momento, la medallista olímpica expresó: “No veo en dónde la Fiscalía me pueda imputar cargos por haber organizado el ministerio”, y señaló que lo que hizo no fue para beneficiar a ninguna persona, empresa o entidad.

“Con la resolución que sacó el señor presidente Gustavo Petro, se podían hacer contratos por 4 meses o por 11 meses, pero la carga laboral para ellos era muy grande y empezamos el proceso de subir. Cuando dijeron que me tenía que ir, el mismo sindicato me llamó y dijo que estaban con carga laboral y subimos los contratos”, indicó la exfuncionaria del Gobierno Petro.

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Por otra parte, destacó que no fueron 106, sino un total de 350 contratos que terminaron y renovaron, de una muestra de 2.700 trabajadores, hasta los 11 meses, aseveró Urrutia.

Adicionalmente, destacó en su momento que para ella no significa un delito lo que hizo, dado que, desde su forma de verlo, simplemente llevaba a cabo su trabajo: “Para mí no es grande lo que me están imputando, porque como ordenadora de gastos tengo que responder”, indicó Urrutia, quien aseveró que con sus actos administrativos lo que buscada era ordenar el ministerio y evitar detrimento patrimonial, ya que su objetivo era que se optimizaran los contratos y funciones, y pasar de más de 2.000 funcionarios a 500.