JUDICIAL

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Bahía’ que estaría utilizando un establecimiento nocturno para realizar ‘cambiazos’ de tarjetas débito y crédito a sus clientes y así hurtarlos en el sector del malecón de Neiva (Huila).

En ese sentido, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los imputó, según su responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y enriquecimiento ilícito.

Actividades investigativas lideradas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), establecieron que estas personas entre abril de 2023 y mayo de 2024, al parecer, usaban los servicios sexuales de mujeres para distraer a sus víctimas al momento de pagar lo consumido en el lugar y así robarlos.

Elementos materiales probatorios dan cuenta de que en el momento que las víctimas pasaban las tarjetas por el datáfono, se presentaba un supuesto daño en la red, pero en realidad, era un pretexto para cambiarles el plástico por uno inservible y tener acceso a las claves.

De igual manera, las víctimas eran llevadas hasta residencias cercanas al local comercial y allí presuntamente puestas en estado de indefensión, para luego hurtarle sus pertenencias de valor.

Los procesados habrían realizado compras en centros comerciales, almacenes de cadena, farmacias, restaurantes, así como en estaciones de servicio. Este grupo delincuencial se habría apropiado de 133  millones de pesos de las víctimas.

Estas personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el CTI, con apoyo del Ejército y la Policía Nacional en Neiva (Huila) y Jamundí (Valle del Cauca).  En los operativos les incautaron 16 tarjetas y celulares.

Los detenidos son Katherine Fuentes Rueda, alias Andrea Pérez,  cabecilla de la red delictiva; Jazblendy Katerine Mutis Fuentes, Francisco Gabriel Beltrán Carrillo y Guillermo Alfonso Artunduaga, alias Memo o El Zarco.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Fuentes Rueda, Beltrán Carrillo y Alfonso Artunduaga.  Por su parte, a Mutis Fuentes en su lugar de domicilio.

Luego de evaluar el material de probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Durango Reyes del Clan del Golfo, quienes estarían involucrados en la desaparición de un exrector de una institución educativa en Cartagena (Bolívar), en hechos ocurridos el 28 de noviembre de 2023.

Se trata de Arnaldo José Carriazo Villamil, alias Naldo; su compañera sentimental Yessica Paola Suárez Torres; y su suegra Karelis María Torres Polo. Fiscales de la Seccional Bolívar les imputaron, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir, ambas conductas agravadas y favorecimiento. Cargos que no fueron aceptados.

De acuerdo con la investigación, la víctima de 72 años salió de su vivienda ubicada en el barrio San Fernando hasta una finca de su propiedad en Clemencia (Bolívar). Se presume que al llegar al lugar lo esperaban integrantes del ‘Clan del Golfo’ quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca de su paradero.

El material de prueba da cuenta de que Carriazo Villamil laboró en el predio de propiedad del desaparecido y que durante ese tiempo, en compañía de su pareja y su suegra, habría recolectado información para la organización criminal.

Esto es, presencia de la Fuerza Pública para evadirla, información sobre cualquier novedad que se presentara en Clemencia y sus alrededores, ubicación de potenciales nuevos integrantes para fortalecer al grupo delincuencial y la recuperación de unas armas utilizadas en conductas delictivas que se le habían perdido a la organización.

En cumplimiento de órdenes judiciales, ‘Naldo’ y Suárez Torres fueron capturados por la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá. Entre tanto, Torres Polo fue detenida en Clemencia (Bolívar).

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre que estaría implicado en el homicidio de su compañera sentimental, en hechos ocurridos el pasado 8 de marzo en Aracataca (Magdalena).

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Magdalena imputó al procesado el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó.

Según la investigación, luego de una discusión, el hombre presuntamente atacó a la víctima causándole la muerte. Posteriormente, habría ocultado el cuerpo de la mujer en una bolsa y lo abandonó en un arroyo.

El hallazgo del cuerpo se produjo 24 horas después, gracias a la búsqueda liderada por familiares, vecinos del sector y uniformados de la Policía Nacional.

Las indagaciones también permitieron establecer que la víctima, presuntamente, venía siendo sometida a constantes episodios de violencia física, psicológica y económica por parte del hoy procesado.  

El hombre fue detenido por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta (Magdalena).

César Andrés Manrique Isidro, de 21 años, fue presentado ante un juez de control de garantías de Cali (Valle del Cauca) como posible responsable de los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y hurto calificado, los tres agravados.

El procesado, al parecer, haría parte del grupo delincuencial Los Cat, red criminal responsable de ubicar personas interesadas en comprar o vender maquinaria amarilla, para engañarlas con falsas promesas.

Según la investigación, los integrantes de la organización ilegal estarían encargados de contactar a eventuales víctimas, mediante publicaciones engañosas divulgadas en redes sociales. De esta manera, lograrían atraer a interesados a quienes mantenían retenidos en lugares de Cali, Candelaria, Jamundí y Palmira (Valle del Cauca).

Manrique Isidro, al parecer, participó en el secuestro de dos hombres a quienes retuvieron el 30 de agosto de 2023. Las víctimas viajaron desde Valledupar a la capital vallecaucana con el propósito de negociar una retroexcavadora y una volqueta. Al reunirse con los presuntos vendedores, las dos personas fueron secuestradas, maltratadas e intimidadas con armas de fuego.

A uno de los hombres le fueron hurtados 15 millones de pesos, tras forzarlo a realizar una transferencia a una cuenta personal. Previo a esto, a las víctimas les fue exigido el pago de 300 millones de pesos.

El procesado fue capturado el pasado 13 de marzo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en una vía pública del barrio Valle Grande de Cali. El juez de control de garantías acogió las peticiones de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a imponer medida de aseguramiento carcelario al investigado.

Elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de dos hombres señalados de participar en el asesinato de una joven de 19 años. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo en una zona boscosa de Ibagué (Tolima).

Se trata de Brandon Andrés Archila, de 21 años, y Santiago Hurtado González, de 19, a quienes una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó el delito de feminicidio agravado. Cargo que no fue aceptado.

Los procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional durante operativos simultáneos que se cumplieron en el barrio Kennedy Central de Bogotá y en el sector de El Jordán de Ibagué (Tolima).

Las actividades investigativas adelantadas por el CTI determinaron que los investigados habrían contactado a la víctima a través de una red social con una falsa promesa de empleo.

El pasado 7 de marzo la mujer fue citada en un establecimiento comercial del barrio Arroyuelos. Se cree que Archila y Hurtado la llevaron a una zona boscosa donde fue atacada con arma blanca en múltiples oportunidades. Una vez cometido el crimen, los presuntos responsables se cambiaron la ropa y huyeron de la zona. El cuerpo fue encontrado al día siguiente.

El juez de control de garantías le impuso a los procesados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Un fiscal del Grupo Especializado contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante un juez de control de garantías a Martha Yulieth Escobar Urrego, y le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y maltrato animal, los cuales no fueron aceptados.

En diligencia realizada en la casa de la mujer, en zona rural de Copacabana (Antioquia), funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y de la alcaldía municipal fueron encontradas ocho tortugas morrocoy, que presentaban condiciones precarias de salud; y 9 subproductos de fauna marina como corales y caracoles.

Las especies fueron recuperadas y puestas a disposición de las autoridades ambientales para su rehabilitación.

Las tortugas morrocoy están en peligro de extinción debido a la caza excesiva y a la destrucción de su hábitat, y son protegidas por el Convenio sobre el Tráfico Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES, por sus siglas en inglés). De igual manera, los corales están clasificados como en peligro de extinción debido al calentamiento global y a la sobrepesca, y aparecen en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.