JUDICIAL

Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 13 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chamos, a quienes les fueron imputados, según sus responsabilidades individuales delitos como: concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de crímenes.

Durante la investigación, se evidenció que este grupo delincuencial comercializaba sustancias ilegales en entornos escolares y deportivos de Piedecuesta (Santander). Para esto, al parecer, utilizaban la modalidad de ‘mano a mano’ e instrumentalizaban menores para evadir los controles de las autoridades.

Según las investigaciones, el comercio ilícito le generaba a la red criminal ganancias mensuales cercanas a los 25 millones de pesos.

En el desarrollo de 12 diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en los barrios La Feria y Plaza de Mercado fueron capturados los procesados. En los lugares encontraron distintas cantidades de marihuana, cocaína; además de dinero en efectivo, celulares y elementos para dosificar las sustancias.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Dayana Hincapié Valencia y Carlos Andrés Cardona Hernández, como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado, acceso abusivo a sistema informático y transferencia no consentida de activos, todas las conductas agravadas.

Estas personas estarían implicadas en el hurto de más de 180 millones de pesos a dos hombres de nacionalidad Turca. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2023 en un apartamento del barrio El Poblado de Medellín, mientras las víctimas estaban acompañadas por dos mujeres a quienes habían contactado a través de una plataforma de citas.

Al parecer, las dos mujeres les suministraron a los extranjeros una bebida que les hizo perder la consciencia durante 2 días. En este periodo les habrían hurtado sus pertenencias valoradas en 19 millones de pesos.

Los hoy investigados habrían accedido a las aplicaciones que las víctimas tendrían en sus celulares y así habrían transferido a billeteras virtuales criptomonedas valoradas en más de 165 millones de pesos.

Servidores de la Policía Nacional capturaron a los procesados en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). En las acciones judiciales fueron confiscados ocho celulares y 150’650.000 de pesos en efectivo.

El juez de control de garantías ordenó la incautación con fines de comiso del dinero recuperado.

En el mismo operativo judicial fue capturada e imputada por los mismos delitos Jenifer Leandra Toro, quien fue dejada en libertad por decisión de la judicatura, pero continúa vinculada al proceso.

Ante solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez promiscuo municipal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional, como presuntos responsables del homicidio de once personas en el caserío Alto Remanso de Puerto Leguízamo (Putumayo) en marzo de 2022.

La medida, proferida por los delitos de homicidio en persona protegida consumado y tentado, cobija al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, al capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, al teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, a los sargentos Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, a los cabos Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y a 17 soldados profesionales.

Los 24 uniformados responden en esta investigación penal por hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022 durante la operación militar Mahlon Nro 5, en desarrollo de la cual, al parecer, dispararon de manera indiscriminada durante dos horas y media causando la muerte de once personas. Entre las víctimas registradas se encuentran un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, además de cuatro personas heridas, una de ellas una menor embarazada que dormía en su vivienda.

“Estás once personas murieron como consecuencia directa de la acción de disparos de las tropas especiales del Ejército Nacional, ocho de ellas eran civiles; esto es, no eran combatientes (…) debido a que como población civil no se encontraban participando directamente en las hostilidades”, afirmó en audiencia el fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encargado del caso.

Según la investigación, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo, último día del bazar comunitario en el que participaron alrededor de 300 personas de veredas cercanas al caserío, un tirador de alta precisión inició el ataque contra hombres armados presentes en el Alto Remanso que estaban en medio de la población civil. A partir de ese momento empezó el desarrollo de la operación militar presuntamente indiscriminada y desproporcionada que culminó, dos horas y media después, con la muerte de once personas y cinco heridas

De acuerdo con el relato del fiscal a cargo, al terminar la intervención armada, la tropa habría ingresado al caserío usando sudaderas de color verde oscuro, camisetas negras y pañoletas negras, e identificado como un grupo armado ilegal, reunido a la población civil en la cancha múltiple por varias horas, mientras presuntamente movían los cuerpos de las víctimas y alteraban la escena del crimen.

Labores de policía judicial a cargo de peritos del Centro de Valoración Probatorio (Cevap) de la Fiscalía lograron la reconstrucción en 3D de la escena del crimen, la trayectoria de los disparos y el recaudo de material fotográfico, elementos que darían cuenta de un operativo militar desproporcionado y que no tuvo en cuenta la presencia de población civil en la zona al momento de los disparos.

Los uniformados deberán permanecer en el centro de reclusión militar del Batallón de Ingenieros No 13 de Bogotá mientras avanza la investigación en su contra.