JUDICIAL

Los medios de prueba recaudados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez asegurará en centro carcelario a Elmer Arned Briceño Pinzón, alias Bicho, presunto responsable de participar en el homicidio de tres hombres en hechos ocurridos el 9 de marzo y el 18 mayo de 2023 en Paratebueno (Cundinamarca).

El procesado fue capturado por la Policía y el Ejército Nacional el pasado 27 de agosto en la vereda Melua Navajas del municipio de Puerto López (Meta) y le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, todos agravados. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Briceño Pinzón sería integrante de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan Golfo que delinque en esta zona del país y que, al parecer, fue el determinador de los homicidios ocurridos en la vereda Macapay Bajo y el barrio Nuevo Milenio de este municipio de Cundinamarca.

Ante un juez de control de garantías la Fiscalía General de la Nación judicializó a 8 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Nueva Generación Ares 2.0. Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En un trabajo coordinado por un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, que contó con el apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, se estableció la existencia de esta estructura que se había dedicado, desde mayo del presente año, a la comercialización de narcóticos en el sector de Las Escaleras y Gramalote del barrio Bolívar, del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

Las labores de policía judicial le permitieron a la Fiscalía relacionar a los procesados con, al menos, 17 eventos delincuenciales, por lo que el pasado 27 de agosto se materializaron las órdenes de captura en contra de José Jiménez Ocampo, alias Ñato; Rosa Dayana Jaramillo Vélez, alias La Negra; Claudia Milena Vélez, alias La Bruja; Luis Aníbal Piedrahita, alias Piedrahita; Víctor Alfonso Sánchez, alias Bolo; Miguel Ángel Ruiz Osorio, alias Miguel; Cristian David Orozco Ospina, alias el Barbado y  Verónica Alejandra Castrillón Estrada.

Al acoger la solicitud de la Fiscalía, el juez decidió que solo ésta última deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que los demás investigados lo tendrán que hacer en un establecimiento carcelario.  Ninguno aceptó los cargos imputados.

La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio oral que Mateo Tavera Pineda estaría involucrado en el ataque sicarial que dejó tres personas muertas, el 28 de enero de 2023, en el barrio Guayacanes, en Ciudad Bolívar (Antioquia). En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 41 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Las pruebas indican que el hoy sentenciado contactó y transportó a un ciudadano venezolano que hizo vigilancias y seguimientos a las víctimas, para alertar sobre todos sus movimientos e indicar el momento exacto para atacarlas. Con esa información, hombres armados ingresaron a un establecimiento de comercio y les dispararon causándoles la muerte.

Recientemente, Tavera Pineda fue judicializado como presunto responsable del homicidio de tres personas, en hechos ocurridos el 14 de febrero de 2023, en una finca de la vereda Buenavista, en Ciudad Bolívar (Antioquia). Por este caso, un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.

La sentencia que se conoce ahora en su contra es de primera instancia.

La Fiscalía General de la Nación demostró que un hombre es el responsable de abusar sexualmente, agredir físicamente y causarle la muerte a su hijastro de tres años, en hechos ocurridos el 5 de marzo del año en curso, en el barrio Carlos Lleras, en Fusagasugá (Cundinamarca).

Ante las pruebas y argumentos aportados, un juez penal de conocimiento lo condenó a 43 años de prisión, por los delitos de homicidio, acceso carnal violento y tortura, todas las conductas agravadas.

La investigación de este caso comenzó tan pronto el padrastro reportó la supuesta desaparición del menor de edad. En su momento aseguró que el niño estaba jugado frente a la casa en la que vivían y no lo volvieron a ver. Un equipo del CTI, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, recopiló los videos de las cámaras de seguridad, realizó entrevistas y diversas técnicas científicas, y estableció que el hombre mentía.

Las verificaciones permitieron conocer que esta persona agredió y le causó la muerte a su hijastro en la vivienda, y sacó el cuerpo oculto en bolsas plásticas verdes. Posteriormente, lo trasladó y arrojó a una zona boscosa de la vereda La Aguadita. Allí fue encontrado por el personal de policía judicial.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la víctima presentaba signos severos de violencia y abuso sexual.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

La Seccional Huila de la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías en Neiva impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión a Alexis Sotelo Salas, aparentemente comprometido en la desaparición forzada de una agente inmobiliaria, ocurrida el pasado 1 de marzo en el sector La Cabañita en la vereda Río Frío de Rivera (Huila).

Labores investigativas dejan en evidencia que Sotelo Salas, desde el 20 de febrero de 2024, se habría comunicado con la comerciante para que le mostrara un lote en el que fingió estar interesado. Desde ese entonces se desconoce el paradero de la mujer. Por estos hechos el hombre fue imputado como posible responsable del delito de desaparición forzada.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en trabajo articulado con el Gaula del Ejército Nacional, capturaron a esta persona en la vereda Alto Vilú zona rural de Yaguará (Huila).

El material de prueba aportado desde el inicio de la investigación por la fiscalía ha permitido la judicialización de Fidel Borrero Solano, expareja de la víctima, y Rafael Antonio Puentes. Ambos fueron afectados con medida de aseguramiento intramural, tras su captura el pasado 13 de junio en plena vía pública de Neiva.

El investigado no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados en su contra.