JUDICIAL

Dos hombres, señalados como presuntos implicados en un atentado contra funcionarios de la Alcaldía de Restrepo (Valle del Cauca), fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías.

Se trata de Fabián Velásquez Gaviria y Luis Enrique González Molina, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de tentativa de homicidio agravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 11 de septiembre, en inmediaciones de la sede de la Alcaldía de Restrepo. Un asesor y un conductor descendieron de un vehículo y fueron atacados con arma de fuego, las víctimas lograron refugiarse en el automotor que era blindado.  

De acuerdo con la investigación, uno de los presuntos agresores descendió de la motocicleta en la que se desplazaba y siguió disparando contra el vehículo. En el hecho resultó herido el asesor, en su pierna y mano derecha.

Velásquez Gaviria y González Molina, fueron capturados en flagrancia cuando intentaban huir del lugar de los hechos.  Las autoridades les incautaron un revólver, munición y tres cartuchos percutidos en el tambor del mismo.

Al acoger la solicitud de la Fiscalía, el juez les impuso a los dos imputados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Francisco Iván Acosta Gutiérrez, quien sería el responsable de causarle la muerte a su excompañera sentimental y dejar herida a otra mujer, el pasado 12 de septiembre, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.

Los elementos materiales de prueba dan cuenta de que el hombre subió a un vehículo que presta servicio de transporte de manera informal, y atacó con arma cortopunzante a las dos mujeres. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. La expareja del señalado agresor murió, mientras que su tía, quien la acompañaba, permanece hospitalizada.

A continuación, el post de la Fiscalía General de la Nación, en la red social X, sobre esta judicialización: 

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Acosta Gutiérrez los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio, los cuales no fueron aceptados.

En las investigaciones se constató que la mujer fallecida había viajado de Casanare a Bogotá hace dos meses, para separarse de su pareja y poner fin a un ciclo de violencia en su contra. Recientemente, el hombre la localizó y habría mantenido un asedio constante hasta que la atacó.

Por solicitud de un fiscal de la Unidad Antinarcóticos de Ibagué (Tolima), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a siete presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada ‘Los Pitillos’. La investigación evidenció que los procesados, al parecer, se dedicaban desde octubre de 2023 al comercio local de marihuana y cocaína, en la modalidad de microtráfico.

Se trata de Diego Fernando Leyton Guevara, Iván Felipe Aguiar, Maikol Manuel Izquierdo Duran, Iván Darío González Navarro, Jorge Luis Castañeda Saiz, Cleiner Yecid Durango Moreno, Erikson Méndez González a quienes la Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.

Las acciones conjuntas desplegadas por la Policía del Tolima, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitieron la captura de los procesados en desarrollo de siete diligencias de registro y allanamiento adelantadas en el casco urbano del municipio de Rovira.

En poder de los procesados fueron encontradas varias cantidades de marihuana, listas para ser comercializadas, además de un celular.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.

Raúl Alberto Moreno Trujillo, quien era requerido para cumplir condena de 4 años de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer, fue capturado por personal de Migración Colombia en el Puesto de Control Migratorio Terrestre Rumichaca. De inmediato los funcionarios lo pusieron a disposición de la Policía Nacional de Ipiales (Nariño).

El sentenciado fue vencido en juicio a finales de agosto pasado, por lo que un juez penal del circuito de Florencia (Caquetá) luego de emitir la sentencia, ordenó su captura. Al momento de la detención, el procesado pretendía salir del país.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Caquetá demostró que el 5 de febrero de 2014 Moreno Trujillo, quien se desempeñaba como investigador del CTI, se presentó en el comando de Policía municipal para pedir la expedición de actos que avalaron el allanamiento en un lugar donde supuestamente había cuatro canecas con armas y dinero de las Farc.

La Fiscalía evidenció que su propósito era el de reportar la incautación de una sola de las canecas y apropiarse de las demás. Estos bienes serían apropiados ilícitamente por quienes participaran en la diligencia.

Además de la condena, Moreno Trujillo fue inhabilitado por 80 meses para ejercer derechos y funciones públicas, y deberá pagar una multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena tendrá que ser cumplida en centro carcelario.