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En los últimos siete meses murieron asesinados 16 agentes de dependencias y órganos de seguridad y justicia en el estado mexicano de Guerrero. La víctima más reciente es el delegado de la Fiscalía General de la República en ese estado, Fernando García Fernández, que fue acribillado el pasado 12 de septiembre.

A nivel nacional, Guerrero ocupa el séptimo lugar en número de homicidios, con 800 asesinatos en la primera mitad de 2023, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto equivale a un incremento del 20 por ciento, comparado al mismo periodo del año anterior.

Guerrero tiene una larga historia de «control y violencia caciquil», señala la Dra. Dulce Quintero, de la Universidad Autónoma de Guerrero. La consolidación de cacicazgos regionales ligados a la política condujo a la marginación de gran parte del territorio, donde se apostó al turismo como la principal fuente de ingresos y desarrollo, dice en entrevista con DW.

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Para muchas zonas empobrecidas, el cultivo de amapola para producir goma de opio fue la única posibilidad de subsistencia, explica Quintero, y agrega que, por otro lado, se fortaleció una industria turística altamente permisiva ligada al consumo y la distribución de la droga, que ahora ha pasado a ser el espacio propicio para el lavado de dinero.

Según Quintero, coordinadora de la Maestría en Humanidades, «el uso de la política como vehículo de control también ha permitido generar alianzas con grupos criminales».

Asimismo, en los últimos años, el paisaje criminal se ha caracterizado por una «severa fragmentación» e «inestabilidad», indica Falko Ernst, analista sénior del International Crisis Group. Si bien el Estado mexicano logró decapitar mayores estructuras criminales, como los Beltrán Leyva, falló en la implementación de políticas holísticas a largo plazo, dice a DW.

«En vez de una estructura dominante, ha emergido un caleidoscopio de muchos actores pequeños y medianos, ninguno de los cuales ha tenido la fuerza necesaria para sojuzgar a la competencia. El resultado ha sido una conflictividad latente entre una población criminal armada de por lo menos veinte grupos», agrega.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por Guacamaya Leaks, unos 16 grupos criminales operan en Guerrero, principal productor de goma de opio en el país, sustancia que se usa para la producción de heroína.

Para Falko Ernst, otro factor que sigue causando altos niveles de violencia ha sido que, «frente a la inercia del Estado, se les ha permitido a los grupos diversificar su modus operandi hacia un modelo que, más allá de los negocios de la droga, cobra impuestos a una variedad de negocios originalmente legales». Actividades económicas, como la minería, la tala de bosques, la agricultura y el manejo del agua, se han visto afectadas por la extorsión.

Desde México, el analista senior del International Crisis Group, critica que, hasta ahora, la respuesta de la administración presidencial haya sido vender una imagen pública de mayor tranquilidad y paz: «Los grupos armados han podido aumentar su poder sobre los espacios que controlan, y no se ha logrado aplacar los niveles de conflictividad intergrupales».

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En su opinión, uno de los mayores problemas que siguen sin ser atendidos es la integración del crimen organizado con varios actores del Estado: «Las instituciones se distorsionan para servir a fines privados y criminales en vez de proteger al público», advierte.

Por su parte, Dulce Quintero critica el enfoque del gobierno de López Obrador: «Para el Estado el problema es policiaco, de armamento, de combate. Nuca se reconoce la profundidad del fenómeno, su vinculación con una violencia estructural, las desigualdades sociales y la forma en que se implementaron y accionaron las políticas sociales en esta parte de México».

¿Y cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? «La violencia, sin duda, ha mermado la capacidad organizativa y la cultura de resistencia», dice la académica, que también menciona «nuevas formas de violencia que se están integrando a la realidad de los guerrerenses».

Para los habitantes de esta entidad, asegura Quintero, se estaría normalizando que los grupos ligados al narcotráfico ya no solo se apoderan de sus tierras, sino que los trabajadores y vendedores ambulantes tengan que garantizar «cuotas» a través de pagos, o participando en actividades de protesta, cuando el Estado trata de imponer medidas de contención.