Las autoridades reportaron un nuevo ataque contra las Fuerzas Militares en el norte del Cauca que dejó como resultado a siete uniformados lesionados.
El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, informó que los hechos ocurrieron en la vereda San Francisco, corregimiento de Timba, bajo la jurisdicción del municipio de Buenos Aires.
“Un convoy militar adscrito al Batallón de Infantería Pichincha fue atacado por individuos que se hacen llamar disidentes, dejando heridos a siete soldados con lesiones causadas por armas de fuego en las extremidades inferiores y superiores”, dijo.
Además, el general aseguró que los uniformados fueron trasladados a centros de atención médica en la ciudad de Cali, donde se están recuperando satisfactoriamente y no presentan heridas graves.
Estos incidentes, según el oficial, se suman a los hostigamientos sufridos por cuatro estaciones de Policía. “Fueron atacadas y hostigadas las bases en el municipio de Suárez, en el corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao, el corregimiento de Timba en Buenos Aires y el corregimiento de El Carmelo en Cajibío”, afirmó Mejía.
Además, se han reportado combates en la base de transición Intermedia de Los Pinos en Suárez, Cauca. “Allí tenemos a un soldado herido, a un guerrillero capturado y estamos recuperando el cuerpo de un delincuente que resultó muerto como resultado de las operaciones”, destacó el brigadier general Federico Mejía.
Tres hostigamientos simultáneos se han registrado en el norte del Cauca desde la madrugada de este miércoles, en el corregimiento de Mondomo de Santander de Quilichao, El Carmelo en zona rural de Cajibío y en el municipio de Suárez.
La incursión armada sería acción de las disidencias que operan en el norte del departamento, como lo son las estructuras Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos. En estos hechos, las estaciones de Policía de estas poblaciones fueron atacadas con ráfagas de fusil.
«Estos hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley, son repelidos por los policías que se encuentran acantonados en cada uno de estos municipios, de igual manera salió el helicóptero para prestar el apoyo a los policías y brindar seguridad a la comunidad», indicó el coronel Wilson Silva, comandante de la Policía en el Cauca.
En el ataque a la estación de Mondomo, se confirmó que una persona habría perdido la vida y por lo menos otra resultó lesionada al ser impactadas por las balas, según el secretario de gobierno de Santander de Quilichao, Jefferson Rodríguez, serían parte de la población civil que se encontraba haciendo una fila de reclamos de subsidios.
«Quedaron en el fuego cruzado. Aún estamos verificando la cantidad de heridos. Eran población civil que a esa hora se encontraba en los alrededores del parque principal del corregimiento», añadió el funcionario.
#Atención | Las estaciones de Policía de Suárez, El Carmelo y Mondomo, Cauca, fueron hostigadas durante la madrugada de este miércoles. pic.twitter.com/MocUO3jKZL
El Ejército Nacional admitió, a través de un comunicado, que los hombres armados que aparecen en varios videos mientras intimidan a la población en la vereda El Manso de Tierralta, Córdoba, «posiblemente» sean militares.
“Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 «Batalla de Junín», de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”, dice la comunicación, emitida este miércoles a las 5:00 de la mañana.
El Ejército confirma, además, que los hechos ocurrieron el 11 de septiembre, tal como se había dicho inicialmente, y rechaza este tipo de comportamientos pues, manifiesta, no representan los principios de la institución.
“Inmediatamente se conoció la información, se desplazó una comisión inspectora, y ya se encuentra en el lugar de los hechos verificando los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar. De la misma manera se dio aviso a las autoridades competentes y se iniciará la indagación disciplinaria correspondiente, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1862 de 2017”, dice el comunicado de seis puntos.
Algunos detalles de cómo se logró identificar que estos hombres hacen parte del Ejército son:
Uno de los indicios más reveladores es el tipo de armas que portan estos individuos. Los fusiles en sus manos son de uso exclusivo de la tropa regular del Ejército. Esta característica es fundamental, ya que estos fusiles no están disponibles para el público en general y su posesión requiere una relación directa con una entidad militar.
El segundo elemento es un objeto que está en una de las armas que es denominado el «cartucho de la vida» y que está marcado de color amarillo y que también solamente es usado por la fuerza pública.
El último elemento tiene que ver con las coordenadas, pues después de realizar una verificación con las unidades territoriales del Ejército, una de ellas coincide con el de la Policía.
#Nacional | En la vereda El Manso, Tierralta, Cordoba, llegaron el día de ayer hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC y amenazaron a la comunidad donde habían niños presentes. pic.twitter.com/RFDhmz1nF8
Hombres armados intimidan a la población en vereda de Tierralta, Córdoba
Indígenas y campesinos, incluso mujeres con niños en brazos, fueron amenazados por hombres fuertemente armados en el caserío El Manso, que hace parte del municipio de Tierralta.
“Ustedes fueron los que llegaron a humillarnos y tirarnos al suelo. Aquí nosotros no estamos violando nada, ustedes sí”, dice una mujer que enfrenta a uno de los encapuchados, que porta una pistola y un fusil.
La Fiscalía General de la Nación anunció que enviará un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos a Tierralta para investigar los hechos.
“A raíz de los videos que están circulando por redes sociales en los que se ve a hombres armados intimidando a la población civil, en un caserío en Tierralta, Córdoba, la Fiscalía General de la Nación conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”, dijo la entidad a través de X, antes Twitter.
El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, dijo que este miércoles, a las 9:00 de la mañana, adelantará un consejo de seguridad para atender la situación.
He convocado consejo de seguridad extraordinario ampliado, para el día de mañana a las 9:00 am en el comando de policía departamental, con el fin de conocer mayores detalles de los hechos ocurridos en la vereda Bocas del manso, Jurisdicción de Tierralta-Córdoba. Desde el primer…
Aprovechando el letargo de la noche, disidencias de las Farc quemaron dos buses en un campamento de la hidroeléctrica Hidroituango en el norte de Antioquia, cerca de la medianoche de este lunes.
El ataque ocurrió en el corregimiento Valle, zona rural del municipio de Toledo hacia las 10:20 p.m., según el reporte de las autoridades. Inicialmente, los hombres armados del grupo ilegal llegaron y pintaron mensajes alusivos a su organización en los vehículos, para luego prenderles fuego hasta ocasionar la incineración.
Los automotores pertenecían a una empresa de transportes especiales y estaban al servicio de la firma Schrader Camargo que actualmente acomete obras para la culminación del complejo energético.
A pesar de que el campamento queda a unos 25 minutos de la estación de policía del Valle, la actuación fue tan sorpresiva, considerando la oscuridad de los alrededores, que los delincuentes lograron su cometido antes de que llegaran los uniformados a repelerlos. Por esta razón no se registró ningún combate de manera posterior.
En esta área suele hacer presencia el frente 36 de las disidencias adscritas al autodenominado Estado Mayor Central (EMC) que quedaron al mando de alias “Leo” y “Primo gay” después de la muerte de alias “Cabuyo” en un operativo realizado el año pasado en el municipio de Barbosa.
#Atención | Dos buses fueron quemados en el corregimiento el Valle de Toledo, en el norte de Antioquia. El ataque habría sido cometido por las disidencias del Frente 36 de las FARC. pic.twitter.com/w6l6Fz5N64
Esta facción ha intentado por distintos medios propagandísticos y bélicos demostrar su poderío en el Norte de Antioquia y otras zonas del departamento. Recientemente, pintó con mensajes amenazantes la entrada a la finca del alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez.
A mediados de agosto fue el responsable de un ataque con explosivos en el que dos soldados sufrieron lesiones leves.
Además, está tratando de imponer un manual de convivencia a los habitantes de catorce municipios en el que establece multas por transitar después de las 2:00 a.m., establece un monto para dirimir problemas de linderos de siete millones de pesos y sanciones de dos millones de pesos para padres de familia cuyos hijos sean descubiertos en locales de venta de licor.
Hasta ahora ni EPM ni la empresa Schrader Camargo se han pronunciado sobre el ataque sufrido el lunes en la noche.
La Procuraduría General de la Nación hizo una inspección a las instalaciones del Ministerio de Defensa ante los presuntos hechos de corrupción denunciados por el exviceministro de Defensa Ricardo Díaz, en Semana. Las denuncias comprometen la contratación y millonaria compra de equipos militares como helicópteros, detrás de la cual tendría intereses la esposa del presidente Gustavo Petro, la primera dama, Verónica Alcocer.
En la diligencia, el Ministerio Público obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, el general (r) Ricardo Díaz, y se practicaron visitas a algunos despachos de esa entidad.
La Procuraduría procederá a evaluar el material probatorio recaudado, con el propósito de ampliar la indagación previa abierta por estos hechos.
#Atención | La @PGN_COL realizó una inspección disciplinaria a @mindefensa. El ente obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, General (r) Ricardo Díaz, sobre corrupción.
Según contó el general en retiro, quien salió del Ministerio de Defensa hace unas semanas, había intereses en la compra de tres helicópteros, para ese tema lo abordó el señor Juan Fernández, asesor personal del presidente Gustavo Petro, quien además es cuñado del exembajador en Venezuela Armando Benedetti.
Lo que llama la atención es que, a juicio del exviceministro Ricardo Díaz, la familia Benedetti tenía claros intereses; tanto Ángela Benedetti, pareja de Fernández, como Camilo Benedetti, el menor de los hermanos.
Temor y zozobra vivieron por varios minutos los habitantes de la cabecera municipal de Dagua, Valle del Cauca, tras un nuevo hostigamiento adelantado por las disidencias de las Farc en contra de la estación de Policía de esta población.
El ataque armado se produjo desde la parte alta de la montaña, en un sector conocido como La María. De manera inmediata, tanto la Policía como el Ejército reaccionaron para la protección de la ciudadanía.
«Este hostigamiento podría deberse a la presión que ha habido en la campaña militar que se lleva a cabo contra el frente Jaime Martínez, en esta zona del departamento, y a la captura en el pasado mes de agosto de alias ‘Duber‘, un importante miembro de la red de apoyo de la estructura», indicó el coronel Jesús Quintero, comandante de la Policía Valle.
Por su parte, Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle, manifestó que los operativos para controlar el accionar de estos grupos armados, serán fortalecidos. Afortunadamente, el hostigamiento no comprometió la vida de uniformados o civiles.
Esta acción armada se suma a la registrada en horas de la noche en el sector de Mondomo, en Santander de Quilichao, Cauca, cuando hombres armados atacaron a disparos la subestación de Policía del sector, la cual tampoco dejó heridos.
Fabiola Rubiano, la individua que emitió comentarios racistas hacia la vicepresidenta Francia Márquez, utilizando el término “simio”, ha sido sentenciada. La Fiscalía ha logrado demostrar su culpabilidad en los delitos de discriminación y hostigamiento. Una jueza ha dictaminado que, a la luz del material de prueba y el acuerdo de aceptación de cargos, procede la condena.
La condena de la señora Rubiano consiste en 17 meses de prisión, conforme a los delitos imputados por la Fiscalía, y que la propia Fabiola aceptó haber cometido. No obstante, a partir de su reconocimiento de culpabilidad y la exposición de los hechos durante el proceso, se le permite cumplir su pena en libertad, bajo supervisión y sujeta a las condiciones estipuladas, una vez que haya pagado las respectivas fianzas.
La jueza consideró que Fabiola Rubiano no solo agredió con sus comentarios racistas a la vicepresidenta Francia Márquez, sino que también afectó a toda una comunidad, lo que justifica los delitos imputados y, por tanto, la condena se ajusta a las normas legales.
La Fiscalía también subrayó en la acusación que los actos de discriminación y hostigamiento quedaron claramente evidenciados en las palabras y la imagen de la propia acusada, es decir, la señora Fabiola Rubiano, cuyos videos se volvieron virales en las redes sociales, no dejando alternativa más que admitir su culpabilidad.
“Le es atribuible esa conducta en razón a que el Estado colombiano, al cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, contempló como delito toda difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, toda incitación a discriminación racial”, afirmó la Fiscalía en su acusación.
#HayJusticia | La contundencia del material probatorio aportado por la #Fiscalía permitió que una juez de #Bogotá condenara a 17 meses de prisión a Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, como responsable de realizar actos discriminatorios contra la vicepresidenta de la República,… pic.twitter.com/nH6PSBZYBH
En esta acusación, la Fiscalía proporcionó detalles sobre cómo la mujer, que ahora ha sido condenada por sus ataques racistas hacia la vicepresidenta, llegó incluso a cambiar su nombre con el objetivo de engañar a las autoridades. Lo hizo en el video que se difundió y que posteriormente se convirtió en la prueba central del caso.
“En el marco de las protestas adelantadas por parte de una población en contra del actual Gobierno, la ciudadana Luz Fabiola del Rosario de Fátima Rubiano de Fonseca, quien dijo llamarse Esperanza Castro, alrededor de las 2:00 p. m. estando en la plaza de Bolívar y frente a las cámaras, ante la multitud y ante los micrófonos de medios de comunicación masivos, se refirió sin justificación alguna y de manera arbitraria”, detalló la Fiscalía.
El ente acusador logró identificar a la señora Fabiola mediante el reconocimiento en registros, luego presentó elementos de prueba ante los jueces de control de garantías para presentar los cargos en su contra. Las autoridades obtuvieron su fotografía de los registros de la Registraduría Nacional, lo que permitió establecer que su identidad real era Luz Fabiola Rubiano, no Esperanza Castro, como había afirmado el 22 de septiembre. La jueza que dictó la condena concluyó que los hechos fueron probados por la Fiscalía, no solo a través de los videos difundidos por diversos medios de comunicación, sino también mediante la aceptación de cargos de la acusada.
#Atención | a Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá, condenó a 17 meses de prisión a Luz Fabiola Rubiano por los delitos de Actos de Discriminacion y Hostigamiento agravados por las expresiones de odio en contra de la Vicepresidenta Francia Márquez.
En medio de la presentación del informe de presentación de los últimos Monitoreos de Territorios con Presencia de Cultivos de Coca en Colombia para el 2022, desde la Oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señalaron que se han superado las cifras registradas en comparación a los años anteriores.
Con base en estos nuevos datos, Colombia se ha consolidado nuevamente como el líder en la cantidad de hectáreas de coca cultivadas. Por ejemplo, en 2022 el área sembrada con coca fue de 230.000 hectáreas, en comparación al 2021, en donde se reportaron 204.000 hectáreas, lo que representó una disminución del 12,7 %.
Es importante mencionar que en los departamentos que se registró una mayor presencia de cultivos ilegales de coca están Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
“Si bien el ritmo se redujo, también es cierto señalar que la producción potencial de cocaína creció bastante en este año y es básicamente a que los cultivos que el año pasado están recién sembrados, llegaron a una edad de madurez y ahora son productivos. Es decir, que el ritmo de crecimiento de las hectáreas se reduce, pero el ritmo de producción de cocaína se incrementa”, señaló el coordinador regional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Leonardo Correa.
Esto quiere decir que uno de los datos que presenta mayor alarma, es que la producción potencial de clorhidrato de cocaína llegó a las 1.738 toneladas métricas, lo que ha mantenido una tendencia al alza desde el 2013.
Entre los departamentos que se registró mayor incremento fue en Putumayo, ya que en este se concentra el 10 % del área de coca. Esto quiere decir, que este departamento pasó de tener 28.205 hectáreas en 2021 a 48.034 en el 2022.
“La tendencia en Colombia es la estabilidad y está concentrada en Putumayo que tuvo un incremento neto del 77 %”, agregó Correa.
Sin embargo, en Tibú (Norte de Santander) se mantuvo cierta estabilidad en comparación al año anterior, pero lideran con un aproximadamente 22.00 hectáreas de cultivos. Posteriormente, está Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).
#Atención | Los cultivos ilícitos en Colombia aumentaron un 13 % en 2022, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de la ONU, @UNODCROCOL. El área sembrada con coca en el país pasó de 204.000 hectáreas en 2021, a 230.000 en 2022.
Según datos de la ONU, la mayor concentración de cultivos de coca, equivalente al 65 % del total, se encuentra en los tres departamentos mencionados anteriormente.
Es importante destacar que el 49 % de los cultivos de coca están ubicados en áreas de gestión especial, distribuyéndose de la siguiente manera: un 19 % en tierras pertenecientes a comunidades afrodescendientes, un 15 % en reservas forestales, un 10 % en territorios de resguardos indígenas y un 5 % en parques nacionales naturales.
Cabe mencionar que esta producción de la cocaína está creciendo en las fronteras del país, tanto en el norte como en el sur.
“La mayoría del incremento está a menos de 10 kilómetros de la frontera, está muy cerca, es justamente en esas zonas estratégicas que se ven mayor parte del crecimiento”, agregó el coordinador, quien señaló que se concentra cerca del 50 % del incremento neto en estos territorios.
Asimismo, explicó que se observa una variación del área sembrada del 21 %, de 0 a 40 kilómetros. Por otro lado, hizo énfasis en una atención especial que se debe tener sobre el río Putumayo, ya que este es sumamente importante para Colombia, Ecuador y Perú.
“El núcleo de cultivos de coca asociado al río Putumayo, este se empalma con el núcleo de cultivos de coca que surge hace poco en Perú, pero que conforman una sola región. Estos tienen el mismo modelo de transformación de cultivo y usan las mismas variedades. Tenemos el alto riesgo de que se conforme un núcleo transnacional”, fue enfático el coordinador del SIMCI.
La producción potencial de hoja de coca fresca, la cual se refiere a la cantidad de hoja de coca que puede ser obtenida mediante la recolección de arbustos en las áreas productivas disponibles, experimentó un incremento del 24 % en comparación con el año 2021, llegando a un total de 1,410,600 toneladas métricas.
Además, el informe destaca que el 44 % de la producción potencial de hoja de coca proviene de enclaves productivos que ocupan solo el 14 % del territorio destinado a su cultivo.
El informe también hace referencia a que en el Catatumbo se alberga el enclave con la mayor extensión de cultivos de coca, registrando cerca de 28,000 hectáreas. Por otro lado, se hace referencia a la aparición de un nuevo enclave de 1,436 hectáreas, ubicado en la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
Desde el SIMCI señalaron que los problemas relacionados con la coca no se limitan únicamente a las áreas de cultivo. Las zonas de desconcentración se encuentran en un punto intermedio entre la consolidación de economías legales y el resurgimiento de intereses ilegales por parte de los grupos criminales.
Laura Sarabia, la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), manifestó “total repudio” al ataque al Banco Agrario en Jambaló (Cauca), hecho que ocurrió en la madrugada del pasado domingo, 10 de septiembre. Al parecer, disidencias de las Farc utilizaron explosivos para tumbar la puerta de la entidad y para acceder al cajero automático, el cual robaron posteriormente.
“Varios usuarios de Renta Ciudadana se están viendo afectados por esta situación, en este momento estamos evaluando con el Banco Agrario una caja extendida para dar solución lo más pronto”, explicó Sarabia en su cuenta de X. Según la entidad, en Jambaló se benefician 1,488 familias con el programa de Renta Ciudadana, con una inversión de 387 millones de pesos. “Alrededor del 10 por ciento de estas familias habían realizado su proceso de bancarización en el ciclo 2 de 2023 y son quienes están siendo afectadas en este momento por el daño del cajero”, especificó Prosperidad Social.
En el comunicado que compartió el DPS a la opinión pública se explica que, según la directora de Transferencias Monetarias, Yohanna Cubillos, los beneficiarios del pago del programa Tránsito a Renta Ciudadana “pueden estar seguros de que desde la entidad se adelantará toda la gestión necesaria para que en los próximos días puedan acceder a sus recursos y así mitigar el impacto de este lamentable hecho”.
Cabe recordar que la ministra de Agricultura informó que integrantes de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc fueron los responsables del hostigamiento que se registró en la madrugada de este domingo 10 de septiembre, en el municipio de Jambaló, norte de Cauca. Las imágenes dejaron en evidencia la manera en que los hombres, vestidos con prendas militares y armas de largo alcance, se pasearon por las calles de la cabecera municipal para realizar su cometida.
La comunidad de la zona asegura que todo empezó desde las 4:00 a. m., aproximadamente, cuando comenzaron a escuchar ráfagas de fusil y detonaciones de artefactos. Todo parece indicar que los delincuentes ingresaron por la estación de Policía municipal y mientras un grupo de insurgentes se encargaba de amedrentar a la Fuerza Pública, otros se desplazaban hacia el Banco Agrario.
Estando en la sede bancaria, los supuestos disidentes activaron varios explosivos y se llevaron el cajero cargado de dinero. El sonido de las alarmas que se activaron sucedió a los golpes que los delincuentes propinaban a la estructura donde está ubicada la sede del banco.
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Ulahy Beltrán López, actual Superintendente Nacional de Salud y exgerente del Hospital Universitario CARI, por posibles irregularidades en la firma de un contrato que supera los 12.000 millones de pesos. Según el ente de control, Beltrán López habría llevado a cabo esta contratación sin contar con la autorización previa de la junta directiva del hospital.
“Se trata del negocio jurídico celebrado de manera directa con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, para la operación y la gestión integral de los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, financieros y complementarios de los servicios de alta complejidad, entre otros aspectos”, indicó el ente de control.
La Procuraduría sostiene que, dado que el valor del contrato superaba los 5.000 salarios mínimos para la época de los hechos, el entonces gerente del Hospital, Ulahy Beltrán López, necesitaba la autorización expresa de la Junta Directiva para iniciar y llevar a cabo el proceso de contratación. La falta de esta autorización es lo que ha desencadenado la investigación en su contra.
La conducta de Beltrán López ha sido calificada como grave por parte de la Procuraduría, y en caso de ser hallado culpable en el juicio, podría enfrentar la destitución de su cargo como Superintendente Nacional de Salud.
