En la mañana de este miércoles, 5 de noviembre, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó los principales hallazgos de un completo informe que hizo esa entidad sobre el acceso a medicamentos en Colombia. En él, se detallan las dificultades a las que se están enfrentando cientos de pacientes en diferentes regiones del país y que impiden que accedan a tratamientos oportunos.
Desde Barranquilla, Marín Ortiz expuso una serie de cifras que resumen bien lo que está sucediendo en el sistema. Una de ellas es el incremento que ha habido de las tutelas en salud: mientras en 2021 se presentaron 92.372 y en 2022, 156.357, durante el 2024 hubo 265.173. Para el 2025, la proyección no es nada alentadora: según los cálculos de la entidad, se espera que haya 314.658 tutelas.
De las poco más de un millón de tutelas que se han radicado desde el año 2020, una buena parte corresponde a tutelas relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos: 36,82 %.
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Sin embargo, al examinar las tutelas que ha apoyado la Defensoría en materia de salud entre enero y agosto del 2025 (18.451), la mitad de ellas fueron interpuestas por la “negación de la prestación del servicio de salud”. Otro 32 % fue por una inoportuna atención médico asistencial. El 7 % de esas tutelas fue por la negación de medicamentos esenciales.
“Este es un diagnóstico que se ha hecho para contribuir con el debate”, señaló Marín Ortiz, al final de la presentación, que se hizo en la Universidad de la Costa. “Es un instrumento de diagnóstico para poder avanzar. Debemos superar estos problemas a través del diálogo constructivo”. También resaltó la necesidad de de evitar las calificaciones negativas que, en los últimos meses, han impedido una conversación entre diferentes actores del sistema de salud.
El informe, que estuvo liderado por Claudia Vaca, delegada para Derecho a la Salud y Seguridad Social, tiene otras cifras inquietantes. Una de ellas tiene que ver con los reclamos que se presentaron ante la Superintendencia de Salud para poder acceder a medicamentos.
Según la Defensoría, la “tasa de reclamos de la Supersalud aumentó un 34,2% entre 2024 y 2025. Este año registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios (PBS)”.
Incluso, dijo Marín Ortiz, “la entrega oportuna y negación de medicamentos ha sido el principal motivo de las quejas en el 2025″. Equivalió al 28 % del total.
De acuerdo con el análisis de la entidad, todo parece indicar que, al final del año, habrá un poco más de 2 millones de quejas ante la Supersalud de personas que buscan acceder a su derecho.
Además, en la Defensoría también creció el número de quejas recibidas relacionadas con el derecho a la salud. Entre 2022 y lo que va de 2025 ha recibido 35.000 quejas, es decir, un 32% más que en 2023. Solo entre enero y agosto de 2025 ha habido “cerca de 28.000 quejas radicadas” y es posible que al finalizar este año haya más de 42.000.
Un par de datos más son muy reveladores de las dificultades para acceder a medicamentos: la Defensoría, al hacer una encuesta a 3.449 personas en puntos de dispensación de todo el país, concluyó que “el 90% de los encuestados no recibieron o recibieron parcialmente y con demoras sus medicamentos”.
Aunque, se lee en el informe, “el seguimiento a 1.798 de estos casos, entre uno y tres meses después de encuestados, indica que el 48% se resolvió”.
En la presentación, la Defensora del Pueblo también llamó la atención sobre un asunto que es crucial en el acceso a medicamentos: el gasto de bolsillo, es decir, la plata que están teniendo que sacar los colombianos de su billetera para acceder a medicinas.
Para decirlo en palabras de Marín Ortiz, la oferta insatisfecha de medicamentos que hay en el sistema de salud, ha hecho que incremente ese gasto de bolsillo.
El departamento en el que ese gasto es más alto es Guaviare, donde es del 35,6%. Le sigue Arauca, donde es del 35,1 %; Putumayo (26,6 %), Tolima (25,6 %) y Huila (25,09 %).
De acuerdo con la Defensoría, “se estima que las personas que no acceden a medicamentos podrían gastar entre el 10 % y más del 90 % de sus ingresos, para garantizar la continuidad de sus tratamientos, tomando como referencia el índice de pobreza multidimensional”.
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“La situación actual es más grave que cuando se expidió la sentencia estructural de la salud (la T-760)”, expresó Marín Ortiz, que agregó un punto que no se puede dejar de lado en este asunto: hay dificultades en la cadena logística que permite que una medicina llegue a las manos de un paciente a través de los operadores logísticos.
¿Cuáles son los verdaderos problemas de fondo?
Para la Defensoría detrás de esta radiografía hay varios asuntos de fondo que están causando problemas en el acceso a medicamentos y que podrían sintetizarse en una frase que dijo Marín Ortiz: todo parece indicar que medicamentos sí hay que Colombia, pero el sistema de salud no los tiene disponibles en todos los casos.
¿Por qué? Por un lado, porque, señaló la Defensora, porque hay bajas capacidades en la prestación de servicios farmacéuticos en buena parte del territorio nacional. Además, han notado “irregularidades derivadas de cambios de gestores farmacéuticos, especialmente en las EPS intervenidas”.
Por otro lado, hay barreras burocráticas, que “interrumpen la continuidad de tratamientos médicos”.
Además, la transparencia en las cuentas entre EPS, hospitales y gestores farmacéuticos sigue siendo opaca. Hay ausencia de claridad en esa información financiera y “las falencias en la rendición de cuentas que incrementan la desconfianza y desinformación”, se leía en una de las diapositivas de la Defensoría.
Los otros dos factores que están jugando un papel protagónico en las dificultades para acceder a medicamentos son los retrasos en los pagos entre los actores del sistema, los cuales están “alterando las relaciones en la cadena de prestación y la disponibilidad de medicinas”, y la “distorsión de la cadena de suministro”.
Es decir que, según la Defensoría, ha habido un “desplazamiento hacia establecimientos farmacéuticos privados (canal comercial) de la venta de medicamentos de uso común e indispensables; mientras el canal institucional se responsabiliza de medicamentos de alto costo”.
Entre las recomendaciones que hizo esa entidad para mejorar ese acceso se encuentran “diseñar una estrategia de coordinación y diálogo con el sector privado para superar la falta de entrega de medicamentos y garantizar la atención primaria integral”; “crear mecanismos de seguimiento periódico a la dispensación en el nivel territorial, reducir barreras administrativas y fortalecer tanto la rectoría y gobernanza”, y abordar de manera independiente con “una coordinación institucional más robusta” el acceso a medicamentos de alto costo.
