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Ejército presentó balance de 2025: récord en incautación de armas, drogas y explosivos - Foto: Cortesía

Ejército presentó balance de 2025: récord en incautación de armas, drogas y explosivos

El Ejército presentó su balance operacional de 2025, un año marcado, según el general Luis Emilio Cardozo, comandante de la institución, por resultados de alto impacto contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como por el fortalecimiento del control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia. 

Uno de los principales resultados fue la mayor incautación de armamento de los últimos diez años. Durante 2025, las tropas decomisaron 916 armas largas, 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738.000 municiones, evitando que este material fuera usado contra la población civil y la Fuerza Pública. A esto se sumó la destrucción de 5.972 minas antipersonal y la incautación de más de 22 toneladas de explosivos. 

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En la lucha contra el narcotráfico, el Ejército incautó 111.593 kilos de cocaína, 14.855 kilos de pasta base y 107.286 kilos de marihuana, además de destruir 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 de pasta base, golpeando de manera directa las finanzas de los grupos criminales. Estas acciones representaron incrementos de hasta el 70 % frente a los resultados del año anterior. 

Las operaciones militares desarrolladas en regiones como Catatumbo, sur del Cauca, Nariño, norte del Cauca, sur del Valle y sur de Bolívar permitieron afectar de forma directa a estructuras del ELN, disidencias y Clan del Golfo. En total, se reportaron 3.409 capturas, 682 sometimientos a la justicia, 261 muertes en desarrollo de operaciones y la recuperación de 402 menores utilizados por estos grupos. 

En zonas como Catatumbo, además de los combates, se adelantaron acciones humanitarias que permitieron la evacuación de más de 3.600 personas, la atención de 87.000 desplazados y la entrega de más de 350 toneladas de ayudas, mientras se consolidaba la presencia de más de 10.500 soldados en el territorio. 

Durante 2025 se realizaron 889 capturas, se incautaron 1.068 máquinas de maquinaria pesada, se intervinieron 294 minas ilegales y se inutilizaron 504 dragas, afectando directamente una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados. 

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En materia de secuestro y extorsión, los grupos Gaula Militar reportaron 1.020 capturas, la liberación de 105 personas y el rescate de 175 ciudadanos, con un aumento del 230 % en la efectividad operacional frente al año anterior. 

El balance también destacó el papel de los Ingenieros Militares, que instalaron cuatro puentes militares, avanzaron en obras viales y lograron declarar cuatro municipios libres de minas antipersonal, reduciendo riesgos para miles de habitantes en zonas rurales. 

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Imputan a alias ‘Nacho’ por el homicidio del fiscal Norbey Ruiz - Foto: Cortesía

Imputan a alias ‘Nacho’ por el homicidio del fiscal Norbey Ruiz

En la tarde del martes 23 de diciembre se cerraron las audiencias preliminares contra José Ignacio Londoño Cordero, alias ‘Nacho’ o ‘Nachito’, capturado el pasado 19 de diciembre en el barrio La Gloria, suroccidente de Barranquilla, señalado de ser el presunto autor material del asesinato del fiscal Norbey Ruiz Correa. El juez 17 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó su traslado a prisión tras imponerle medida de aseguramiento. 

La diligencia se realizó de manera virtual y estuvo a cargo del fiscal Tercero Especializado, Adolfo Cabarcas Castro, quien imputó a Londoño Cordero los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego agravado y hurto calificado agravado. El procesado no aceptó los cargos. 

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Durante la audiencia, la Fiscalía relató con detalle lo ocurrido el 19 de febrero de 2025, cuando el fiscal Ruiz Correa, delegado ante jueces promiscuos y municipales de Barranquilla, fue asesinado en la terraza de la vivienda de sus padres, en el barrio Galán, sur de la ciudad atlanticense. 

Según la imputación, Londoño Cordero actuó en coparticipación con Yesid de Jesús Flórez Benavides, alias ‘El Beso’, bajo un acuerdo previo y división de roles. Ambos se movilizaban en una motocicleta Honda, placas KFK-07E, y llegaron hasta la carrera 3D No. 37D-03, donde la víctima acababa de estacionar su vehículo sedán blanco, placas DTS-109, tras salir de una entidad bancaria en el centro comercial Parque Alegra. 

“El señor José Ignacio Londoño Cordero descendió de la motocicleta, intimidó a la víctima y, ante la resistencia al atraco, le disparó en varias oportunidades, causándole la muerte”, leyó el fiscal Cabarcas. Los gritos del hijo del funcionario alertaron a la esposa, quien presenció el ataque mientras suplicaba que no le hicieran daño. Pese a ello, el agresor accionó el arma y huyó con su cómplice. 

Yesid de Jesús Flórez Benavides, alias El Beso, fue detenido ocho días después del crimen, en el balneario de El Rodadero, Santa Marta, donde se ocultaba. Su captura permitió reforzar la tesis de la coautoría y aportó información clave para ubicar a ‘Nacho’, quien permaneció prófugo durante diez meses. La Fiscalía insistió en la “coparticipación criminal”, ya que mientras Londoño disparaba, ‘El Beso’ operaba como conductor de la motocicleta, sustentado argumentalmente en los registros audiovisuales provenientes de las cámaras de seguridad del sector. 

Diez meses de fuga y un cambio radical de imagen 

Londoño Cordero fue capturado el 19 de diciembre en una vivienda del barrio La Gloria, mediante diligencia de allanamiento y registro ordenada por un juez. En el operativo participaron el CTI de la Fiscalía y el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Al momento de su detención, el sospechoso lucía trenzas azules postizas, barba y un notorio descenso de peso, cambios que habría adoptado para despistar a las autoridades y preparar una eventual salida del país hacia Venezuela. 

Durante casi diez meses, Londoño Corredor permaneció prófugo, moviéndose entre sectores del suroriente y suroccidente, según la trazabilidad que los investigadores consolidaron con videos y testimonios. Su identificación inicial se sostuvo en coincidencias de vestimenta y fisionomía entre el día del crimen y otros asaltos registrados en cámaras de seguridad, lo que permitió individualizarlo y activar el dispositivo de búsqueda. 

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En el historial del capturado figuran múltiples anotaciones judiciales por porte de armas y hurtos calificados, junto con una orden de captura vigente desde el 30 de agosto de 2023; en informes posteriores, mandos policiales mencionaron que el detenido acumulaba hasta 11 anotaciones y que estaría presuntamente vinculado al entramado delincuencial de “Los Pepes”, estructura con injerencia en modalidades de fleteo y asalto. 

Para evadir la presión policial, alias “Nacho” había recurrido a una metamorfosis de apariencia en comparación a las imágenes del día del homicidio. Ese cambio de imagen habría dilatado su ubicación en terreno, al punto de generar alertas contradictorias en los primeros barridos de identificación facial. 

Fuentes judiciales indicaron que esa modificación obedecía a una estrategia deliberada para desorientar a los seguimientos, mientras se ocultaba en una vivienda de La Gloria en compañía de familiares. Ahora, alias ‘Nacho’ enfrentará el proceso por un crimen que sacudió a la Rama Judicial y a la ciudad de Barranquilla, como lo fue el asesinato de un fiscal en ejercicio, a plena luz del día, en un caso de fleteo. 

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Fueron liberados los 18 soldados que se encontraban secuestrados en Chocó - Foto: Ejército

Fueron liberados los 18 soldados que se encontraban secuestrados en Chocó

Tras 36 horas de retención en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, fueron liberados los 18 soldados del Ejército Nacional que permanecían secuestrados por miembros de una comunidad indígena, en un hecho que, según el Gobierno, estuvo mediado por la instrumentalización del ELN. 

La liberación se produjo en la noche de este lunes 22 de diciembre, gracias a la intervención de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, el Ministerio del Interior y autoridades departamentales y locales. 

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X y aseguró que los militares se encuentran “sanos y salvos”. En su pronunciamiento, reiteró que no existen territorios vedados para la Fuerza Pública y rechazó el uso de civiles por parte de grupos armados ilegales. 

“El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa. 

Sánchez también anunció que se interpondrán denuncias penales por los delitos de secuestro y obstrucción a la función pública, así como por la exposición de datos personales de los militares retenidos, hecho que —según advirtió— puso en riesgo su vida y favoreció acciones criminales. 

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, los uniformados de la Brigada 15 fueron retenidos por integrantes de la comunidad indígena de Río Claro, en el resguardo La Puria, perteneciente al pueblo Embera Katío, mientras adelantaban operaciones contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN. 

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La institución precisó que la entrega de los soldados se logró luego de cerca de cuatro horas de diálogo con una comisión humanitaria conformada por la Secretaría de Gobierno departamental, la Alcaldía de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó. 

Finalmente, el Ejército reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y aseguró que continuará desarrollando operaciones en la región para garantizar la seguridad y el bienestar de sus tropas.

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La explicación del gobierno a los ataques violentos en Cauca y Cesar - Foto: Cortesía

La explicación del gobierno a los ataques violentos en Cauca y Cesar

Fue una semana convulsa en materia de seguridad y orden público en el país, marcada por dos hechos puntuales que pusieron sobre la mesa, una vez más, la urgencia de atender la arremetida de los grupos al margen de la ley y fortalecer la presencia estatal en distintas regiones. Incluso, el propio gobierno reconoció, tras un consejo de seguridad citado por el presidente Gustavo Petro, que hubo fallas del Estado en torno a los hechos recientes. 

Uno de ellos ocurrió el pasado martes 16 de diciembre, en el municipio de Buenos Aires (Cauca). Durante al menos siete horas la población estuvo bajo el fuego de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”, que atacaron con explosivos y ráfagas de fusil sitios claves como la estación de Policía, el edificio de la Alcaldía Municipal y el Banco Agrario. El ataque armado sembró el terror en la población y dejó a ocho uniformados heridos. 

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El segundo ataque ocurrió en el municipio de Aguachica (Cesar) en medio del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln). En la noche del mismo 18 de diciembre, hombres de ese grupo ilegal atacaron con explosivos la base militar de la vereda El Juncal. El atentado dejó un saldo de siete militares muertos, además de 30 heridos, de los cuales cuatro tuvieron que recibir atención médica especializada y 26 presentaron lesiones leves. 

Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro citó con urgencia a un consejo de seguridad que se desarrolló en la tarde del sábado 20 de diciembre. Durante la reunión, en la que participaron también el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, la cúpula militar y de Policía, las autoridades reconocieron que hubo fallas en materia de seguridad y prevención, que facilitaron las acciones armadas de los grupos al margen de la ley. 

“Este ataque terrorista se dio de alguna manera a la limitación, a una debilidad que pudo haberse dado en inteligencia para conocer anticipadamente en qué momento y por dónde se estaban concentrando estos criminales”, señaló el ministro Sánchez Suárez. Una conclusión que fue ratificada por Armando Benedetti, jefe de la cartera de Interior. “Hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas donde se perpetraron los atentados terroristas”, señaló. 

El jefe de la cartera de Defensa dijo que, pese a que tanto en Cauca como en Cesar existían alertas por posibles ataques a la fuerza pública, los grupos ilegales pudieron actuar sin ser denunciados. Sin embargo, el propio anuncio del ELN de que decretaría un paro armado en todo el país era alarma suficiente para atender posibles ataques en regiones claves de su presencia. Entre ellas el Catatumbo, entre Cesar y Norte de Santander. 

Algo similar sucedió en el caso del ataque al municipio de Buenos Aires, una falla que también fue reconocida por el ministro Sánchez Suárez. “Sabemos que pasaron frente a personas, a comunidades, estos criminales. Y muchas de esas personas guardaron silencio y prefirieron guardar ese silencio y esperar que atacaran la población de Buenos Aires”, dijo el jefe de la cartera de Defensa durante una rueda de prensa al final del consejo de seguridad. 

El balance que hizo el presidente Gustavo Petro al cierre de la reunión, publicado a través de su cuenta de X, también dejó ver las fallas en la estrategia de seguridad. En el caso de la arremetida armada contra el municipio de Buenos Aires, señaló: “Falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de Policía de Buenos Aires”. 

En cuanto al ataque contra uniformados en el departamento del Cesar, dijo que hubo una “falta de la guardia de la estación en la Ruta del Sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica”. Agregó que se implementarán “correctivos inmediatos”, como el restablecimiento de controles de seguridad en puntos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades antidrones, un asunto que está en manos del Ejército Nacional. 

El ministro Benedetti anunció que el Gobierno Nacional ordenará retomar las fumigaciones con glifosato en sitios claves del país, en los cuales son los grupos al margen de la ley los que obligan a las comunidades a sembrar hoja de coca. “Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí también. Esa es la primera medida y creo que es la más importante”, dijo. 

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Por su parte, el ministro Sánchez Suárez concluyó señalando que el presidente de la República dio la orden de acelerar la construcción de un documento Conpes por COP 49 billones, para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para repeler los ataques de los grupos al margen de la ley, que durante el último año han puesto en jaque la seguridad territorial y han tenido a las comunidades en medio del fuego cruzado. 

“La orden del señor presidente es ajustar la estrategia en cuanto a capacidades de pie de fuerza, tecnología, avanzar en el Conpes, para que las armas, en cuanto a capacidades en defensa, se fortalezcan”, dijo el ministro Sánchez Suárez. Y concluyó: “El mensaje a los integrantes de grupos criminales es claro: o se desmovilizan o vamos con toda la fuerza legítima del Estado contra los grupos criminales, sin distinción alguna”. 

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Sube a 53 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá, durante diciembre de 2025.

Sube a 53 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá, durante diciembre de 2025

Sube a 53 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá, durante diciembre de 2025.

En lo que va del mes de diciembre diciembre de 2025, en Bogotá ya son 53 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 4:00 p. m. de este sábado 20 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 12 son menores de 18 años y 41 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 16 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La localidades donde se registraron los casos son:

  • Usaquén: tres casos.
  • Chapinero dos casos.
  • Santa Fe: tres casos.
  • San Cristóbal: cuatro casos.
  • Usme: seis casos.
  • Tunjuelito: un caso.
  • Bosa: cinco casos.
  • Kennedy: cuatro casos.
  • Fontibón: dos casos.
  • Engativá: nueve casos.
  • Suba: seis casos.
  • Teusaquillo: un caso.
  • Antonio Nariño: un caso.
  • Los Mártires: tres casos.
  • Puente Aranda. dos caso.
  • Ciudad Bolívar: un caso.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

  • Manos: 33 casos.
  • Rostro: 14 casos.
  • Ojos: seis casos.
  • Cuello: cuatro casos.
  • Pies: dos casos.
  • Tronco: un caso.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias. El Distrito trabaja de manera articulada entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Cuerpo Oficial de Bomberos BogotáInstituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Policía de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Alcaldías Locales para frenar la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora, y para llevar campañas preventivas a toda la ciudad.

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Ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en Carmen de Atrato, Chocó - Foto: Referencia - Cortesía

Ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en Carmen de Atrato, Chocó

El Comando de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional acaba de confirmar el posible secuestro de cerca de veinte militares de la Séptima División que cumplían operaciones contra la guerrilla del ELN en el municipio de El Carmen de Atrato, departamento del Chocó. 

En un comunicado publicado en la noche del domingo informaron sobre una presunta asonada ocurrida: “Una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”. 

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Sin embargo, el comunicado oficial, que rechaza los hechos, no especifica el número de uniformados retenidos, ni sus nombres o su estado de salud. Tampoco da cuenta de si hay afectados dentro de la población civil. 

El Ejército hizo “un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación”. Se espera que este lunes intervenga la Defensoría del Pueblo. 

Las asonadas y el secuestro de militares se han convertido este año en un fenómeno recurrente en zonas rurales donde operan grupos armados al margen de la ley que buscan impedir la persecución de las Fuerzas Militares

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El pasado 18 de diciembre el Gobierno Nacional reportó el trabajo de apoyo para la población del municipio de El Carmen de Atrato, “acompañando a la administración municipal, organizaciones de mujeres y a las Juntas de Acción Comunal, escuchando a las comunidades y haciendo seguimiento a los compromisos del Estado, incluido el cumplimiento de la Sentencia T-622 que protege al río Atrato”. 

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Se democratizó el servicio de Nube Pública en Colombia.

Se democratizó el servicio de Nube Pública en Colombia

Se democratizó el servicio de Nube Pública en Colombia.

Definitivamente, el país se enruta hacia un modelo que garantiza la soberanía de datos: en línea con la democratización de las compras públicas, la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) adjudicó la prestación del servicio de almacenamiento de datos por parte de las entidades del Estado, conocido como Nube Pública.

El nuevo modelo incorpora cambios como los Sistemas Dinámicos de Compra Pública creados en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, y una cláusula que le garantiza al país la soberanía y el control de sus datos.

La medida es resultado de la estructuración de un nuevo Acuerdo Marco de Precios de Quinta Generación, con el cual se garantiza que las instituciones públicas tengan el instrumento normativo que les permita acceder a dicho servicio, en mejores condiciones y razonabilidad económica.

En este acuerdo se presentaron 40 ofertas con 63 catálogos por parte de empresas y uniones temporales, que se postularon como oferentes de servicios especializados de informática y almacenamiento de datos.

De las 40 ofertas se habilitaron 28 y de los 43 catálogos fueron autorizados 41, cifra mayor a la registrada en el anterior Acuerdo Marco de Precios, que solo contenía 17 proveedores.

“El proceso para la adjudicación del servicio de Nube Pública es consistente con el compromiso del Gobierno del Cambio de garantizar las condiciones para que las entidades cuenten con el instrumento de acceso al servicio, con la mayor cantidad de oferentes posible”, afirmó el director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla Tejeda.

El funcionario recalcó que “el propósito de la nueva política de compras públicas democratiza la contratación estatal y permite que nuevos actores del mercado tengan la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios al Estado”.

El aumento en el número de proveedores para el servicio de Nube Pública propicia una mayor competencia en el sector, lo que representa un ahorro para el Estado en estos procesos de contratación.

Los servicios establecidos en el nuevo Acuerdo Marco de Precios garantizan la seguridad de la información, la solidez e idoneidad de las empresas participantes, con altos estándares de calidad y fortalece las compras públicas de este tipo de servicios para las entidades que se adhieran a este instrumento.

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Gobierno nacional impulsa regasificación en Coveñas para potenciar la seguridad energética.

Gobierno nacional impulsa regasificación en Coveñas para potenciar la seguridad energética

Gobierno nacional impulsa regasificación en Coveñas para potenciar la seguridad energética.

El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanzan en el proyecto de regasificación de Coveñas, una infraestructura estratégica que garantizará cerca del 20% de la demanda nacional de gas natural y fortalecerá la seguridad energética del país.

La iniciativa permitirá diversificar las fuentes de abastecimiento, reducir riesgos de desabastecimiento y proteger a hogares, transporte e industria frente a la volatilidad de precios, en línea con una transición energética justa y ordenada.

Como parte de esta causa, el Ministerio realizó el segundo recorrido técnico al proyecto de regasificación TLU3, una iniciativa ya definida que permitirá asegurar el suministro de gas natural importado en momentos de alta demanda o restricciones de oferta local. Esta infraestructura será determinante para estabilizar el sistema y mitigar riesgos asociados al abastecimiento.

“El proyecto tiene una capacidad total de 400 millones de pies cúbicos diarios – MPCD, pero en una fase inicial serían 100 millones de pies cúbicos diarios” expresó la viceministra de Energía, Karen Schutt, ratificando que el objetivo de esta cartera es que la regulación y las decisiones técnicas estén alineadas con las necesidades reales de los proyectos estratégicos y, sobre todo, con el bienestar de los hogares, el transporte y la industria.

El proyecto contempla, además, una fase de fortalecimiento de la red de transporte en los tramos estratégicos TLU3–Cádiz y sus conexiones con puntos clave como Coveñas, lo que permitirá una capacidad inicial significativa para atender la demanda nacional.

En este punto se instalará una planta de regasificación tipo FSRU (unidad flotante de almacenamiento y regasificación), que ya ha avanzado en procesos de oferta y estructuración técnica, y que permitirá inyectar gas al sistema en una primera fase con una capacidad diaria superior a cien millones de pies cúbicos.

Durante el recorrido, el ministerio contó con el acompañamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en el marco de una estrategia de seguimiento técnico que incluye visitas a proyectos estratégicos del país.

Este ejercicio hace parte de una ruta de más de 200 kilómetros de inspección y evaluación en territorio, orientada a comprender la magnitud, complejidad y necesidades reales de las infraestructuras energéticas.

“El Gobierno nacional reafirma así su compromiso con el desarrollo energético del país y, en particular, con el Caribe colombiano, una región clave para la infraestructura de gas natural”, manifestó la comisionada experta de la CREG, Fanny Guerrero.

La regasificación en Coveñas se consolida como un pilar fundamental para garantizar un abastecimiento confiable, diversificado y resiliente, en coherencia con los principios de una Transición Energética Justa, ordenada y centrada en las personas.

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JEP condenó al coronel (r) Publio Mejía por falsos positivos - Foto: JEP

JEP condenó al coronel (r) Publio Mejía por falsos positivos

En la mañana de este 19 de diciembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer su decisión de condenar a 20 años de prisión al coronel en retiro del Ejército, Publio Hernán Mejía. El exmilitar, quien no aceptó su responsabilidad en graves crímenes de guerra y fue la primera persona en ir a juicio adversarial en la justicia transicional, fue hallado responsable de 72 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. 

Aunque la defensa de Mejía había solicitado una nulidad en el proceso, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó esa petición y halló al exmilitar responsable de los crímenes de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura. El caso del exmilitar es el primero en el que una persona imputada como máximo responsable no acepta los delitos que le son endilgados y es enviado a juicio adversarial. 

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Desde el pasado 5 de agosto, cuando la magistrada Reinere Jaramillo presidió la última audiencia del caso del coronel (r) Mejía, se esperaba la decisión de la JEP relacionada con la responsabilidad del exmilitar en los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate por militares del Batallón La Popa de Valledupar (César). Esa unidad militar estuvo bajo el mando de Mejía entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. 

El expediente del coronel (r) Mejía llegó a la justicia transicional dentro del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamadas falsos positivos. Hace parte concretamente del subcaso Costa Caribe, que busca esclarecer 127 asesinatos cometidos en una alianza entre paramilitares y uniformados del Batallón La Popa. 

Por esos mismos hechos, 12 militares retirados ya fueron sancionados por la JEP el pasado 18 de septiembre. Otros tres militares que no se acogieron a ese proceso y negaron su responsabilidad, entre ellos Mejía, fueron enviados a juicio. Igual que el coronel en retiro, podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión por su responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

Mejía fue condenado por la justicia ordinaria en 2013, a 19 años de prisión, por patrullar junto a paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a principios de los 2000. En 2017 recibió una segunda condena de 39 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Un fallo también relacionado con su responsabilidad en falsos positivos del Batallón La Popa. 

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El coronel en retiro llegó luego a la JEP y fue imputado en la justicia transicional en julio de 2021 por su presunta responsabilidad en 35 eventos relacionados con falsos positivos, que dejaron un saldo de 75 víctimas. Su juicio, presidido por la magistrada Jaramillo, inició el 18 de septiembre de 2024. Tras 12 audiencias que culminaron el 4 de diciembre del año pasado, Mejía recibe la primera condena de cárcel que emite la JEP, por no aceptar haber sido máximo responsable de falsos positivos. 

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Siete soldados murieron y 32 más resultaron heridos tras ataque a base militar en Cesar - Foto: Redes sociales

Siete soldados murieron y 32 más resultaron heridos tras ataque a base militar en Cesar 

Un ataque con artefactos explosivos se registró en la noche de este jueves 18 de diciembre contra la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería 4, ubicada en la vereda El Juncal, zona rural del municipio de Aguachica, en el departamento de Cesar. 

De acuerdo con información, la acción dejó siete soldados muertos y al menos 32 militares heridos. Los lesionados fueron evacuados de inmediato y trasladados a centros asistenciales de la región, donde reciben atención médica. 

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Las autoridades militares adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque y emitirán un nuevo pronunciamiento oficial a medida que se consolide mayor información sobre lo ocurrido. 

El comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardoza, señaló que el ataque fue perpetrado por el frente Camilo Torres Restrepo del ELN

“Con profundo dolor de patria, recibo el reporte preliminar de cuatro de nuestros soldados asesinados y siete más heridos. Nuestra solidaridad y total respaldo para ellos y sus familias. Las unidades del Ejército, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes”, declaró el alto mando. 

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de la red social X, donde señaló que, en lo transcurrido de 2025, se ha logrado inhibir alrededor del 95 % de los ataques con drones. Sin embargo, el jefe de la cartera advirtió que “la amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”. 

El ministro indicó que el presidente Gustavo Petro autorizó “avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para desarrollar la primera fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”. 

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Estos son los siete soldados muertos en el ataque 

  • Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez 
  • Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarin 
  • ⁠Soldado Profesional Juan David Pérez Vides 
  • ⁠Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres 
  • ⁠Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra 
  • Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez 
  • Soldado Profesional Jorge Mario Orozco Díaz 

Frente a este ataque, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, señaló que “el ELN no ha demostrado ninguna voluntad real de paz. Por el contrario, sus acciones evidencian una intención deliberada de causar daño, sembrar miedo y amedrentar a la población civil. Su comportamiento confirma que no existe ninguna motivación política legítima y que su única ideología es el terror, la criminalidad y el narcotráfico”. 

Asimismo, el almirante señaló que, frente a esta situación, las Fuerzas Militares de Colombia “actuarán con toda su determinación y con todas sus capacidades para someter al frente Camilo Torres Restrepo, así como a toda estructura criminal en cualquier lugar del territorio nacional”. 

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