Nombre del autor:David Awad

Tropas del grupo Gaula Militar Buenaventura en operación interagencial con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Unipol, lograron la captura de cinco integrantes de la Banda La Local, subestructura ‘Los Espartanos’.

Mediante operaciones de allanamiento simultáneo por orden judicial realizadas en los barrios Muro, Yusty y la Comuna 4 de Buenaventura, se hizo efectiva las órdenes de capturas por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y hurto.

Es de señalar que los capturados responden a los alias de ‘Mi Cali’, quien se desempeña como cabecilla de la comisión Hurtos en el Mar, alias ‘Morro’, ‘Bolita’, ‘Ronald’ y ‘Veneco’ y se encontraban bajo el mando delictivo de alias ‘Blacking’, encargado de los secuestros y cobro de extorsiones a los diferentes gremios y comerciantes de la región, así como los homicidios selectivos, hurtos en el mar y desplazamiento forzado.

Durante la operación fueron incautados cinco celulares, un radio de comunicaciones punto a punto y material de guerra.

Cabe señalar que esta unidad Gaula Buenaventura en otras misiones tácticas había logrado la captura, en el barrio Alberto Lleras, Comuna 3, a un sujeto de la misma estructura criminal conocido como alias ‘Harrison’ a quien se le atribuyen varios secuestros en la zona.

Así mismo, en el casco urbano del municipio de la Unión, Valle del Cauca, en otra operación ofensiva capturaron a alias ‘Ronald’, quien pertenece al Grupo Armado Organizado, GAO, ELN, frente ‘Ernesto Che Guevara’, quien estaba requerido por la justicia colombiana por los delitos de secuestro simple, desplazamiento forzado y homicidio agravado.

Con estos resultados operaciones se afectan significativamente las economías de las organizaciones criminales, al tiempo que se devuelve la tranquilidad a la comunidad.

Los acusados habrían participado en la liquidación de los contratos sin tener las obras finalizadas y suscribiendo actas con información falsa.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó al exalcalde de Lloró (Chocó), Onofre Antonio Paz Marulanda; y al interventor Jail de Jesús Mosquera Moreno, de acuerdo con el posible nivel de responsabilidad, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El mandatario municipal durante el periodo 2012 – 2015, en virtud de su cargo y como ordenador del gasto, participó en la celebración de dos contratos suscritos en 2011, en los que fueron identificadas varias presuntas irregularidades.

En uno de los contratos que tenía por objeto la optimización y mejoramiento del acueducto del corrimiento de Boraudó, la Fiscalía estableció que se liquidó y desembolsó la totalidad de los recursos previstos, exactamente 838 millones de pesos, pero faltaban por ejecutar y entregar cinco obras. Aquí se habría presentado un peculado por 212 millones de pesos.

El otro contrato, cuyo valor se fijó en 825 millones de pesos, contempló la construcción de un acueducto en el corregimiento de Villa Claret. El material de prueba indica que, al parecer, se incluyeron pagos por obras y elementos que existían, como un tanque de almacenamiento que costó algo más de 16 millones de pesos. La investigación da cuenta de un detrimento patrimonial de 288 millones de pesos.

La evidencias recaudadas permitieron conocer que en la liquidación de los dos contratos se elaboraron actas de recibo a satisfacción con información falsa.

Hernández González estuvo vinculado como contratista a la Unidad, donde avaló que se hicieran cinco pagos por un valor superior a $ 10 mil millones.

La entidad señaló que adicional a su im​posibilidad de contratar con el Estado, el disciplinado tendrá que pagar una multa cercana a los $ 50 millones.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con inhabilidad de ocho años a Edgar Mauricio Hernández González, particular que fungió como supervisor de varios contratos en la Unidad Nacional de Protección, UNP, por autorizar el pago de varias facturas en las que no se especificaron las fechas en las que se prestaron servicios por concepto de suministro de esquemas de seguridad.

La Entidad señaló que Hernández González estuvo vinculado como contratista a la Unidad, donde avaló que se hicieran cinco pagos por un valor superior a $ 10 mil millones, sin que hubiera detalle que permitiera saber en qué días se prestaron los servicios recibidos.

De igual manera, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento estableció que en varios contratos no se reflejó la supervisión en la ejecución y “solo traslada la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna”, con lo que no es clara la manera en la que se dio cumplimiento a lo establecido en cada uno de ellos.

Para el Ministerio Público, el particular que ejerció funciones públicas omitió dar a conocer a la entidad las circunstancias que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los negocios jurídicos suscritos, no verificó lo que autorizaba pagar y no consignó las irregularidades como era su deber.

Adicional a su imposibilidad de contratar con el Estado por el término antes referido, el disciplinado tendrá que pagar una multa equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho, es decir $ 47.160.000, que deberá cancelar a favor del Tesoro Nacional.

La falta cometida por Hernández González fue calificada de forma definitiva como gravísima a título de culpa gravísima.

De acuerdo con la información suministrada por la CRA, la Entidad advirtió que el área donde se construye el proyecto de vivienda está clasificada como suelo de protección de arroyos.

El ente de control solicitó informar las decisiones que se han tomado por incumplimientos de obligaciones urbanísticas, de policía y ambientales.

En oficio enviado al alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altahona, la Procuraduría General de la Nación requirió informar el avance de cumplimiento de las obligaciones señaladas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en el proceso de concertación ambiental en desarrollo del Plan Parcial ‘Mas House Caujaral’.

El ente de control mencionó que entre las obligaciones establecidas por la CRA se encuentran la entrega de cartografía y georreferenciación de los componentes de diagnóstico y formulación, la generación de un modelo de elevación del terreno, la modelación hidráulica de la zona de estudio, y la presentación del resultado del modelamiento realizado para su revisión y aprobación.

De acuerdo con la información suministrada por la CRA, en su misiva la Entidad advirtió al mandatario de Puerto Colombia que según lo determinado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, el área donde se construye el proyecto de vivienda está clasificada como suelo de protección de arroyos.

Manifestó que mediante el Plan Parcial Caujaral, el municipio de Puerto Colombia habilitó las fajas de terreno ubicadas entre el brazo del arroyo León y la primera interconexión de la Vía Universitaria con la Vía al Mar, para su desarrollo urbanístico.

Así mismo, agregó que la CRA solicitó que el manejo de los residuos sólidos se durante la construcción del proyecto de vivienda se haga en lugares autorizados, y que la factibilidad de servicios públicos domiciliarios esté vigente al momento de tramitar la expedición de la licencia de urbanismo.

Solicitudes de la Procuraduría
Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra inundado por la ola invernal, y que la autoridad ambiental no ha podido el verificará el acatamiento de las obligaciones a cargo del municipio previstas en las actas de concertación, en el marco de su función preventiva, la Procuraduría pidió a la administración de Puerto Colombia:

• Remitir los estudios de gestión del riesgo allegados para la formulación del POBT y la documentación referente a la concertación y adopción del Plan Parcial Caujaral.

• Aportar certificación del uso y clase de terreno donde se desarrolla el proyecto ‘Mas House Caujaral’, señalando si se encuentra sobre un suelo de protección.

• Detallar el grado cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas en el acta de concertación, allegando los soportes y los oficios remisorios a la autoridad ambiental para su correspondiente revisión.

• Informar qué licencias urbanísticas se han expedido, y las decisiones que se han tomado por parte de la administración municipal en el marco del seguimiento al desarrollo del proyecto, por incumplimiento de obligaciones urbanísticas, de policía y ambientales.

Finalmente, el Ministerio Público manifestó que es fundamental conocer si el municipio ha cumplido las obligaciones pactadas, sin que ello implique coadministración, por cuanto a pesar de los llamados de la CRA, la alcaldía continúa avanzando en el desarrollo del proyecto urbanístico en esta área.