La ola de violencia armada contra los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se cobró una nueva víctima mortal. En la noche del miércoles 14 de octubre, sujetos armados asesinaron a Diego Acevedo Garzón, funcionario de la institución y propietario del establecimiento comercial Sabor Argentino, durante un atroz ataque registrado en el barrio Santa Cruz, sector del Gallineral, en el municipio de Girón.

De acuerdo con las primeras hipótesis recopiladas por las autoridades judiciales, los sicarios ingresaron de manera intempestiva al local comercial de la víctima y le dispararon a quemarropa en múltiples ocasiones antes de emprender la huida con rumbo desconocido.

Te puede interesar: Revés judicial para el Ejecutivo: Juez de Putumayo frena el cierre de la Zona de Ubicación Temporal de los Comandos de Frontera por seis meses

El homicidio de Acevedo Garzón no es un hecho aislado: representa el tercer atentado sangriento contra personal del Inpec en menos de una semana en el territorio nacional, encendiendo las alarmas por la posible reactivación de un ‘plan pistola’ sistemático orquestado por estructuras del crimen organizado.

Tres atentados en cinco días: Escalada sicarial en Santander, Cúcuta y Barranquilla

La racha violenta contra la guardia penitenciaria ha impactado a diversas regiones del país de forma coordinada en cuestión de horas:

  • Lunes 12 de octubre (Cúcuta): El dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue ultimado a balazos en una estación de servicio del barrio Prados del Este, instantes después de culminar su turno de custodia en la Cárcel Modelo de la capital de Norte de Santander.
  • Sábado 10 de octubre (Barranquilla): Dos dragoneantes adscritos al centro carcelario El Bosque fueron víctimas de un atentado sicarial a las afueras del penal, quedando gravemente heridos.

Frente al caso de Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura en el barrio Caribe Verde de Juliánis Paola Altamar Medina, alias “Lucía”, señalada por la inteligencia policial como presunta articuladora de la estructura criminal ‘Los Pepes’ y partícipe directa en la logística del ataque.

Represalia criminal por traslado de capos y amenazas a la cúpula estatal

Desde el Ministerio de Justicia expresaron una profunda preocupación institucional y vincularon directamente la racha de atentados con las recientes resoluciones administrativas que ordenaron el traslado masivo de temibles cabecillas de bandas criminales a pabellones de máxima seguridad en todo el país.

Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que tanto el presidente De La Espriella como el ministro de Justicia, Iván Cancino, han sido destinatarios de panfletos y mensajes con directas amenazas de muerte provenientes de grupos al margen de la ley.

«No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander», aseveró categóricamente el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, al condenar el asesinato de Acevedo Garzón y convocar de urgencia a un Consejo de Seguridad Metropolitano.

El mandatario departamental anunció la adopción de esquemas especiales de protección para el personal del Inpec que labora en la refinería de Palogordo y demás centros de reclusión de la región.

También puedes leer: Operación antiexplosivos en el Cauca: Ejército neutraliza más de 250 kilos de carga destructiva y 12 rampas de lanzamiento en Miranda

Defensoría y sindicatos piden activar protocolos de emergencia

Frente a la circulación masiva de pasquines y mensajes intimidatorios en varias cárceles del país que declaran como «objetivo militar» a los custodios, sindicatos del Inpec exigieron garantías mínimas para el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública a verificar la autenticidad de las amenazas, implementar medidas de protección inmediatas para la guardia carcelaria y evitar el colapso de la seguridad en los penales del país.