En un fallo de tutela con profundas implicaciones para la política de paz y la seguridad territorial en el suroccidente del país, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís amparó los derechos fundamentales de decenas de excombatientes del grupo Comandos de Frontera. La decisión judicial ordena a la Presidencia de la República suspender por un periodo de seis meses el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ubicada en el corregimiento rural del Valle del Guamuez, Putumayo.
El fallo ampara los derechos a la vida, la integridad física, la seguridad, la personalidad jurídica y el tránsito ordenado a la vida civil de los firmantes que permanecen concentrados en el predio desde mediados de año en el marco de las negociaciones de paz. La medida judicial frena los planes del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que buscaba culminar intempestivamente la vigencia de este espacio de reagrupamiento.
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Tutela masiva ante amenazas de seguridad y desamparo estatal
La acción constitucional fue interpuesta de manera conjunta por 62 excombatientes luego de que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ordenara de forma intempestiva la clausura de la ZUT para el pasado 30 de septiembre. Aunque el Ejecutivo expidió posteriormente una resolución de prórroga fijando como fecha límite el 3 de diciembre de 2026 —exigiendo el desalojo total del predio antes del 30 de noviembre—, el despacho judicial dejó sin efecto dichos plazos.
En su providencia con fecha del 8 de octubre de 2026, el juez fue enfático al establecer las obligaciones que deberá asumir la administración nacional:
«Tutelar los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación y tránsito a la vida civil, a la personalidad jurídica y la identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y la paz (…) En consecuencia, se ordena a la Presidencia de la República que dentro del término de seis (6) meses culmine las actuaciones administrativas, documentales, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para un cierre ordenado», señala la sentencia.
Consultados por este medio, expertos del Consultorio Jurídico y la Clínica de Acciones Públicas de la Universidad Javeriana —entidad académica que ha brindado acompañamiento técnico y legal al proceso— precisaron que la orden judicial extiende la vigencia operativa y de protección de la ZUT hasta los primeros meses de 2027, imposibilitando cualquier intento de desalojo forzado en diciembre.
Alertas de la ARN, la Defensoría y la Procuraduría: Falta de salud y amenazas de muerte
El expediente judicial saca a la luz graves omisiones estatales en la atención de esta población en reincorporación. Según informes oficiales aportados al proceso por la Agencia Nacional para la Reincorporación (ARN), el cierre prematuro de la zona representaba un alto riesgo de reincidencia armada, el quebrantamiento de la confianza institucional y la exposición directa de los firmantes a retaliaciones criminales.
Asimismo, un informe de verificación en terreno elaborado por la Defensoría del Pueblo el pasado 18 de septiembre reveló condiciones alarmantes dentro del espacio de acogida:
- Desatención médica: Ausencia de servicios de salud básicos e imposibilidad de atender emergencias sanitarias oportunas.
- Amenazas directas: Al menos 23 excombatientes reportaron amenazas de muerte concretas por parte de otros grupos armados ilegales que disputan el control territorial en Putumayo, mientras que 11 manifestaron temores fundados de represalias.
- Vulnerabilidad socioeconómica: 43 personas declararon no tener un hogar seguro ni red de apoyo familiar a la cual acudir tras un eventual desalojo, mientras que 51 participantes son el único sostén económico de hijos menores de edad o adultos mayores.
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Radiografía de la población en la ZUT del Valle del Guamuez
De los 99 exintegrantes de los Comandos de Frontera que ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal el pasado 18 de junio, las caracterizaciones sociodemográficas evidencian un grupo poblacional con alta vulnerabilidad:
- Jóvenes: 53 personas se encuentran en el rango de edad entre los 18 y los 28 años.
- Enfoque de género y diversidad: 13 de los residentes son mujeres y 9 personas registran algún tipo de discapacidad física o motora.
- Población étnica: 50 integrantes se autorreconocen como miembros de pueblos indígenas u originarios de la región amazónica.
El fallo, que podrá ser impugnado por la Presidencia de la República, obliga al Gobierno Nacional a coordinar con la Defensoría, la Procuraduría y la ARN un plan integral de salida que no ponga en peligro la vida de quienes apostaron por la dejación de armas.
#Atención | Un juez de Puerto Asís, Putumayo, prorrogó por seis meses la suspensión de la resolución que ordena el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, donde permanecen 62 excombatientes, y ordenó al Gobierno avanzar en su plan de transición.
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 9, 2026
