La justicia transicional colombiana alcanza uno de sus hitos más trascendentales en la búsqueda de la verdad sobre la degradación del conflicto armado. Este jueves 1 de octubre de 2026, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó formalmente definida la totalidad del material probatorio que se debatirá en el primer juicio oral por la denominada ‘farcpolítica’, proceso en el que se juzga al excongresista caqueteño Luis Fernando Almario Rojas.
La decisión judicial marca la clausura definitiva de la etapa preparatoria e incluye la citación en estrados de antiguos comandantes del Secretariado y del Estado Mayor de la extinta guerrilla de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’) y Fabián Ramírez, quienes deberán comparecer en calidad de testigos clave.
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Un plan sistemático de exterminio y persecución en el Caquetá
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP sostiene como hipótesis central que el exparlamentario Almario Rojas participó activamente como presunto coautor en el diseño, articulación, coordinación y ejecución de un macabro plan de persecución política y crímenes de lesa humanidad en el departamento del Caquetá, en supuesta alianza con la estructura armada de las FARC.
El voluminoso expediente comprende 30 hechos delictivos sistemáticos, entre los que destacan homicidios selectivos, desplazamientos forzados y severas privaciones de la libertad perpetradas en el sur del país entre las décadas de 1990 y 2000.
Entre los episodios de mayor impacto social e histórico que deberán ser esclarecidos en la etapa de juzgamiento figuran:
- El magnicidio del gobernador: El asesinato de Jesús Ángel González Arias, gobernador del Caquetá, perpetrado por la guerrilla el 20 de junio de 1996.
- La masacre de la dinastía Turbay Cote: La emboscada y ejecución sistemática de la familia Turbay Cote en diciembre de 2000, incluyendo los episodios trágicos vinculados al secuestro y muerte de Rodrigo Turbay Cote, así como los homicidios de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y sus acompañantes.
Desde que se inició la investigación penal en la justicia ordinaria y su posterior migración al sistema transicional, Luis Fernando Almario ha rechazado rotundamente los cargos, declarándose inocente y negando cualquier nexo con las estructuras insurgentes.
Testigos de peso y acervo documental: Las pruebas autorizadas por la JEP
Para sustentar el escrito de acusación consolidado en junio de 2024, la Sección autorizó la práctica de 17 testimonios clave solicitados por la UIA. Además de los excomandantes guerrilleros Londoño, Toncel y Ramírez, el tribunal escuchará a mandos regionales de la época como Rubén Darío Montoya, José Ezequiel Huegia Cruz y Omar Olaya Estupiñán, así como el testimonio de Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, sobreviviente y víctima directa del exterminio de su clan familiar.
De igual manera, fueron aceptadas como pruebas de la acusación:
- Informes de inteligencia e investigación: Múltiples tomos del Informe Génesis de la Fiscalía General de la Nación, defendidos por los peritos analistas que metodologizaron las redes de macrocriminalidad.
- Documentación técnica y forense: Protocolos de necropsia, actas de levantamiento de cadáveres, informes dactiloscópicos, registros fotográficos y resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia.
- Archivos del conflicto: Documentos operativos y político-militares sobre la dinámica del Secretariado de las FARC, el Bloque Sur, el Comando Conjunto Camilo Torres y la temida Columna Móvil Teófilo Forero.
La estrategia de la defensa: 21 testimonios y estudios analíticos
Por su parte, la defensa técnica del excongresista logró la admisión de 21 testimonios, entre ellos la declaración en estrado del propio procesado. Curiosamente, los abogados de Almario solicitaron el contrainterrogatorio de los mismos exjefes guerrilleros requeridos por la fiscalía de la JEP para controvertir la veracidad de los pactos políticos denunciados.
En materia documental, la JEP aceptó 44 pruebas presentadas por la defensa, que incluyen los registros históricos de votaciones y resultados electorales en Caquetá entre 1990 y 2007, discursos parlamentarios de Almario en el Congreso y denuncias formales sobre atentados y amenazas sufridos por el político y sus seguidores.
Asimismo, fueron avalados dos dictámenes periciales: uno sobre el contexto de la violencia política contra movimientos regionales y otro analítico sobre los comportamientos electorales en las urnas caqueteñas. En contraste, las 11 peticiones probatorias de la Procuraduría General de la Nación fueron desestimadas por considerarse redundantes o carentes de pertinencia directa.
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Del fuero de la Corte Suprema a la justicia transicional
El origen de este expediente se remonta a las investigaciones que adelantaba la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la JEP aceptó la solicitud de sometimiento voluntario de Luis Fernando Almario en el año 2020.
Posteriormente, en sus comparecencias de versión voluntaria en 2021, el exlegislador negó enfáticamente haber instrumentalizado el brazo armado de las FARC para eliminar a sus rivales políticos en el Caquetá, lo que provocó que el expediente fuera remitido a la UIA para dar inicio al juicio contradictorio que hoy entra en su fase definitiva.
En el Juicio Adversarial de Luis Almario Rojas, la #JEP llama como testigos a Rodrigo Londoño y otros antiguos miembros del último Secretariado de las Farc-EP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 1, 2026
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