En lo que constituye la primera objeción presidencial de su mandato, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tomó la decisión de no sancionar el proyecto de ley impulsado por el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, el cual buscaba prohibir de manera tajante la flexibilización o reducción de requisitos académicos y de experiencia para acceder a cargos de alta responsabilidad en la administración pública.
La determinación del Jefe de Estado reabrió un inesperado frente de fricción política con la bancada del Centro Democrático, colectividad que expresó de inmediato su descontento ante la postura asumida por la Casa de Nariño respecto al régimen de meritocracia en el Estado.
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«Es desconcertante»: La dura reacción del Centro Democrático
La respuesta del autor de la iniciativa no se hizo esperar. El senador Hernán Cadavid calificó de «desconcertante» el freno puesto por el Ejecutivo a una norma que había logrado superar sus cuatro debates en el Congreso de la República.
«Me objeta una Ley que con mucho esfuerzo aprobamos para privilegiar el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos mínimos para acceder a los cargos de alta responsabilidad», afirmó el congresista antioqueño tras conocer el documento oficial enviado por la Presidencia.
A las críticas se sumó el representante a la Cámara Daniel Briceño, reconocido por sus veedurías al régimen de contratación pública, quien catalogó la medida gubernamental como un desacierto en materia de gobernanza institucional:
«Es un enorme error la objeción que acaba de hacer el nuevo gobierno. La norma garantizaba que la idoneidad técnica no fuera sacrificada por criterios políticos al momento de nombrar altos directivos», sostuvo el parlamentario.
Los argumentos de la Casa de Nariño: Inconstitucionalidad e inconveniencia
El documento remitido por la administración de De La Espriella a la Cámara de Representantes sustenta la decisión bajo el doble argumento de inconstitucionalidad e inconveniencia. De acuerdo con el análisis jurídico del Ejecutivo, el proyecto aprobado por el Legislativo vulnera la división de poderes al restringir las facultades constitucionales del Presidente de la República para administrar, estructurar y adaptar la planta de personal del sector público.
En ese sentido, el Gobierno argumenta que la fijación de límites tan estrictos impone condiciones rígidas que invaden competencias exclusivas de la rama Ejecutiva y dificultan la renovación generacional dentro de las entidades gubernamentales.
Según la postura oficial del Gobierno Nacional, la norma aprobada generaría barreras de acceso para perfiles profesionales emergentes:
“Impide dar cabida a jóvenes talentos, profesionales de regiones apartadas, mujeres y sectores populares con plenas competencias técnicas funcionales (…) Por las razones expuestas, el Gobierno nacional sugiere que el proyecto de ley sea archivado o, en su defecto, revisado de cara a los argumentos desarrollados en el presente documento”, señala el oficio firmado por el Presidente.
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El trámite que sigue en el Congreso de la República
Tras la objeción presidencial, la Cámara de Representantes y el Senado deberán conformar una comisión accidental para evaluar los argumentos presentados por la Casa de Nariño.
Si el Congreso insiste en el texto original y rechaza las objeciones por inconveniencia e inconstitucionalidad, el proyecto de ley deberá ser remitido a la Corte Constitucional, tribunal que tendrá la última palabra sobre la validez de la iniciativa y definirá si se convierte o no en ley de la República.
#Política | El Gobierno de Abelardo de la Espriella objetó su primera ley: se trata de una iniciativa del senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, para prohibir que se reduzcan requisitos para acceder a cargos públicos.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2026
Por el momento, decidió no sancionar el proyecto, y… pic.twitter.com/5RZIhcSV7n
