En un paso calificado como determinante para el acceso a la verdad y la transparencia institucional en Colombia, el Archivo General de la Nación (AGN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) finalizaron con éxito la etapa de anonimización del primer bloque de documentos pertenecientes al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El anuncio marca el inicio de la liberación pública de un voluminoso acervo documental que permaneció bajo reserva estatal durante décadas.

Fuentes del alto gobierno confirmaron que la Presidencia de la República agiliza los trámites administrativos y logísticos para realizar una primera entrega oficial antes del próximo 7 de agosto, fecha en la que estos expedientes históricos quedarán a disposición de la ciudadanía a través de las plataformas digitales del Estado.

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El fondo documental completo está compuesto por 57.425 cajas con información clasificada, las cuales serán procesadas y publicadas de manera progresiva bajo estrictos protocolos técnicos y de protección de datos personales.

El protocolo de desclasificación: Intervención técnica y conservación del patrimonio

El procedimiento técnico se rige bajo las disposiciones del decreto reglamentario firmado en diciembre de 2025, instrumento normativo que fijó la ruta crítica para la apertura de los archivos del antiguo organismo de inteligencia.

En esta arquitectura operativa, el Archivo General de la Nación tiene a su cargo la intervención física y la depuración de los folios. Esta fase primaria contempla actividades especializadas de:

  • Foliación y descripción: Organización sistemática e inventario analítico de cada expediente.
  • Primeros auxilios y restauración: Recuperación de los soportes de papel deteriorados por el paso del tiempo.
  • Limpieza archivística: Retiro minucioso de materiales metálicos y abrasivos —tales como clips, ganchos de cosedora y grapas— con el fin de frenar la oxidación del papel y preservar la integridad del patrimonio documental.
  • Digitalización: Conversión a formatos electrónicos de alta resolución para garantizar la consulta pública sin manipular los originales.

La normativa hace énfasis en que la intervención archivística debe asegurar el principio de máxima publicidad sobre la totalidad del fondo del DAS, garantizando que los documentos originales permanezcan inalterados en su contenido y estructura.

Filtros de anonimización: Equilibrio entre la verdad y la seguridad nacional

Una vez completada la fase de restauración y limpieza física por parte del AGN, los expedientes pasan a custodia temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia. El organismo de inteligencia tiene la tarea legal de adelantar el proceso de anonimización de la información.

Este filtro consiste en la supresión técnica y ocultamiento de nombres propios, datos sensibles y detalles operacionales que, de ser revelados de forma irrestricta, puedan vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas o comprometer la seguridad nacional. Solo aquellos documentos que superen satisfactoriamente esta verificación de inteligencia son devueltos al AGN para la creación de las versiones digitales de acceso ciudadano.

Con este procedimiento, las autoridades buscan garantizar el derecho a la autodeterminación informativa y el acceso a la verdad histórica, respetando los límites y excepciones fijados por la Constitución y la ley.

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Cronograma, presupuesto y reportes semestrales a la ciudadanía

Para garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo, el decreto ordena a la DNI y al AGN la formulación e implementación de un plan de trabajo conjunto. Este documento estratégico —que define los presupuestos, cronogramas de trabajo, protocolos de seguridad y las etapas de intervención— será publicado íntegramente en los portales web institucionales de ambas entidades para el control social.

Debido al volumen de las 57.000 cajas, la liberación de la información se desarrollará de forma escalonada. Las entidades responsables asumieron el compromiso legal de rendir cuentas periódicas e informar públicamente sobre los avances del proceso.

De acuerdo con lo establecido en la norma, el Gobierno Nacional estará obligado a poner a disposición del público nuevos paquetes de archivos digitalizados al menos una vez cada seis meses, consolidando un canal permanente de consulta para historiadores, investigadores, académicos y la sociedad civil en general.