En un golpe de carácter estratégico contra las estructuras de financiación ilegal de los grupos armados residuales que operan en los Llanos Orientales, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), materializó la captura de tres presuntos integrantes de alto nivel del frente «Iván Merchán», una célula delictiva subordinada a la organización desertora Segunda Marquetalia.

El operativo de asalto judicial, denominado formalmente como Operación Tokio Fase VII, se ejecutó de forma quirúrgica en la densa zona rural del municipio de Mapiripán, al sur del departamento del Meta. Las labores de inteligencia civil y militar permitieron neutralizar el componente logístico, bélico y financiero de esta facción armada, la cual venía sembrando el terror entre los gremios productivos de la Altillanura colombiana.

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El perfil de los capturados: Caen los cerebros financieros y armados

La ofensiva interinstitucional permitió la plena identificación y captura de los tres eslabones clave del frente subversivo en esta región del país. Los procesados desempeñaban roles específicos destinados a sostener la operatividad de la estructura en el territorio:

  • Alias “Junior”: Señalado por los peritos judiciales como el principal cabecilla de finanzas de la organización en el sur del Meta. Era el encargado de coordinar el recaudo de los dineros ilícitos y la administración de las nóminas de guerra.
  • Alias “Bayron”: Identificado por las agencias de inteligencia como el presunto cabecilla armado. Sobre él recaía la responsabilidad de planificar los ataques a la infraestructura y dirigir las comisiones de sicariato de la disidencia.
  • Alias “El Costeño”: Clasificado por las autoridades como integrante activo de la estructura de seguridad y escolta personal de los mandos superiores de la facción delictiva.

De acuerdo con el dossier recopilado por los investigadores de la DIJIN, el frente «Iván Merchán» mantenía una fuerte campaña de extorsión sistemática contra comerciantes, ganaderos, finqueros y empresarios del sector palmicultor. Para coaccionar el pago de las denominadas «vacunas» y presionar las exigencias económicas, la estructura criminal es acusada de perpetrar ataques armados directos contra las plantas extractoras de palma y de haber ordenado la incineración de vehículos de carga pesada en las vías secundarias del departamento.

Allanamientos en la Finca ‘La Esperanza’ y material bélico incautado

La ejecución del procedimiento táctico requirió una penetración de precisión por parte de los comandos de la Policía y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes contaron con el soporte operativo del GAULA Militar Ariari del Ejército Nacional. La diligencia de allanamiento y registro se concentró en la finca La Esperanza, un predio rural ubicado estratégicamente en la vereda El Progreso, jurisdicción de Mapiripán.

En el lugar, las autoridades desarticularon un centro de operaciones que contaba con armamento convencional e instrumental tecnológico de punta utilizado para vigilar los movimientos de la Fuerza Pública.

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Categoría de ElementosDescripción del Material Incautado en el Terreno
Armamento de AsaltoUna subametralladora Mini Uzi calibre 9 mm y una pistola calibre 9 mm.
Munición y CargasUn proveedor para subametralladora, un proveedor para pistola y 155 cartuchos calibre 9 mm.
Tecnología y MovilidadUn dron de alta gama con unidad de control, una antena de internet satelital, cuatro teléfonos celulares y tres motocicletas de alto cilindraje.
Logística e IntendenciaUn uniforme pixelado de uso privativo de las Fuerzas Militares, un sello húmedo de la estructura de finanzas, 10 panfletos de citación extorsiva, 70 panfletos en blanco, 63 documentos de «paz y salvo» y cuatro agendas contables con números de contacto y balances de la organización.

Imputación de cargos y medida de aseguramiento en prisión

Una vez culminadas las diligencias de extracción en el área de operaciones, los tres indiciados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y presentados ante un juez de control de garantías de la República. El administrador de justicia declaró la total legalidad del procedimiento de allanamiento, las capturas y la cadena de custodia de la totalidad de los elementos materiales probatorios incautados.

Por su parte, un fiscal especializado de la Nación imputó formalmente a alias “Junior”, “Bayron” y “El Costeño” los cargos penales de:

  1. Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal.
  2. Fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
  3. Concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.

Durante el desarrollo de la audiencia pública concentrada, alias “Junior” se allanó a los cargos y aceptó de forma voluntaria las conductas delictivas formuladas por el ente acusador. Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la DIJIN y el riesgo inminente que los procesados representan para los productores del departamento, el juez de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, ordenando el traslado inmediato de los tres disidentes a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.